Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120626
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el punto III.3.c. del voto emitido en primer término y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, determine nuevamente el importe de la indemnización por daños y perjuicios.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la forma en que se resuelve el recurso y las razones que fundan la propuesta de revocación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Soria, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.626, "Torrea, Luis Daniel contra Municipalidad de Morón y otro/a. Accidente de trabajo - Acción especial."
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón admitió parcialmente la demanda promovida, con costas del modo que especificó (v. fs. 726/752).
Se dedujo, por la municipalidad demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 822/834).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por el señor Luis Daniel Torrea, condenando a la Municipalidad de Morón al pago de la suma que -por mayoría- estableció, con sustento en el derecho común, en concepto de indemnización por daños y perjuicios y a Provincia ART S.A. por diferencia de prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 motivada en el mayor porcentaje de incapacidad establecido en la causa (v. fs. 726/752).
Para así decidir, el a quo tuvo por acreditado que el actor laboró para la municipalidad demandada desde el 5 de junio de 1991, desempeñando inicialmente tareas generales de mantenimiento y luego funciones como jefe de división de obras. Asimismo, que su horario de trabajo era de lunes a jueves de 7 a 17 hs. y los viernes de 7 a 15 hs. (v. vered. fs. 726/727).
Evaluó que en el caso el accionante denunciaba haber sufrido un infortunio laboral el día 10 de enero de 2008 y que, si bien las codemandadas no habían negado la ocurrencia del hecho, se oponían a que éste hubiera acontecido en la forma relatada en el escrito de inicio pues lo calificaban como un accidente in itinere (v. vered. fs. 727 vta./728 vta.).
Sobre esa base, el tribunal analizó detalladamente la prueba documental agregada a la causa. Señaló que a fs. 135 obraba la conclusión médica y homologación de la incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 27% otorgada al señor Torrea como consecuencia del "accidente de trabajo", sin mediar otra especificación. También que el instrumento de fs. 137 refrendaba que el siniestro había acontecido en el lugar de trabajo, en tanto que la denuncia de fs. 197 daba cuenta del horario de su acaecimiento (16:30 hs.), es decir, durante la jornada de labor del demandante, "al ir o volver del trabajo" (según legajo acompañado al expediente en fotocopia certificada). Por otra parte, asimismo evaluó que de la constancia de asistencia médica y fin de tratamiento (v. fs. 206, folio 16), surgía claramente que el siniestro sufrido por el actor se había caracterizado como accidente de trabajo (v. vered. fs. 729).
Por otro lado refirió que con los elementos acompañados por la aseguradora se advertía que al indicarse los datos del aludido evento se había tildado el ítem accidente in itinere (v. fs. 139); igual caracterización a la que surgía en la copia certificada del legajo del accionante aportado por la municipalidad empleadora (v. fs. 199/201), donde se indicaba que el infortunio había ocurrido cuando el dependiente se retiraba del lugar de trabajo hacia su domicilio (exposición civil efectuada ante la Municipalidad de Morón; v. fs. 204), además de los antecedentes médicos agregados por la aseguradora (v. fs. 459/460, 510/511 y 617; v. vered. fs. 729 y vta.).
En ese orden, sostuvo que ni la denuncia del infortunio ni los datos recabados en la documentación antes referida, con exclusión de la exposición civil de fs. 204, contrariaban, prima facie , los dichos del demandante (esto es, la producción de su accidente en horario de trabajo y en cumplimiento de expresas órdenes de su supervisor); ello, en cuanto constituían constancias unilaterales de sometimiento del trabajador al procedimiento reglado, y en circunstancias de un accionar de asistencia con motivo de un infortunio (v. vered. fs. 729 vta.).
Sentado lo expuesto, y en referencia a la evocada exposición civil de fs. 204 (obrante en el precitado legajo adunado por la empleadora), expresó que más allá del carácter de instrumento público que pudiera conferirse a dicho elemento o de los defectos formales que presentaba (en tanto se trataba de una copia simple con la indicación de ser copia fiel, sin ningún dato identificatorio del carácter de funcionario del suscribiente), lo cierto era que de todos modos la plena fe del instrumento público no se extendía a las manifestaciones de los intervinientes del acto, desde que el oficial público actuante (en el caso, por la municipalidad) sólo daba fe de lo acaecido en su presencia pero no de la sinceridad y veracidad de las alegaciones que se le efectuaran, las que tampoco necesitaban ser redargüidas de falsas, pudiendo ser desvirtuadas por prueba en contrario (v. vered. fs. 729 vta./730).
Descartó por ello la incidencia probatoria de la exposición civil atribuida al actor y la restante documentación ya mencionada, pues las declaraciones de los testigos (compañeros de trabajo y presentes el día del hecho) verificaban el relato efectuado en la demanda. Tuvo por cierto entonces que el día 10 de enero de 2008 encontrándose el accionante en su lugar de trabajo habitual (galpón municipal), siendo aproximadamente las 16:30 hs. su supervisor, el señor Segovia, le ordenó que fuera en su motocicleta a informarle a los compañeros de una cuadrilla que estaba laborando en otro lugar (a unas diez cuadras) que debían volver hasta allí a pie porque la camioneta que habitualmente los trasladaba no funcionaba, y que en cumplimiento de esa orden se produjo el accidente de trabajo motivo de reclamo. Remarcó que dicha práctica (avisar a la cuadrilla a través de algún trabajador) era frecuente (v. vered. fs. 730 vta.).
Ya en la sentencia, determinó la existencia de los factores de atribución de responsabilidad civil de la empleadora (art. 1.113, Cód. Civ.) y tras comparar los importes garantizados por la ley 24.557 y la indemnización que presupuestó conforme el derecho común, declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la citada ley (arts. 14, 14 bis, 16, 17 y 19, Const. nac.; v. sent. fs. 742 vta./744). En consecuencia, condenó a la empleadora al pago de la reparación integral que -por mayoría- estableció y a la aseguradora por la diferencia correspondiente a la prestación por incapacidad establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent. fs. 737/752).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la municipalidad demandada denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 979 y 993 del anterior Código Civil y de la doctrina legal que cita (v. fs. 822/834).
Cuestiona que el tribunal calificara al hecho sufrido por el actor como un infortunio ocurrido en ocasión de su trabajo, por cuanto -aduce- las constancias de la causa (v. fs. 139, 201, 459/460, 510/511 y 617) y la propia exposición civil efectuada por el trabajador (v. fs. 204) denotan que se trató de un accidente in itinere (v. fs. 829 y vta.).
Reprocha que se le restara valor probatorio a la aludida exposición civil de fs. 204, en cuanto el accionante relató en ella que el siniestro se produjo cuando se estaba retirando del trabajo y en el horario en que culminaba su jornada (17:00 hs.). En este sentido, alega que el referido documento fue glosado en autos en copia certificada y que por ese motivo el propio tribunal desestimó la producción de la prueba informativa ofrecida por su parte, por lo que la única vía para desvirtuar dicho instrumento era la redargución de falsedad, ya que no bastaba el simple desconocimiento del actor (v. fs. 829 vta./830).
Aduce que la evocada exposición, por su carácter de instrumento público, hace plena fe respecto a las partes y a terceros, en cuanto a la existencia material de los hechos que el oficial público hubiera anunciado como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia. En el caso, afirma que ello ocurre respecto de las manifestaciones vertidas por el accionante sobre la forma en que se produjo el accidente por el que reclama en estos actuados (v. fs. 830 y vta.).
Insiste en que el evocado instrumento hace plena fe de la comparecencia del accionante ante la funcionaria a los fines de brindar su declaración vinculada al modo, tiempo y lugar en que ocurrió el infortunio (al retirarse del trabajo) y que, en atención a las circunstancias relatadas en dicho acto, el hecho encuadra en un "accidente in itinere ". Agrega que las manifestaciones vertidas por el dependiente en el documento de fs. 204 deben considerarse válidas, puesto que lo contrario importaría ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, violando el principio de buena fe (v. fs. 831 y vta.).
Reprocha al tribunal haber incurrido en un grosero error al desestimar el valor probatorio de un instrumento público no redargüido de falso y concluir que el hecho por el que accionó el demandante ocurrió en ocasión del trabajo (v. fs. 831 vta.).
Por otro lado, con apoyo en doctrina legal que denuncia violada, impugna el monto indemnizatorio fijado -por mayoría- en el fallo de grado. Aduce que se incurrió en absurdo al determinar la cuantía de la reparación correspondiente a los daños y perjuicios sin siquiera mencionar el método utilizado para arribar al importe determinado por dicho concepto (v. fs. 832/833 vta.).
III. El recurso prospera con el alcance que sigue.
III.1. Tiene dicho esta Corte que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso, establecer las circunstancias en que se produjo el accidente de trabajo, así como verificar si se configuraron -o no- los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios deducida, corresponde al ámbito de las potestades privativas de los jueces de mérito, exentas de revisión salvo que se demuestre absurdo (causas L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015; L.á117.177, "G., P. V", sent. de 18-V-2016; L. 119.131, "Peredo", sent. de 6-XII-2017 y L. 117.459, "G., J. L.", sent. de 21-VI-2017).
III.2. Bajo tales premisas, la impugnación resulta insuficiente para neutralizar lo resuelto.
En efecto, a partir de su personal apreciación de las circunstancias del caso y renovando los alcances del planteo ya efectuado en la instancia de grado -y que fuera objeto de análisis en el fallo-, el recurrente tan sólo expone su disconformidad con lo decidido, sin formular una crítica concreta de lo expresado en la sentencia.
En este orden, a través del cuestionamiento fincado en el valor probatorio que -en virtud del evocado carácter de instrumento público- le confiere a la exposición civil efectuada por el trabajador, cuya copia obra agregada a fs. 204, no logra el interesado descalificar el pronunciamiento puesto en crisis. Ello pues, sin controvertir frontalmente el razonamiento seguido en el fallo para arribar a la conclusión que impugna, se limita a asignarle una dispar significación al contenido del aludido documento, atribuyéndole aptitud suficiente para provocar la calificación del infortunio como in itiniere .
Luego, y sin perjuicio de los reparos formales que pudiera merecer dicho instrumento, lo cierto es que no se advierte que los dichos allí plasmados por el trabajador (referidos a que el accidente ocurrió a las 17:00 hs. aproximadamente cuando se estaba retirando de su trabajo) conduzcan, por sí solos, a tener por verificadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar del acaecimiento del aludido infortunio.
Se advierte entonces que el embate traído carece de una réplica eficaz para enervar las conclusiones alcanzadas en el pronunciamiento de grado sobre la base de la evaluación integral de la prueba adquirida durante la sustanciación del trámite, incluida la testimonial recibida en la audiencia de vista de causa, a la que el a quo asignó carácter relevante.
Cabe al respecto precisar que la valoración de los testimonios queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 102.022, "Cooke", sent. de 26-X-2010; L. 105.156, "Villalobos", sent. de 21-IX-2011; L. 103.508, "Rodríguez", sent. de 24-IV-2013 y L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016).
Las argumentaciones traídas en la impugnación no resultan aptas para revertir la decisión que causa agravio, pues transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar sus conclusiones. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante al razonamiento seguido por el juzgador (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
Cabe agregar que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017; e.o.), extremos que -como se dijo- no demuestra el recurrente.
Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para desestimar este tramo de la impugnación.
III.3. En cambio, le asiste razón al recurrente en el restante planteo traído.
III.3.a. Reiteradamente ha declarado esta Corte que establecer el importe de la indemnización de daños y perjuicios, tanto los de origen moral como material, constituye una típica cuestión de hecho y prueba privativa de los jueces de la instancia ordinaria, y ajena -por ende- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre que aquéllos hubieren incurrido en absurdo (causas L. 101.544, "Szewczuk", sent. de 28-XII-2011; L. 117.074, "D., J. C.", sent. de 3-VI-2015 y L. 119.652, "B., S. H.", sent. de 21-II-2018).
También, que el ejercicio de esa facultad privativa no exime a los magistrados de ponderar y enunciar circunstanciadamente los elementos de juicio que han servido de base para su decisión y los fundamentos que demuestren por qué el resultado es el que se estima más justo (causas L. 98.664, "S., M.", sent. de 18-IV-2011; L. 116.477, "Rivas", sent. de 23-XII-2014 y L. 119.143, "Correa", sent. de 29-III-2017).
III.3.b. En lo que interesa, de la lectura del voto mayoritario se observa que para definir la cuantificación económica del resarcimiento fueron enunciados los siguientes parámetros: la edad del trabajador al momento del hecho, su remuneración, el porcentaje de incapacidad que lo aqueja y el promedio de vida laboral aceptado por las leyes previsionales. Sin embargo, a continuación, fueron volcados los importes de la reparación por daño material ($688.800), y daño moral (20% del importe anterior), sin explicitar el mecanismo empleado para arribar a tal mensura.
No puedo dejar de observar la laxitud argumental del fallo en este aspecto, siendo que la decisión del juez que quedó en minoría explicitó iguales indicadores, aunque contextualizados en un desarrollo que arrojó resultados dispares (v. sent., fs. 741 y vta. y 748 y vta.).
III.3.c. Luego, surge claramente que la motivación que exhibe el pronunciamiento es puramente aparente, toda vez que el resultado de la reparación fijada en términos numéricos no permite reproducir su metodología de cálculo, a los fines de que en esta sede extraordinaria pueda ejercerse el debido contralor de la legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto (causas L. 88.121, "Topa", sent. de 4-XI-2009 y L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013), de conformidad con lo establecido por la doctrina legal aplicable.
En este orden, tiene dicho este Tribunal que resulta revisable por vía de absurdo el monto indemnizatorio fijado si el juzgador no expresa ni da razón del método empleado para su cuantificación, incurriendo en una conclusión dogmática que no condice con el análisis de la prueba que dice haber efectuado (causas L. 88.121 y L. 114.126, cits.).
En el contexto definido por la ausencia de indicación del procedimiento seguido para arribar al monto pecuniario determinado en concepto de indemnización integral, el fallo -conforme lo anunciado- se revela cimentado sobre un razonamiento viciado, toda vez que traduce una decisión fundada en el mero arbitrio de los sentenciantes.
Ello así, puesto que si bien es cierto que los jueces de grado no están constreñidos a la aplicación de fórmula matemática alguna para determinar el áquantum áresarcitorio (causa L. 76.494, "Viera", sent. de 18-VI-2003), no lo es menos que la decisión que en este sentido se dicte debe encontrar sustrato en una operatoria que posibilite conocer de qué modo se arribó a un importe y no a otro diferente.
De suyo, entonces, deberá casarse el decisorio impugnado en este tramo.
IV. Por lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada en lo relativo a la cuantía de la condena por indemnización por daños y perjuicios. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento a efectos de determinar la cuantía reparatoria correspondiente, conforme las pautas establecidas en el punto III.3.c.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la forma en que se resuelve el recurso y las razones que fundan la propuesta de revocación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por laá afirmativa .
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el punto III.3.c. del voto emitido en primer término y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, determine nuevamente el importe de la indemnización por daños y perjuicios.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la forma en que se resuelve el recurso y las razones que fundan la propuesta de revocación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia