Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120380
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad incoado y se anula el pronunciamiento de fs. 231/248 vta. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.380, "Pardal, Carlos Alberto contra Federación Patronal y otros. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 224/248 vta.).
Se interpusieron, por la aseguradora demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 271/283 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 306/308), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, hizo lugar a la demanda y condenó solidariamente a Daniel Ulises Pardo, Marcela Noemí Schingo y Federación Patronal Seguros S.A. al pago de una indemnización integral -reclamada con sustento en las disposiciones del derecho común- por la incapacidad derivada del accidente que sufrió Carlos Alberto Pardal el día 14 de febrero de 2011, mientras cumplía sus tareas habituales. Asimismo, ordenó a la aseguradora de riesgos del trabajo abonarle las prestaciones previstas en los arts. 13 apartado 1 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Con base en los elementos probatorios que indicó, el a quo juzgó acreditado que, como consecuencia del siniestro, el actor padece secuelas físicas consistentes en la amputación del metacarpo falángica de índice y secuela grave de mano izquierda no hábil y psíquicas de reacción vivencial anormal neurótica grado II, que, incluidos los factores de ponderación, le provocan incapacidad del 41,76% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 227 in fine /228).
Posteriormente, tras juzgar acreditada la responsabilidad civil del empleador, el tribunal juzgó que correspondía extender solidariamente la condena a la aseguradora por cuanto, al no haber demostrado el cumplimiento de las obligaciones estatuidas por la ley 24.557 (arts. 4 y 31) y el decreto 170/96 (arts. 18 y 19), era responsable por el daño sufrido por el trabajador en los términos del art. 1.074 del Código Civil (v. sent., fs. 237 vta./238 vta.).
En efecto, aplicando al caso los lineamientos señalados, consideró que en autos resultó plenamente probado que los incumplimientos en los que incurrió Federación Patronal Seguros S.A. guardaron nexo causal con el daño que padece el accionante.
Al respecto, destacó -entre varias- la inexistencia de constancia escrita alguna que acreditara que la aseguradora hubiera: a) realizado medidas preventivas en materia de seguridad e higiene; b) confeccionado legajo técnico en higiene y seguridad; c) identificado las áreas de riesgo y medidas de control en relación al puesto que ocupaba el actor; d) dictado cursos de prevención; e) realizado exámenes preocupacionales y periódicos; f) entregado elementos de seguridad o protección personal de los dependientes; g) efectuado algún plan de mejoramiento o h) denunciado las inobservancias en el deber de seguridad por parte de los empleadores (v. fs. 228 vta./230 y 237/238).
En este marco, precisó (con fundamento en diversos fallos de la CSJN y doctrina legal de esta Corte -causa L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011; e.o.; v. fs. 238 y vta.-) que no existía razón alguna para liberar a la aseguradora de responsabilidad por fuera de los limites sistémicos al no haber realizado debidamente sus labores, incumpliendo el mandato legal; omisiones que -juzgó- contribuyeron a generar un daño en la salud del trabajador.
A partir de ello, el tribunal cuantificó en $1.686.890,23 la indemnización a la que accedería el actor en el marco del derecho civil, discriminándola de la siguiente manera: daño material $1.124.593,49 y daño moral $562.296,74 (v. sent., fs. 241 vta.).
En virtud de la evidente insuficiencia de las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo ($363.749,62) frente al resarcimiento presupuestado por aplicación de las normas del derecho común, declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 (v. sent., fs. 241 vta. in fine /242 vta.).
En ese orden de ideas, dispuso que los empleadores y Federación Patronal Seguros S.A. debían afrontar solidariamente el pago de la suma determinada en concepto de reparación integral con basamento en las disposiciones del derecho civil, esto es: $1.323.140,50, resultantes de restar del importe total ($1.686.890,23) el monto que deberá abonar exclusivamente la aseguradora de riesgos por indemnización en los términos de los arts. 13 apartado 1 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. sent., fs. 242 vta. in fine /243).
II. En su recurso extraordinario de nulidad, la aseguradora denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 271/276).
II.1. Por un lado, sostiene que el pronunciamiento de grado no abordó una cuestión esencial planteada al contestar la demanda (v. fs. 57 vta./58), cual es la excepción de falta de acción por ausencia de cobertura civil a un dependiente no registrado.
Afirma que la falta de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteados por las partes constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita ), que afecta las garantías de defensa y propiedad consagradas en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
II.2. Por el otro, resalta que el tribunal no explicó los motivos y fundamentos que lo llevaron a apartarse del baremo impuesto por el decreto 659/96, el cual -sostiene- es de aplicación en los reclamos formulados con apoyo en la Ley de Riesgos del Trabajo.
III. A diferencia de lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 306/308, estimo que el recurso debe prosperar.
III.1.a. Al contestar la demanda, Federación Patronal Seguros S.A. -en lo que aquí resulta relevante- expresó que el señor Pardal no integraba la nómina de personal a las órdenes del demandado, lo que "...obstaculiza cualquier acción contra la aseguradora fuera del sistema. El trabajo en negro la puede obligar pero solamente con las prestaciones irrenunciables, no más allá de ellas. Es evidente que frente a un reclamo civil nos encontramos en un supuesto de no seguro o de riesgo no cubierto..." (fs. 55 vta./57 vta.) e interpuso luego excepción de falta de acción en la que, entre otras cuestiones, reiteró que "...si el actor no integra la nómina de personal la ART no puede ser obligada más allá de la prestación sistémica. Todo lo que se pretenda con pie en el Código Civil no está previsto." (fs. 57 vta./58).
III.1.b. En lo vinculado a la responsabilidad de la aseguradora, el tribunal juzgó probado, en primer lugar, que el codemandado Daniel Ulises Pardo y la recurrente estuvieron vinculados por un contrato de afiliación en los términos de la ley 24.557 entre el 29 de octubre de 2002 y el 31 de octubre de 2012 (v. respuesta a pregunta "e" del vered., fs. 228).
Luego, en el punto I.2. de la sentencia, al relatar los antecedentes de la causa, el a quo aludió puntualmente a lo actuado y solicitado por Federación Patronal S.A. Concretamente identificó a su letrado apoderado, refirió que admitió la existencia del contrato de afiliación con el codemandado Daniel Ulises Pardo, que rechazó el accidente denunciado en tanto el empleador nunca lo denunció, que desconoció la documental acompañada y que hubiera incurrido en responsabilidad alguna por los daños a la salud del demandante, derivados de los incumplimientos que se le adjudican. Expresa asimismo que replicó escuetamente la inconstitucionalidad alegada respecto de preceptos de la ley 24.557, que buscó sustento en precedentes jurisprudenciales, dejó propuesta probatoria y solicitó el rechazo de la demanda (v. fs. 231 vta.). Como puede advertirse, no fue siquiera relevada en este relato la excepción de falta de acción opuesta por la aseguradora.
Más adelante, al tratar las consecuencias derivadas del accidente de trabajo que motivó estas actuaciones y, puntualmente, la imputación formulada contra la recurrente bajo la previsión contenida en el art. 1.074 del Código Civil, el tribunal de origen -tal como lo anticipé en el punto I de este voto- extendió solidariamente la condena a la aseguradora de riesgos del trabajo por considerar plenamente probados los incumplimientos por parte de esa entidad de las obligaciones estatuidas por la ley 24.557 y el decreto 170/96. Tuvo acreditado para ello el acto ilícito, la imputación y el nexo causal con el daño a la vez que juzgó no verificada causa alguna de inimputabilidad que justificase liberarla de responsabilidad (v. fs. 236/238 vta.).
III.1.c. En otro orden, arriba firme a esta instancia que el actor prestó servicios para los demandados (y, en lo que aquí interesa especialmente, para el señor Pardo) en el marco de un contrato de trabajo no registrado (v. fs. 224 vta./226; 232/233 vta.).
III.1.d. De todo lo expuesto resulta que se ha configurado en la especie infracción al art. 168 de la Constitución provincial, pues -independientemente de la suerte que en definitiva corra la excepción planteada por la recurrente en la etapa procesal oportuna-, no puede considerarse, a tenor de las constancias de la causa, que la falta de acción opuesta haya sido implícitamente tratada por el juzgador de origen.
Concluir de ese modo supone una simplificación inaceptable y sin respaldo alguno detectable en las actuaciones, equivalente a afirmar que toda vez que la demanda de reparación integral contra la aseguradora prosperó, con ello va implícito el tratamiento de la excepción de falta de acción en sentido adverso al pretendido por la condenada.
En consecuencia, y toda vez que el tribunal ha omitido tratar un asunto trascendente y oportunamente planteado, el pronunciamiento padece una incongruencia por omisión (decisión citra petita ) que conlleva a la nulidad del fallo (causas L. 84.928, "Formigo", sent de 19-IX-2007; L. 99.171, "Torres", sent. de 16-II-2011 y L. 111.555, "Bocca", sent de 15-VIII-2018; e.o.).
IV. En razón de todo lo expuesto corresponde acoger el recurso extraordinario de nulidad interpuesto y declarar nula la sentencia recurrida, correspondiendo remitir la causa a la instancia de origen a fin que el tribunal, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento (art. 298, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Atento el modo como fuera resuelta la anterior cuestión, no corresponde que me expida en la presente.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad incoado y se anula el pronunciamiento de fs. 231/248 vta. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia