Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120244
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Soria , Pettigiani , de Lázzari, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.244, "Cimino, David Adrián contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 384/399).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 425/443 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda deducida por el señor David Adrián Cimino contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima -antes, La Caja ART S.A.-, condenándola a abonar la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones del decreto 1.694/09- y la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice RIPTE previsto en la última de las leyes citadas (v. fs. 388/399).
Para así resolver, en el veredicto tuvo por acreditado que el promotor del juicio -quien se desempeñaba como "empleado maquinista" bajo la dependencia de la empresa Jorge y Francisco Otranto S.A.- padece una incapacidad del 15,49% del índice de la total obrera (producto de un esguince en el dedo pulgar de la mano izquierda, sumado a un trastorno adaptativo subjetivo ansioso), en relación causal con el accidente in itinere que sufrió el día 23 de octubre de 2009, al caer en la calle cuando intentaba tomar el colectivo para dirigirse a su trabajo (v. vered., segunda cuestión, fs. 385/386 vta.).
Asimismo, declaró que el ingreso base mensual del trabajador asciende a $2.783,73 (v. vered., primera cuestión, fs. 384/385).
En la sentencia, previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 6, 21 y 22 de la ley 24.557 y 2 y 11 del decreto 1.278/00 (v. fs. 389 vta.), puesto a determinar el importe de prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a", el a quo la cuantificó inicialmente en la suma de $38.089,29 (53 x $2.783,73 x 15,49 % x 65/39; v. sent., fs. 396 vta.).
Empero, tras declarar aplicables al caso -por mayoría de opiniones- las pautas indemnizatorias previstas en el decreto 1.694/09 y en la ley 26.773, primeramente adicionó a dicho importe la prestación adicional del 20% prevista en el art. 3 del dispositivo citado en último término ($7.617,85). Esto último, por entender que el accidente in itinere padecido por el actor es uno de los supuestos previstos en la norma aludida, en tanto el trabajador se encuentra a disposición del empleador antes de comenzar la jornada y luego de concluir la misma, con motivo del trayecto que debe atravesar desde y hacia su domicilio (v. sent., fs. cit.).
Consideró luego el sentenciante que correspondía revalorizar la suma así determinada ($45.707,14) por aplicación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) previsto por la ley 26.773 (arts. 8 y 17 apdo. 6). En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de octubre de 2009 -fecha del infortunio- ($319,50) y diciembre de 2015 ($1.806,09) arrojaba un coeficiente de 5,65, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $258.245,34 (v. sent., fs. cit.).
Para justificar la decisión de declarar aplicable al caso -por conducto del principio iura novit curia - el decreto 1.694/09 y la ley 26.773, el tribunal se pronunció de oficio por la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 del citado texto legal.
Ello, por resultar violatorio de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional; 2 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 2 del "Protocolo de San Salvador" y 26 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica.
En concreto, con apoyo en lo decidido en otros precedentes y a la luz del principio de aplicación inmediata de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil, expresó -en lo esencial- que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas antes de la fecha de entrada en vigor de dicho texto legal cuyas prestaciones derivadas del mismo se encontraran incumplidas.
Agregó que la decisión en modo alguno resulta perjudicial para las aseguradoras, puesto que las alícuotas que perciben en base a los salarios se incrementan automáticamente (v. sent., fs. 391 vta./395).
Indicó también el juzgador que el art. 17 del decreto 472/14 -reglamentario de la ley 26.773- restringió la aplicación del RIPTE solo a las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al art. 11 de la ley 24.557, sus modificatorias y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09, desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773. Sin embargo, poniendo de resalto la potestad de los jueces de ejercer oficiosamente el control de constitucionalidad, juzgó que el Poder Ejecutivo, al imponer un criterio restringido limitando la actualización sólo a las compensaciones adicionales de pago único, incurrió en un exceso reglamentario emitiendo una disposición de carácter legislativo; por lo que declaró la inconstitucionalidad de la referida norma (v. sent., fs. 395/396).
