Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119979
En la ciudad de La Plata, a 4 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani , Negri, de Lázzari, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.979, "Martínez, Ana María contra Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 452/463).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 474/480 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar -por mayoría- a la demanda instaurada por la señora Ana María Martínez y condenó al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires a abonarle las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto por la ley 26.773 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15 (v. fs. 452/463).
Para así decidir tuvo por acreditado que la actora realizaba tareas de "auxiliar personal de servicio" a las órdenes del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y que el día 7 de junio de 2012 padeció un accidente de trabajo, a raíz del cual presenta una serie de secuelas anatómicas y funcionales en el tobillo derecho, que la incapacitan de manera parcial y permanente en un 20,74% del índice de la total obrera (v. vered., primera y segunda cuestión, fs. 452 vta./453).
En la etapa de sentencia, en lo que tiene relevancia, determinó la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante con arreglo a las disposiciones del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -modificada por el decreto 1.694/09-, cuantificándola en la suma de $55.968,54 (v. fs. 456 vta.).
Seguidamente, en virtud del principio iura novit curia y por mayoría, dispuso que a dicha suma debía aplicarse el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773 (art. 17 apdo. 6). Puntualizó el a quo que tal normativa se refiere a las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557 y los decretos 1.278/00 y 1.694/09, al disponer que estas se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la ley conforme el índice RIPTE, desde el día 1 de enero de 2010. Manifestó que el referido cuerpo legal debía regir de manera inmediata para todas aquellas situaciones aún no resueltas, ya que -explicó- mientras exista un crédito abierto a favor del trabajador, si una norma jurídica nueva mejora su situación, la misma debe ser aplicada sin más (v. sent., última fs. cit.).
Por dichas razones, calculó el monto de la prestación conforme la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, la ley 26.773 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15 (v. fs. 452/463), alcanzando un importe de $174.600,93, al que le añadió la indemnización de pago único contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $209.521,11 (v. sent., fs. 458 y vta.).
En lo atingente a los intereses, ordenó su cálculo -desde la fecha de toma de conocimiento (7 de junio de 2012) hasta el efectivo pago- conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo digital a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación. En cambio, para el eventual incumplimiento en término del pago del capital de condena, fijó los intereses de acuerdo a la tasa activa que establece el Banco de la Provincia de Buenos Aires a contar desde que la sentencia adquiriera firmeza (art. 768, Cód. Civ. y Com.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de Provincia ART S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de la ley 26.773; arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que identifica (v. rec., fs. 474/480 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Inicialmente, alega que la definición de grado que incrementó el importe de la prestación dineraria reconocida a la actora proviene de una inconsulta, subrepticia y tardía aplicación de la ley 26.773.
Argumenta que la aplicación de la mentada ley, que no se encontraba vigente a la época del accidente sufrido por la trabajadora, colisiona con principios constitucionales al transgredir el principio de irretroactividad de la ley y con el expreso texto del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
A continuación -para sustentar su postura de que todas las mejoras introducidas al régimen especial de reparación de infortunios laborales rigen para el futuro, es decir, respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante ocurrió con anterioridad a su entrada en vigencia-, transcribe pasajes de lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 116.513, "Orellana" (sent. de 26-III-2014), de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010), y cita diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia mendocina y del Superior Tribunal de Jujuy (v. rec., fs. 475/476 vta.).
II.2. Desde otra perspectiva, afirma que el pronunciamiento viola la doctrina legal establecida por esta Corte en los precedentes C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2015), al establecer que el capital de condena devengue intereses conforme la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En este camino, peticiona que se declare la inconstitucionalidad de la ley 14.399 (v. rec., fs. 476 vta./480 vta.).
II.3. Por último, sostiene que el fallo impugnado vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte en relación con la aplicación retroactiva de las leyes, desde que aplica al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 28/15 y no la resolución 34/13 que correspondería a tenor de la fecha del infortunio padecido por la trabajadora (v. rec., fs. 474 vta. y 480 y vta.).
III. El recurso prospera con el alcance que seguidamente he de exponer.
III.1. De manera liminar se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.2. Corresponde señalar que el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653 (Ac. 3803/16).
Siendo ello así, la competencia de este Tribunal queda limitada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010 y L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
III.3.a. Sentado lo expuesto, cabe destacar que el pronunciamiento sobre el agravio que gira en torno a la aplicación retroactiva de la ley 26.773 no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando esta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
El caso, entonces, debe ser resuelto por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente, aun cuando esta no había sido establecida al momento en que se dictó la sentencia del tribunal de trabajo aquí impugnada y tampoco cuando se interpuso el recurso extraordinario bajo análisis.
En ese sentido, no puede dejar de señalarse que los argumentos desplegados en el medio extraordinario de impugnación para neutralizar lo juzgado por el tribunal de grado guardan sustancial analogía con aquellos que estructuran la mentada doctrina legal sobre la temática aquí debatida.
III.3.b. Siendo ello así, habré de reproducir -en lo pertinente y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso- los fundamentos expuestos por esta Corte al resolver en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que presté mi adhesión al voto de mi colega doctor Genoud.
III.3.b.i. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Luego, deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal -en principio y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (decs. 1.278/00 y 1.694/09, cits.).
III.3.b.ii. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando eventualmente aplicable incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido texto normativo no establece una excepción a la regla general establecida en su art. 17 apartado 5.
En primer lugar, esa supuesta excepción no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Ese dato (que surge de la simple lectura de la norma) puede ser corroborado si se repara en la circunstancia que, cuando la nueva normativa quiso excepcionar aquella regla general, lo hizo de manera expresa y categórica. Así, al disponer en el art. 17 apartado 7 que: "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición", la ley 26.773 ha excepcionado expresamente -solo para el caso de las prestaciones por gran invalidez, hipótesis ajena al caso de autos- la regla general relativa a que las mejoras prestacionales y los mecanismos de actualización contemplados en la nueva legislación solo se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo (exclusivamente para ese tipo de incapacidades) la aplicación inmediata de la reforma incluso a contingencias ocurridas con anterioridad a su sanción.
En ese contexto y en tanto no corresponde suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa (causa B. 63.568, "García", sent. de 10-VIII-2011; e.o.), no cabe sino concluir que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 apartado 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias "se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010"- no puede interpretarse aislada de la norma del art. 8 del mismo cuerpo legal, que es la que dispone -plasmando una de las innovaciones principales de la ley 26.773 sobre el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo- que las mentadas prestaciones dinerarias por incapacidad permanente se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del referido índice, a cuyos efectos la Secretaría de Seguridad Social "dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
De la interpretación conjunta del sistema de normas en juego, se desprende que la ley 26.773 establece que el monto de las prestaciones por incapacidad correspondientes a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (art. 17 apdo. 5) deben actualizarse semestralmente mediante el índice RIPTE (art. 8), precisando que, para cuantificar inicialmente (esto es, hasta que se implemente definitivamente el mecanismo de ajuste periódico de frecuencia semestral que la ley ordena realizar a la Secretaría de Seguridad Social) esa actualización, debe tomarse en cuenta la evolución del módulo escogido (RIPTE) desde el mes de enero de 2010 en adelante (art. 17 apdo. 6).
Como se observa, ninguna aplicación retroactiva o inmediata de las modificaciones legislativas incorporadas por la reforma surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del caso de las prestaciones por gran invalidez (art. 17 apdo. 7), hipótesis extraña al presente caso.
Por lo demás, refuerza la hermenéutica aludida la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 (B.O., 24-XII-2013).
En la citada resolución se establece -en cumplimiento de la delegación efectuada por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773- el importe actualizado (por la evolución del índice RIPTE desde el mes de enero del año 2010) de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 apdo. 4, LRT), de los "pisos" indemnizatorios de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, ley cit.) y de la compensación adicional por daños no reparados para el caso de muerte o incapacidad total (art. 3 segundo párr., ley 26.773) y, en todos esos casos, la actualización se realiza en períodos a partir del día 26 de octubre de 2012 (arts. 1, 4 inc. "a", 5 inc. "a" y 6 inc. "a", resol. cit.), fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773.
Ello demuestra que el órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias ha interpretado -en línea con lo señalado en el apartado anterior- que a las prestaciones correspondientes a contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiese ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley no les resulta aplicable el mecanismo de actualización reglado por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773. En caso contrario, la resolución citada habría incluido los valores correspondientes a lapsos anteriores al día 26 de octubre de 2012.
III.3.b.iii. A tenor de lo señalado y teniendo en cuenta que, a la fecha en que el tribunal estableció -en conclusión firme- como determinante para definir el régimen jurídico aplicable (7 de junio de 2012), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe casar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en el art. 17 apartado 6 y por aplicación de lo dispuesto en el art. 2 de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 28/15 (respecto del art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557), el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena, como asimismo debe revocarse el indicado pronunciamiento en cuanto ordenó el pago de la indemnización adicional prevista por el art. 3 de dicha ley.
III.4. La parcela de la queja destinada a controvertir la tasa de interés (activa) que dispuso aplicar el tribunal de grado para el caso de incumplimiento en tiempo propio de la condena, resulta inatendible.
El tribunal determinó la aplicación de tal tasa activa para el caso de no cumplirse con la condena en el plazo fijado y no para calcular los intereses moratorios (los cuales fijó a la denominada "tasa pasiva digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires). Ante ello, es claro que varía la naturaleza de los intereses, los que, al ser sancionatorios y no moratorios, no resultan alcanzados por la doctrina que la recurren
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.