Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120347
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Genoud, Soria, de Lázzari, Negri , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.347, "Pagano, Roberto Fernando contra Municipalidad de Chacabuco y otro/a. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 520/542 vta.).
Se dedujo, por Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 575/586).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por el señor Roberto Fernando Pagano contra Provincia ART S.A. y condenó a esta última al pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16-, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773.
Para así resolver, juzgó probado en el veredicto que el actor padece una afección columnaria (cuadro de lumbociatalgia a consecuencia de una hernia discal a nivel del espacio L5-S1 e inestabilidad de la columna a nivel L1-L2) por la que fue intervenido quirúrgicamente el día 5 de octubre de 2009, contraída concausalmente por las tareas a su cargo -recolección de residuos para el municipio demandado- y por la que sufre una incapacidad del 11,5% del índice de la total obrera (v. cuestiones primera y segunda del veredicto, fs. 520/522 vta.).
En la sentencia, efectuó el cálculo de la prestación reclamada -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16- ($108.458,68), a la que aditó el 20% adicional establecido en el art. 3 de la ley citada ($21.691,73). Luego, a la suma resultante ($130.150,42) le agregó el índice RIPTE desde la fecha del infortunio laboral -septiembre de 2009- hasta el último valor publicado de marzo de 2016, por lo que declaró procedente recomponer la prestación -por aplicación de un coeficiente de 6,00-, estableciéndola en la suma de $780.902,52 (v. sent., fs. 533 vta./536).
Para justificar la decisión de declarar aplicable al caso la ley 26.773, el tribunal se pronunció de oficio por la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 del citado texto legal.
En concreto, sostuvo que debían aplicarse al caso las disposiciones de la ley 26.773 por cuanto, aun cuando la contingencia fuese anterior a la fecha de entrada en vigencia de la citada normativa, al momento de dictarse el fallo la deuda se encontraba impaga.
Al respecto, con apoyo en lo decidido por el tribunal en otras causas, expresó -con cita de doctrina- que la aplicación de las mejoras introducidas por el decreto 1.694/09 -haciendo un paralelismo con la normativa aplicable al caso- a aquellos "...infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de vigencia de la norma no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras (arts. 14 y 17 de la C.N.), sino que protege a los trabajadores que no han visto cancelados sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (art. 75 inc. 22 y 23 CN y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22)..." (fs. 534 vta.).
En esa línea, concluyó que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas antes de la fecha de entrada en vigor de dicho texto legal que se encontraran incumplidas e impagas, aunque sea parcialmente, pues -prosiguió- sólo el pago total quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar que se encontraban antes del daño.
En consecuencia, como se adelantó, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de aplicación inmediata de la nueva ley (art. 7, Cód. Civ. y Com.; v. sent., fs. 533 vta./535).
Así las cosas y tras realizar el cotejo entre el importe de la reparación reclamada con sustento en el derecho común (art. 1.113, Cód. Civ.) y la que surge del sistema asistencial especial -del modo referido-, verificó la mayor cuantía de este último, por lo que declaró que en el caso la disposición contenida en el art. 39 de la ley 24.557 no lesiona derechos de raigambre constitucional (v. sent., fs. 536/538).
Expresó, luego, que el criterio de aplicar las disposiciones de la ley 26.773 a contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia debía mantenerse pues, si bien reconoció la posición adoptada por esta Corte en el precedente "Staroni", consideró que no se trata de una "doctrina uniforme y concordante" (v. sent., fs. 538/540).
Finalmente, adicionó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 538).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3, 21, 622, 656, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 14 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 16 del decreto 1.694/09; 2 de la resolución 414/99; de la resolución 6/15 y de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
En lo esencial, denuncia que el pronunciamiento de grado vulnera la doctrina legal de este Tribunal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), toda vez que -por conducto de la invalidez declarada del citado precepto- el a quo dispuso aplicar la ley 26.773 a una contingencia ocurrida con anterioridad a su entrada en vigencia.
Asimismo, entiende que, al ser formulada de modo oficioso, dicha decisión importó la transgresión del principio de congruencia, violando las garantías de defensa en juicio y de propiedad. Ello en tanto -advierte- en la demanda ni durante el transcurso del proceso la parte actora cuestionó la constitucionalidad del citado precepto de la ley especial (v. fs. 577/579).
II.2. Por otro lado, y para el caso que se considerase de aplicación la ley 26.773, señala que el a quo interpretó inadecuadamente sus arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 al utilizar el índice RIPTE sobre el mínimo determinado según la resolución 1/16.
En este camino, por un lado, apunta que el mentado índice RIPTE actualiza los mínimos indemnizatorios del art. 14 de la ley 24.557, así como también la prestación adicional prevista en su art. 11, pero -de ningún modo- puede utilizarse para actualizar el resultado de la aplicación de fórmulas que ya contienen mínimos actualizados pues, en tal caso, se estaría aplicando dos veces el referido índice, duplicando la indemnización sin razón alguna.
Por otro lado, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la citada resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16. Sostiene, en lo sustancial, que el infortunio que originó la incapacidad del actor acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 y, claro está, de la referida resolución (v. fs. 579/582 vta.).
II.3. Seguidamente, critica la aplicación de intereses sobre el monto por el que prosperó la demanda -a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires-, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina de este Tribunal elaborada a partir de los precedentes C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009), posteriormente ratificada -previa declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.399- en la causa L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013 (v. fs. 582 vta./585 vta.).
II.4. Por último, controvierte que le hayan impuesto las costas, en tanto -sostiene- la aseguradora fue demandada con fundamento en las normas del derecho común, no obstante lo cual el judicante transformó la acción en un reclamo bajo las normas del sistema asistencial especial, "...imponiéndole las costas frente a una condena que ha sido cuestionada". Por tal motivo, peticiona su eximición (v. fs. 585 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto de fs. 520/523 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 523 y vta.) ni la sentencia (v. fs. 541 vta.), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 542 vta.).
Al respecto, cabe precisar que, en tanto los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidas en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Adentrándome en el análisis de los agravios que porta el recurso, entiendo que merece favorable recepción el embate que trae el interesado contra lo resuelto por el tribunal de grado en tanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y, sobre dicha base, cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en tal norma.
III.2.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.2.a.i. Corresponde señalar, por empezar, que -conforme conocida jurisprudencia constitucional del Máximo Tribunal de la Nación y la concordante doctrina legal de esta Suprema Corte- los jueces se encuentran habilitados para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, sin que los argumentos que introduce la quejosa resulten idóneos para rebatir esa conclusión.
Sobre el particular, la impugnante afirma que la invalidación oficiosa de la constitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, vulneró el principio procesal de congruencia.
Empero, no le asiste razón porque dicho postulado no puede reputarse violado cuando el órgano judicial, sin alterar la estructura de la relación procesal, se limita a declarar las normas aplicables (o inaplicables) al caso, típica atribución jurisdiccional amparada por el principio iura novit curia .
En ese sentido, ha declarado esta Corte que no existe violación del principio de congruencia ni de la garantía de defensa por el hecho de que el tribunal haya declarado de oficio la inconstitucionalidad de una norma (causas C. 94.663, "I., M. L.", sent. de 18-II-2009 y L. 116.859, "Mudryk", sent. de 1-VII-2015).
III.2.a.ii. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, considero -como adelanté- que la decisión concerniente a la inconstitucionalidad declarada del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 debe ser revocada.
Para así decidir, y en tanto ello resulta suficiente para dar respuesta al sub lite , habré de reproducir -en lo que sea pertinente- la opinión que tuve oportunidad de plasmar al emitir mi sufragio en la causa L. 120.032, "Díaz" (sent. de 13-II-2019), de connotaciones análogas a la presente en lo que a la temática se refiere.
Sostuve en aquella ocasión que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la referida ley 26.773 -como ya lo dijo esta Corte- ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional, tal como lo sostuvo el a quo en su sentencia.
III.2.b. Sentado lo anterior -y más allá de lo que pudiera opinarse respecto del modo en que la recurrente ha atacado este aspecto de la sentencia de grado- corresponde que me expida respecto de la aplicación al caso de la ley 26.773.
En el marco de lo regulado en la ley 26.773, esta Corte tiene dicho que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la misma ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamiento establecido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) a la que por razones de brevedad remito, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1, "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
III.2.c. A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha en que se denunció la ocurrencia del infortunio laboral, esto es, en el mes de septiembre de 2009, la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en los arts. 3 y 17 apartado 6 de la citada norma (y en la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16), el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de condena.
III.3. Dadas las particularidades que exhibe la presente cabe señalar que, en tanto la decisión del tribunal de grado -que aquí se modifica- lo condujo a desestimar la pretensión indemnizatoria promovida contra el empleador con fundamento en las disposiciones del derecho civil, devueltos los autos a la instancia ordinaria y a partir de lo juzgado anteriormente, dicho órgano jurisdiccional -nuevamente integrado- deberá resolver respecto de la procedencia de dicha acción.
En ese contexto, deberá efectuar el control de constitucionalidad requerido respecto del art. 39 de la ley 24.557, cuyo tratamiento hubo de llevar a cabo oportunamente (v. sent., fs. 536 vta./538), si bien teniendo en consideración las pautas y elementos de juicio establecidos en ese momento.
Para tal cometido y según se desprende de las directrices plasmadas por esta Suprema Corte a partir de las causas L. 75.708, "Abaca" (sent. de 30-III-2005); L. 81.826, "Yamán" y L. 87.394, "V. d. C., M. C." (sents. de 11-V-2005), resulta necesario verificar si las prestaciones previstas en la ley 24.557 reparan adecuadamente el daño padecido por el trabajador, deviniendo indispensable, a tales efectos, efectuar una comparación entre la reparación en ella contemplada y el resarcimiento al que la víctima accedería en el marco del régimen común de responsabilidad civil.
III.4. Luego, en virtud de lo resuelto en los apartados que preceden, no corresponde abordar la crítica dirigida a impugnar el modo en que el a quo hubo de calcular las prestaciones adeudadas al actor con arreglo a las disposiciones de la ley 26.773 -y sus complementarias- (v. pto. II.2. de este voto; recurso, fs. 579/582 vta.). Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas L. 74.829, "Mahiques", sent. de 13-III-2002 y L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011; e.o.).
III.5. En cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.5.a. El tribunal de trabajo dispuso que "atento al particular modo de concluir" tales accesorios debían ser calculados -desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 538).
III.5.b. La impugnante controvierte tal definición denunciando violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y solicitando la aplicación de la "tasa pasiva" del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. recurso, fs. 582 vta./585 vta.).
III.5.c. Debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("atento al particular modo de concluir [...] se le aditen los intereses a partir de la presente sentencia..."; v. sent., fs. 538), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo -y ajustadas por la resolución 1/16- y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha de la sentencia.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de esas normas, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que involucró la aplicación al capital de condena de dichos preceptos.
En consecuencia, habida cuenta que los autos deberán volver al tribunal de origen -con diferente integración- por los motivos expuestos en el punto III.2., asimismo los intereses moratorios tendrán que ser nuevamente fijados en dicha oportunidad.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
III.6. En relación con la queja referida a las costas, cabe recordar que su imposición y distribución constituye una típica cuestión de hecho, cuya resolución es facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en casación salvo absurdo (causas L. 80.398, "Ramírez", sent. de 31-III-2004 y L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013), vicio que no ha sido denunciado por la impugnante en esta parcela del recurso (v. fs. 585 vta.).
Para mayor satisfacción de la recurrente, he de agregar que el fundamento de la
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