Finalmente, dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena, calculados -desde que cada suma es debida y hasta la fecha del efectivo pago- con arreglo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días, vigentes en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 397).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora denuncia absurdo, y la violación de los arts. 3 del Código Civil; 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 3, 8, 17 apartado 5 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 17 del decreto 472/14; de los decretos 1.278/00 y 1.694/09 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, se agravia por cuanto en la sentencia se dispuso la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 (índice RIPTE e indemnización adicional prevista en el art. 3 de la citada normativa), soslayando que las pautas indemnizatorias vigentes para el caso de autos (infortunio acaecido el día 23 de octubre de 2009) debían regirse por lo dispuesto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, según el decreto 1.278/00.
Argumenta que el art. 17 apartado 5 de la ley citada es claro al establecer que la misma regirá para los infortunios laborales ocurridos a partir de su publicación en el Boletín Oficial (26-X-2012); mientras que el art. 17 apartado 6 hace referencia a la forma de actualizar los créditos emergentes de los infortunios cuya primera manifestación invalidante sea posterior a la entrada en vigencia de la ley, desde el 1 de enero de 2010. Agrega que el decreto 1.694/09 (B.O., 6-XI-2009) presenta una regla similar al establecer su entrada en vigencia para las contingencias posteriores a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Luego, entiende que el fallo, además de apartarse de lo dispuesto por el régimen normativo que gobierna la relación jurídica, incurre en absurdo y transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil y reiterado en el art. 7 del Código Civil y Comercial.
Seguidamente, tras impugnar los precedentes citados en la sentencia por entender que se refieren a presupuestos diferentes de los que se ventilan en autos, cita en apoyo de su argumentación los fallos "Lucca de Hoz" y "Espósito" de la Corte federal, así como también el criterio seguido por esta Corte en las causas L. 81.305, "Silva" (sent. de 9-VIII-2006); L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008); L. 94.456, "Vecchi" (sent. de 2-VII-2010) y L. 108.699, "Kluppel Melo" (sent. de 20-VIII-2014), que denuncia violado en autos (v. fs. 433/437).
II.2. En otro orden, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 472/14 y 1.278/00 y del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Respecto del primero, refiere que por delegación reglamentaria (art. 8 in fine , ley 26.773), la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación mediante diversas resoluciones estableció los valores correspondientes a las prestaciones establecidas en los arts. 11, 14 y 15 de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 para los períodos que allí se indican. Específicamente en lo que concierne a las prestaciones por incapacidad laboral permanente, se dispuso que su importe nunca podrá ser inferior al que resulte de multiplicar el importe actualizado conforme se indica en las resoluciones por el porcentaje de incapacidad. Luego -prosigue-, el decreto 472/14 en su art. 17 se limita a reafirmar tales conclusiones determinando que "...sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la Ley N° 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el Decreto N° 1.694/09, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE...".
Afirma que tanto el referido decreto como el 1.278/00 fueron dictados por el Poder Ejecutivo nacional en el marco de las atribuciones otorgadas por el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional.
Concluye -citando diversos precedentes de la Corte federal- que la declaración de inconstitucionalidad de una norma dictada conforme las atribuciones asignadas por la Constitución nacional se considera un acto de extrema gravedad institucional, por lo que entiende que en el caso se incurrió en un exceso jurisdiccional (v. fs. 437/438 vta.).
II.3. Se agravia -asimismo- del modo en que el sentenciante utilizó el índice RIPTE.
Ello, en lo esencial, en tanto se apartó de lo dispuesto en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 que disponen -reitera- que sólo podrán ser incrementados conforme la variación de dicho índice las compensaciones adicionales de pago único (art. 11, LRT) y los pisos mínimos (arts. 14 y 15, ley cit.), actualizados por el decreto 1.694/09, desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de dicha norma; mas no el resultado que surge de la aplicación de las fórmulas polinómicas. De ese modo, señala que el valor de las prestaciones por incapacidad laboral permanente nunca podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar el importe actualizado de indican las resoluciones dictadas al efecto por la Secretaría de Seguridad Social por el porcentaje de incapacidad que se acredite.
En el caso -continúa-, se elevó exponencialmente el monto de condena, apartándose incluso de la normativa no vigente que decide utilizar, al aplicar el índice de actualización sobre el resultado de la fórmula.
Aduce que la interpretación que propone se corrobora con lo dispuesto por el art. 17 del decreto 472/14, reglamentario de la ley 26.773 (v. fs. 438 vta./440 vta.).
Con dicho sustento, objeta la cuantificación de la prestación formulada por el a quo por cuanto condena a la demandada al pago de una prestación muy superior a la establecida por la normativa vigente al momento del infortunio ($230.363,34 contra los $27.882 a que estaba obligado por aplicación del decreto 1.278/00; v. fs. 441 y vta.).
II.4. Finalmente, advierte que al disponerse el ajuste de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" por conducto del índice RIPTE y, además, aplicar intereses sobre dicho resultado desde la fecha de consolidación del daño (23 de octubre de 2009), la condena implica una doble actualización de los créditos (v. fs. 441 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De modo liminar, estimo necesario poner de relieve que la parte actora -en su postulación inicial- solicitó la declaración de inconstitucionalidad de toda norma que, con el fin de no reconocer mejoras en las prestaciones, difiera temporalmente su aplicación, corrigiendo de ese modo la desviación normativa y concretando así una indemnización justa que se aproxime a restituir las cosas a su estado anterior (v. fs. 20/21 vta.).
III.2. Luego, en mi opinión, no acierta la interesada al cuestionar la decisión con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso bajo examen de las prescripciones contenidas en la ley 26.773 para calcular las prestaciones adeudadas, aunque los fundamentos para mantenerla difieren de los expuestos por el tribunal de origen.
III.2.a. En efecto, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, tanto el decreto 1.694/09 -cuestionado también por la interesada- como la ley 26.773 han reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable, correspondiendo dejar sin efecto su descalificación constitucional.
III.2.b. Sin embargo, este acuerdo inicial no alcanza para hacer lugar a la solución que procura pues, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada aunque por distintos fundamentos.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero -como hube de ponerlo de manifiesto al emitir mi voto en la causa L. 118.754, "Burgos", sentencia de 27-VI-2018- que las prestaciones por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva correspondientes al trabajador -reguladas por la ley 24.557 y las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00-, dada la insuficiencia reparatoria que las mismas importan, resultan ser una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones -aún insatisfechas-, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el considerando del decreto 1.694/09 en relación a aquella norma reglamentaria que "dicha modificación parcial no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar jurídico, constitucional y operativamente sostenible", por lo que "...resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio...".
En la misma línea, el mensaje elevado por el Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) reconoce que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema" , concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que el actor se accidentó en octubre de 2009 y que aún permanece insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece como consecuencia de ese infortunio, la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a". de la ley 24.557 y de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2000, por exigua, es inconstitucional y así debe ser declarada.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio -como lo ha hecho el tribunal de origen- acudir a las pautas tarifarias contenidas en el decreto 1.694/09 y en la ley 26.773, por considerar que dichas normas (pese a no ser aplicables atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) proveen -para este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
III.2.c. En cambio, juzgo que corresponde revocar la condena al pago de la indemnización adicional de pago único a la que alude el art. 3 de la ley 26.773, toda vez que tal resarcimiento ha sido incorporado como compensación por un régimen legal que, conforme lo expuse líneas arriba, resulta aplicable a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En el caso, sólo corresponde ajustar, por los motivos que desarrollé anteriormente, la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva (art. 14 apdo. 2 inc. "a", LRT), a cuya percepción tenía derecho el actor al momento de sufrir el infortunio.
III.3. En cuanto al modo en que la recurrente pretende sea aplicado el índice RIPTE, habré de señalar lo siguiente.
III.3.a. Si bien no se me escapa que el tópico ha suscitado un arduo debate en los ámbitos de la doctrina especializada y jurisprudencia, pues no son pocos los puntos oscuros y las dificultades interpretativas generadas por la ley 26.773; esta Corte se ha expedido al respecto en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), por lo que habré de reiterar aquí las conclusiones allí expuestas.
Se señaló en aquella oportunidad, cuáles son los conc
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.