Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122494
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
La Plata, 11 de septiembre de 2019.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la excepción de prescripción articulada por las accionadas PABSA S.A. y Mapfre Argentina ART S.A. y rechazó en todos sus términos la demanda interpuesta por Guido Orlando Caballero Fernández por la que se perseguía una reparación integral por daños y perjuicios con motivo del accidente de trabajo denunciado. Asimismo, también desestimó la acción en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivas del despido (v. fs. 940/951 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 953/967), el que fue concedido por el a quo a fs. 969/970.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas. Denuncia la inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y la existencia de cuestión federal.
En lo esencial, denuncia absurdo y controvierte que el juzgador haya tenido por no acreditados los presupuestos de responsabilidad civil de las accionadas. Asimismo, impugna la motivación del fallo en orden a la prescripción, alegando una errónea valoración de la prueba respecto de la fecha de toma de conocimiento y en cuanto a que no se produjeron actos interruptivos de la prescripción. Finalmente, cuestiona la conclusión de grado en torno a la valoración de la injuria.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe destacar, que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 115.569 "Bergna", resol. de 28-XII-2011 y L. 117.738 "Steimberg", resol. de 27-V-2015), razón por la cual la admisibilidad de aquel recurso de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del citado art. 278, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612 "Aranda", sent. de 17-IX-2014 y L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014).
III.3. Sentado lo que antecede, corresponde destacar que el recurrente pretende prescindir del límite económico en la restricción de la admisibilidad (art. 278, CPCC) a la luz de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Strada" (Fallos: 308:490), entre otras. Sin embargo, el tenor del planteo ensayado por el interesado no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal (art. 14, ley 48; causas L. 109.338, "Santillán", resol. de 23-XII-2009 y L. 117.172, "Corvalán", resol. de 5-IV-2013).
Como es sabido, dicho criterio jurisprudencial condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa (como -en el caso- el valor del litigio previsto en el citado art. 278) a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el acceso a esta instancia de embates que porten agravios federales.
Pues bien, el planteo impugnativo introducido en el sub lite no permite considerar que nos hallamos ante una cuestión de las previstas en el art. 14 de la ley 48. Por el contrario, el embate del recurrente se relaciona a la apreciación de los hechos y las pruebas, como así también de interpretación y aplicación del derecho común y procesal local, que resulta ajena a la vía establecida en la citada norma (causas L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009 y L. 121.039, "Juncos", resol. de 27-IX-2017; CSJN Fallos: 310:1545; 325:2192, 1145).
III.4. En consecuencia, la competencia revisora de esta Corte circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014, L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
III.4.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, por cuanto los planteos recursivos propuestos importan la revisión de cuestiones fácticas y probatorias ajenas al acotado margen por el que transita el recurso, como lo son aquellas vinculadas a la configuración de los presupuestos que tornan viable la acción por daños y perjuicios con sustento en el derecho común (causas L. 118.965, "Martínez", resol. de 25-X-2015 y L. 121.355, "Castillo", resol. de 4-VII-2018); a la determinación del punto de partida para el cómputo del curso de la prescripción y su eventual interrupción o suspensión (causas L. 117.224, "López", sent. de 22-IV-2015 y L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016); y las relativas a la configuración o no de injuria legitimante del despido (causas L. 92.088 "Spinelli", sent. de 23-IX-2009 y L. 112.580 "Castillo", res. de 27-IV-2011).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 117.917, "Aranda", resol. de 18-VI-2014 y L. 119.770, "Perelstein", resol. de 26-X-2016), ni las citas jurisprudenciales efectuadas que aluden a presupuestos fácticos distintos a los de las presentes actuaciones (causas L. 116.356 "Izurieta", sent. de 30-X-2013 Y L. 117.361 "López Aguado", sent. de 16-VII-2014).
Por lo demás, cabe recordar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los de otros tribunales no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 115.973, "Salas", resol. de 27-VI-2012; L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014 y L. 119.669, "Civico", resol. de 24-V-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia