Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122541
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
BRAVO SERGIO RAMON C/ AKAPOL S.A. Y OTRO/A S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.
La Plata, 5 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, rechazó la demanda deducida por Sergio Ramón Bravo contra Akapol S.A. y Liberty ART S.A., en cuanto perseguía la reparación integral de los daños y perjuicios reclamados -con fundamento en el derecho común- en razón del accidente de trabajo y enfermedad profesional que denunció padecer (v. fs. 492/500 y vta.).
Para así decidir, juzgó que el accionante no acreditó los presupuestos fácticos para la aplicación de la normativa civil en la que encuadró su demanda, toda vez que tuvo por no demostrada la existencia del accidente, el carácter riesgoso o vicioso de las tareas desempeñadas, ni la incapacidad denunciada.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 517/530), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 536/537.
III. En el primero de ellos, con sustento en la vulneración de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, alega la omisión de cuestiones esenciales, en tanto, asegura que el tribunal no abordó el planteo de inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley 24.557, como también sostiene que el fallo en crisis carece de fundamentación.
III.1. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011 y L. 121.095, "Cimadevilla", resol. de 11-IV-2018).
III.2. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, desde que la preterición a que se refiere el art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando -como ocurre en el sub examine - las cuestiones se encuentran desplazadas de consideración como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo , o cuando son tratadas implícitas o tácitamente (causas L. 92.804, "Olivares", sent. de 3-VI-2009; L. 90.359, "Amadeo", sent. de 25-III-2009; L. 89.978, "Solan", sent. de 7-II-2007), pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento es la preterición de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 117.758, "Pio" y L. 118.080, "Maletti", resols. de 29-X-2014; L. 100.830, "Abelen", sent. de 3-XII-2014 y L. 118.794, "Blasi", resol. de 11-IV-2018).
III.3. A partir de ello, la simple lectura del recurso articulado da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo en que el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas L. 118.800, "Lombardi", resol. de 11-XI-2015; L. 119.155, "Caballero", resol. de 18-XI-2015 y L. 113.343, "Booth", resol. de 27-XII-2017).
III.4. Por otra parte, tampoco son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 93.559, "Elinger", sent. de 3-III-2010; L. 99.778, "Nievas", sent. de 5-V-2010 y L. 105.984, "Dafnos", sent. de 12-X-2011), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia el vicio de absurdo e individualiza las normas y la doctrina legal que considera vulneradas. En sustancia, alega que el tribunal de grado efectúa una errónea valoración de los escritos constitutivos del proceso y de la prueba rendida, violando el principio de congruencia.
IV.1. Inicialmente cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del medio de impugnación en examen, representado por el quantum reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia, no excede el mínimo establecido por el art.278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal se limita a verificar la existencia o no, en el caso, de la hipótesis de excepción prevista en el art.55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 114.263, "Pastor", resol. de 18-IV-2011; L. 117.206, "Méndez Pío", resol. de 24-IV-2013 y L. 121.244, "Ring", resol. de 28-II-2018).
IV.2. En ese contexto, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida desde que, los precedentes citados aluden, por un lado, a presupuestos fácticos y jurídicos distintos a los de las presentes actuaciones (causas L. 109.901, "Varela", resol. de 7-IX-2016 y L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018) y, por otro, a la doctrina definitoria del vicio de absurdo, la cual, conforme se ha sostenido en reiteradas oportunidades, resulta carentes de idoneidad a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 120.492, "Olmos", resol. de 21-VI-2017).
Por otro lado, corresponde recordar que reiteradamente ha dicho esta Corte que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 114.725, "Cruz", resol. de 13-VII-2011; L. 114.788, "Fernández", resol. de 7-IX-2011; L. 117.465, "Aloe", resol. de 25-IX-2013 y L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia