Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120094
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.094, "Gerbaldo, Agustín Andrés contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la pretensión deducida, imponiendo las costas al Fisco provincial por resultar vencido (v. fs. 230/246 vta.).
Se interpusieron por ambas partes -la actora a fs. 263/277 y la demandada a fs. 278/281 vta.-, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, habiendo sido únicamente concedido por el tribunal de origen el primero de los remedios procesales deducidos (v. fs. 283/284).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 263/277?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por el señor Agustín Andrés Gerbaldo, mediante la cual había reclamado el pago de las diferencias vinculadas a la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva prevista en la ley 24.557 -con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09- por la minusvalía provocada por el accidente de trabajo que sufrió el día 4 de septiembre de 2011, condenando al Fisco provincial -en su condición de empleador autoasegurado- a abonar el importe que específicamente determinó por tal concepto. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba la aplicación al caso del mecanismo de ajuste índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) previsto en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y la indemnización adicional contemplada por el art. 3 de ese mismo cuerpo legal.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 3, 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 9, 10 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 16, 17, 18, 19 y 21 inc. 2 de la Constitución nacional; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -Protocolo de San Salvador- y de la doctrina legal que cita.
En primer término, alega que el tribunal de origen debió aplicar el principio iura novit curia y reajustar a través del índice RIPTE el resultado que arroja la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, aun con independencia de los argumentos esgrimidos por su parte.
Por otro lado, sostiene que mientras exista un crédito abierto a favor del trabajador, si una norma jurídica nueva mejora su situación, la misma debe ser aplicada sin más. Esto es así, continúa, en virtud del principio de progresividad y de la aplicación de la norma más favorable, que surgen no sólo de la legislación local vigente, sino además de diversos tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Explica que la finalidad de las sucesivas reformas incorporadas a la Ley de Riesgos del Trabajo fue la de mejorar las prestaciones dinerarias del sistema originario, teniendo en cuenta los desfases y desactualizaciones que el tiempo ha ido produciendo en las sumas que deben percibir los trabajadores siniestrados.
Manifiesta que el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 trasunta la imperiosa e impostergable necesidad de ajustar los montos de las prestaciones dinerarias cuya primera manifestación invalidante ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho régimen legal, especialmente a aquéllas que se han mantenido incólumes desde la sanción de la ley 24.557, o bien desde que comenzó a regir el decreto 1.278/00.
Expone que oportunamente hubo de plantear la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, en la inteligencia que dicha norma afecta su derecho de propiedad al privarlo irrazonablemente de una reparación justa, por cuanto la prestación dineraria del régimen de riesgos del trabajo entraña una exigencia de valor mínimo, que se relaciona con aquellas necesidades que debe atender como subsistema de la Seguridad Social.
Finalmente sostiene que el tribunal de trabajo interviniente no brindó tratamiento al planteo de inconstitucionalidad que su parte hubo de formular respecto del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto establece que sólo corresponde tener en cuenta, a los fines de calcular el valor mensual del ingreso base, a los haberes sujetos a aportes y contribuciones con destino al sistema previsional, esto es, sin contemplar a aquellos rubros calificados como "no remunerativos" que integran el salario del trabajador (v. gr. horas Co.Re.S.).
Asimismo, cuestiona que el órgano a quo desestimara la descalificación constitucional de dicho precepto al fijar como pauta de cálculo del ingreso base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, alegando en este sentido que el haber mensual que debió tenerse en consideración para resolver este tramo de la contienda era el que se correspondía con aquel que Gerbaldo percibía al momento de dictarse la sentencia.
III. El recurso no prospera.
III.1. Alterando, por razones metodológicas, el orden de los agravios en la forma en que han sido propuestos, habré de señalar que resulta manifiestamente inatendible aquel por el cual se denuncia que el órgano de la instancia ordinaria no resolvió acerca del concreto planteo que la parte actora hubo de formular en relación a la invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 por impedir dicho precepto legal que se computen, a los fines de calcular el ingreso base, todos los rubros salariales percibidos por el trabajador, incluidos los denominados "no remunerativos" (v. rec., fs. 271 vta. y 272).
Ello es así, porque lo alegado sobre el punto contrasta abiertamente con lo resuelto en el fallo, donde el tribunal a quo descalificó constitucionalmente a ese aspecto de la norma por encontrarse en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 19 y 21 inc. 2 de la Constitución nacional, así como con los de integralidad, progresividad y no regresión (v. sent., fs. 237 in fine /238), lo cual me exime de brindar mayores precisiones al respecto.
III.2. En otro orden, observo que la impugnación dirigida a poner en tela de juicio el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (ahora en razón de la utilización del promedio de remuneraciones devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante), tampoco puede tener favorable recepción.
Es que el agraviado sustenta este tramo de la crítica peticionando se tome en consideración el salario percibido por el actor al tiempo de la sentencia (v. rec., fs. 273).
Sin perjuicio de que no se ocupa de rebatir -como es menester- ninguna de las razones sobre las que el juzgador sustentó el pronunciamiento (v. sent., fs. 239 y vta.), siendo ello suficiente para definir el rechazo del cuestionamiento con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal (causas L. 103.101, "O., A. M. y otro", sent. de 10-VII-2013 y L. 116.721, "Arce", sent. de 10-XII-2014; e.o.), la postura que adopta el ahora apelante transita por un camino diferente al seguido en la demanda, oportunidad en la que específicamente solicitó que la indemnización fuera calculada tomando como base la remuneración que cobraba a la fecha en que la aseguradora de riesgos del trabajo liquidó y abonó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva, esto es, la del mes de mayo del año 2012 (v. dem., fs. 44 vta./46).
En tales condiciones, resulta de aplicación al caso la doctrina de esta Suprema Corte en cuanto tiene establecido que no corresponde considerar en casación cuestiones novedosas que pretendan alterar el enfoque, la dimensión o proponer variantes en el pedimento original (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008 y L. 88.051, "Olmedo", sent. de 11-XI-2009; e.o.).
III.3. El embate focalizado en la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta improcedente.
III.3.a. En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de dicho régimen legal, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.3.b. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente -ley especial-", se pronunció al respecto determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Ello aunque, como he expresado reiteradamente (v. mis votos en las causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14-IX-2011 y C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagüés, Néstor Pedro; Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , ED, Tomo 93, pág. 891, o por Ibarlucía, Emilio A.; Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema , LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del Máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
III.3.c. A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que, a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es, el 4 de septiembre de 2011, se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, corresponde rechazar este tramo del recurso y, en consecuencia, confirmar el fallo de grado en cuanto declaró inaplicable al caso el índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
III.3.d. Por los mismos motivos, tampoco procede la prestación establecida en el art. 3 de la citada ley 26.773.
III.4. También debe desestimarse la tacha de inconstitucionalidad que el recurrente dirige contra el art. 17 apartado 5 de ese mismo régimen legal.
Remito nuevamente a mi voto en la causa L. 118.695 ya citada, y a los fundamentos que anticipara al sufragar en la causa L. 120.062, "Guzmán", sentencia de 30-V-2018, en donde queda implicada mi respuesta: el análisis que allí hago es incompatible con una declaración de inconstitucionalidad de la norma involucrada.
No otra cosa ocurre respecto de la propia doctrina que, al influjo de su fuerza vinculante, ahora adhiero: el análisis y aceptación del límite temporal a la aplicación del precepto en cuestión, así como la declarada adhesión al precedente "Espósito", descuentan la aceptación de su validez constitucional.
III.5. Finalmente, huelga señalar que al permanecer firme -por lo que se acaba de exponer- el pronunciamiento de la instancia ordinaria que juzgó inaplicable al caso la ley 26.773, deviene inoficiosa cualquier definición que pudiera adoptarse en relación a la pretensión del recurrente de reajustar por el índice RIPTE al monto que arroja la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. rec., fs. 267 y 268 vta.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en los puntos III.1. y III.2., de su voto.
II. Asimismo, y tal como lo indica el colega ponente en el punto III.4. de su sufragio, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado por el recurrente respecto del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
II.1. El demandante procura, en sustancia, que la ley de referencia se aplique al caso porque las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo son "deudas de valor" que no han sido satisfechas al no haberse efectivizado íntegramente su pago. Señala que una decisión contraria vulnera su derecho de propiedad, en tanto cercenaría irrazonablemente la obtención de una reparación justa, suficiente y equitativa, a la vez que vulneraría los principios consagrados por los arts. 19 y 21 inc. "c" de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -Protocolo de San Salvador- (v. rec., 269 y vta.).
II.2. Sobre el particular, he de insistir que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la referida ley 26.773 ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación del precepto impugnado, toda vez que no lo advierto en pugna con los derechos y garantías de jerarquía constitucional, como lo pretende el quejoso, lo que sella la suerte adversa del planteo.
III. Luego, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria, que participé- en el citado precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, considero que la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta improcedente.
III.1. No se encuentra controvertido en autos que la primera manifestación invalidante de la contingencia padecida por el trabajador se produjo el día 4 de septiembre de 2011 (v. vered., fs. 231).
III.2. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Por su parte, el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00 prescribió en su art. 19: "Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes Nº 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial" , precisando el art. 8 de su decreto reglamentario 410/01 (B.O., 17-IV-2001) que: "Las modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 1° de marzo de 2001".
En la misma línea, el art. 16 del decreto 1.694/09 determina: "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
III.3. Conforme lo expuesto, es indudable -reitero- que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio, tema sobre el que me explayaré más adelante.
III.4. Definido lo anterior, resta ahora analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de ajuste de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando por tanto aplicable incluso a situaciones acaecidas con anterioridad a su sanción.
III.4.a. El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo de cálculo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
III.4.b. Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17
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