Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119955
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, Negri, de Lázzari, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.955, "Duarte, Irma María contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó la impugnación formulada a la regulación de los honorarios y declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432 (v. fs. 616/622).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 652/660 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Irma María Duarte contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía -con fundamento en las disposiciones del Código Civil- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que padeció el día 30 de marzo de 2009 (v. fs. 552/571). En ese orden, impuso las costas a la parte demandada vencida y reguló los honorarios de los letrados -con fundamento en el decreto ley 8.904/77- y demás profesionales que actuaron en el proceso (v. fs. 573 y vta.).
Luego, ante la impugnación formulada por ésta contra dicha regulación (v. fs. 580 y vta.), declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432. Para así decidir, juzgó que tales normas, al modificar los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, limitando la responsabilidad por el pago de las costas, contradicen los arts. 14, 14 bis, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (v. fs. 616/622).
II. Contra este pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 505 del Código Civil; 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que identifica.
Señala que el importe total de las costas a su cargo supera ampliamente el límite del 25% que establecen los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil (v. fs. 654 vta./655).
Sobre esa premisa, alega que el tribunal de grado, al rechazar la impugnación formulada a la regulación de los honorarios y declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, ha vulnerado la doctrina legal que esta Corte estableció en los precedentes L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005) y L. 117.427, "Caraballo" (sent. de 20-V-2015; fs. cit.).
Añade que, asimismo, se ha apartado del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Villalba" (sent. de 27-V-2009), "Palacio" (sent. de 24-III-2013) y "Arriete" (sent. de 6-III-2014; v. fs. 657).
Destaca también que los preceptos objetados por el a quo , concernientes al límite de la responsabilidad por el pago de las costas, se han mantenido vigentes en el art. 730 del Código Civil y Comercial (v. 658 y vta.)
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Inicialmente corresponde señalar que en el caso el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia que se verifica entre lo presupuestado en la instancia ordinaria en materia de costas y la suma que resultaría de limitar ese importe al 25% de los guarismos de la condena impuesta a la recurrente- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3.803/16)-; razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
En consecuencia, este Superior Tribunal debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.
III.2. Empero, no puede soslayarse que los agravios que animan la impugnación, destinados a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, involucran el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que aún cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478; in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, el recurso sub examine habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.a. Desde esa perspectiva, asimismo, corresponde señalar que le asiste razón a la agraviada cuando denuncia que el órgano judicial de grado transgredió la doctrina legal elaborada en torno a los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil (según ley 24.432).
La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en las citadas normas legales ha sido considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte, en reiterados pronunciamientos emitidos por mayoría (así, causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002, citada por la recurrente; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015 y L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e.o.). Además, como bien lo destaca la impugnante, fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del nuevo ordenamiento de fondo.
III.2.b. En la mentada causa L. 77.914, replanteé mi opinión con relación a la aplicabilidad en el orden provincial del art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la ley 24.432, en materia de honorarios.
Expresé que si bien el art. 16 de la ley 24.432 invita a las provincias a adherir al régimen que la misma instituye, ello es así en la parte que "fuera pertinente". En tal contexto, señalé que en el digesto normativo citado en último término existen disposiciones –v.gr. los arts. 9, 10, 11 y 12 que modifican ciertos preceptos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Régimen Arancelario de Abogados y Procuradores en el ámbito de la Nación- que, en caso de que la Provincia eventualmente quisiera aplicarlas, requerirían del dictado de una legislación que expresamente adhiera a tales dispositivos legales.
Mas la ley en cuestión posee también normas que, en mi criterio, resultan operativas. En tal orden situé su art. 8, que incorporó un nuevo párrafo al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas. En consecuencia, el citado artículo, por el carácter que reviste en razón de la sustancia de lo que regula -responsabilidad en materia de costas- no requiere adhesión alguna, resultando entonces aplicable en la Provincia, sin que ello implique vulnerar en modo alguno la autonomía local.
En efecto, según surge del texto expreso de la norma de marras, las regulaciones de honorarios se realizarán conforme a las leyes arancelarias locales, por lo que no existe desplazamiento del régimen provincial en detrimento de otro especial; y, por otra parte, "la facultad de establecer normas procesales no puede considerarse en manera alguna privativa de las provincias, puesto que en numerosos casos el Congreso nacional se ve precisado a dictarlas..." (Passi Lanza, Miguel A.; "Límites de las facultades legislativas de las Provincias en materia procesal", LL 128-782, esp. 783), "para asegurar la estructura y funcionamiento esencial de las instituciones creadas en los Códigos de la Nación, aún dentro del orden procesal -con cita de Morello, A. M.; en 'Jurisprudencia Argentina', 1959-IV-539, nota a fallo- puesto que quien puede legislar sobre la función principal puede hacerlo también respecto de la accesoria" (Passi Lanza, Miguel A.; op. cit., p. 783).
En tal sentido, recordé que esta Suprema Corte había resuelto (con cita de Rodolfo Moreno, t. III, p. 161) que "Entiendo que lo primero que debe cuidarse en el país, a mérito de lo estatuido por la Constitución y en atención a la unidad nacional -que no es sólo política sino institucional- es la uniformidad en la aplicación de las leyes [...] por eso el Congreso de la Nación cuando tenga en vista esa alta finalidad puede llegar hasta alterar las reglas jurisdiccionales, que son secundarias, pero solamente cuando se trata de consumar aquél propósito que es superior" (Fallos: 5.040 de 25-III-1938, LL, 10-990, en esp. 994).
Indiqué, también, que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado e inveteradamente declarado la constitucionalidad de la facultad del Congreso nacional de dictar normas procesales con el fin de asegurar la efectividad de los derechos que consagra la legislación de fondo que le incumbe sancionar (Fallos: 137:307; 138:154 y 157; 141:254; 162:376; 247:524; 265:30; 299:45).
Por último, mencioné que la primacía de una ley sobre otra no requiere demostración alguna de la parte, debiendo ser advertida y reconocida por el juzgador, quien está obligado a aplicar el derecho vigente como también así por la gravitación del principio iura novit curia (arts. 34 inc. 4 -dispositivo legal que expresamente estatuye que el sentenciante debe fundar su pronunciamiento "respetando la jerarquía de las normas vigentes"- y 163 inc. 5, CPCC; 47 y 63, ley 11.653).
III.2.c. Sentada mi posición, del relato de los antecedentes y de los cálculos aportados por la interesada, es dable advertir que el juzgador, en la estimación de los conceptos integrantes de la condena en costas, excedió el límite (25% del monto de la sentencia concerniente a ésta) establecido en la ley 24.432 (v. fs. 573 y vta.), y luego -ante la impugnación formulada a la regulación de los honorarios- confirmó aquella decisión objetando la validez constitucional de los arts. 1 y 8 de dicha ley (v. fs. 616/622).
Lo expuesto autoriza a casar el pronunciamiento de fs. 616/622, y a devolver las actuaciones a la instancia ordinaria para que el tribunal, teniendo en cuenta los lineamientos provenientes de la doctrina legal transgredida, limite la condena en costas de acuerdo a lo preceptuado en la mencionada normativa.
IV. Por todo lo dicho, propongo hacer lugar al recurso traído y revocar la resolución atacada con el alcance indicado en el párrafo precedente. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Pettigiani en el punto III.1. y en los tres primeros párrafos del punto III.2. de su sufragio.
I.2. Ingresando a analizar la resolución recurrida, resulta pertinente precisar que los argumentos que esgrimió el a quo para declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 y juzgarlos además violatorios de diversos instrumentos internacionales, no tuvieron conexión con aquel cuestionamiento fundado en una supuesta alteración de la autonomía de las provincias por parte del legislador nacional (arts. 75 incs. 12 y 121 de la Constitución nacional), tema -por cierto- resuelto por este Tribunal en reiteradas oportunidades (causas L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008 y L.á98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012; e.o.). Apartado de ello, y así expresamente lo indicó (v. fs. 618), el tribunal de trabajo, diseñando un escenario con diferentes hipótesis, señaló que, si por la aplicación de las normas impugnadas, se sostuviera que el responsable por el pago de la diferencia de honorarios del letrado o de los peritos fuese el trabajador en su calidad de beneficiario de la labor, éste vería afectado su derecho de propiedad pese a su carácter de "vencedor", vulnerándose también el principio protectorio. Continuó diciendo que si, por el contrario, se interpretara que el actor no es responsable, ni tampoco lo es el demandado, no quedaría otra posibilidad que estimar que aquella diferencia habría de ser soportada por el propio abogado vencedor y los auxiliares de la justicia, con la lógica mengua patrimonial que ello implicaría, lo cual también atentaría contra las normas constitucionales e internacionales que tutelan al trabajo (v. fs. 616/622).
I.3. Ceñido a estas motivaciones, he de adelantar que las directrices que emanan de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que -invocadas por la recurrente- habré de seguir por razones de economía procesal, conducen a revocar el pronunciamiento.
Liminarmente, cabe recordar que en la causa A.151.XXXVII "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9.688" (sent. de 5-V-2009) el Alto Tribunal dijo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución, atento a la finalidad tenida en miras por el legislador, "...se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad..." (cons. 12°).
Concretamente, en el precedente V.1418.XXXVIII "Villalba, Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/ accidente-ley 9.688" (sent. de 27-V-2009), afirmó que en tanto la citada norma sólo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados mas no respecto de la cuantificación de éstos, "...no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley...", pues lo contrario significaría establecer una obligación sin sujeto pasivo alguno (cons. 6°). También sostuvo -y ello resulta trascendental en la especie- que la posibilidad de que los profesionales ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese arrojar el prorrateo legal, no resulta violatoria del principio protectorio del trabajador ni el derecho de propiedad reconocidos en la Constitución nacional, toda vez que la naturaleza alimentaria del crédito del trabajador "...no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho..." (cons. 7°).
Tales lineamientos, reiterados por la Corte Federal en las causas P.752.XLVI "Palacio, Yanina Fernanda c/ Talyden S.A. y otro s/ accidente - acción civil" (sent. de 19-XI-2013); A.579.XLVII y otros "Arriete, Julio Néstor c/ A.A. Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/ despido" (sent. de 6-III-2014) y CNT 13.512/2008/2/RHI, "Galván, Ornar Leónidas c/ Cayter Cielorrasos S.R.L. y otro s/ accidente - acción civil" (sent. de 5-IX-2017), y que entiendo aplicables no sólo en lo referido a los estipendios de los letrados sino también a los del perito actuante, evidencian que debiéndose situar el análisis de la disposición legal referida en el primer supuesto plasmado en la resolución impugnada, los argumentos brindados en dicho marco por el tribunal de grado colisionan con el criterio adoptado por la Corte nacional.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso deducido conforme se juzga en el punto IV del sufragio que inaugura este acuerdo.
Con el alcance indicado , así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Tal como se expone en el voto inaugural, surge de las constancias de la causa que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 17-VII-2010), de modo que la admisibilidad del recurso deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
I.1. Por regla, en esas situaciones, esta Corte sólo puede verificar si lo resuelto por el tribunal de grado contradice la doctrina legal vigente. Sin embargo, las interdicciones vinculadas a la summa gravaminis que resultan del régimen procesal local no se aplican cuando, como en el caso, el tema encierra una cuestión federal tal como la constitucionalidad de la reforma introducida por la ley 24.432 a los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (causa L. 119.157, "Ahumada", sent. de 14-XII-2016; e.o.), correspondiendo en ese supuesto darle curso a la impugnación por ante esta Corte, a fin que la recurrente pueda eventualmente acceder al remedio federal (art. 14 inc. 1, ley 48; CSJN Fallos: 308:490; 311:2478; causas L. 90.223, "Collado", sent. de 28-V-2010; L. 103.103, "Lazarte", sent. de 11-V-2011; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-II-2011 y L. 97.703, "Vega", sent. de 22-VI-2011; e.o.).
I.2. En ese esquema, debo decir que conforme mi opinión y por los fundamentos expresados en reiteradas oportunidades -y a los que por motivos de brevedad me remito-, el agravio debe ser rechazado (v., sobre la inconstitucionalidad de la reforma introducida por la ley 24.432 a los arts. 277 de la LCT y 505 del Código Civil, causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002 y L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003).
II. En razón de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en los puntos III.1. y III.2. de su voto, pero no comparto la decisión que finalmente propone a partir del punto III.2.a.
En mi opinión, no le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el órgano judicial de grado, al regular los honorarios de los profesionales intervinientes en los montos en que lo hizo, trasgredió la doctrina establec
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