Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123149
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 30 de octubre de 2019.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Omar Lescano, y condenó a Galeno ART S.A. a abonar la suma que indicó en concepto de resarcimiento por accidente de trabajo (v. fs. 124/134 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el día 28 de setiembre del año 2016, mientras el actor realizaba sus tareas habituales sufrió un infortunio laboral, por el que resultó incapacitado físicamente en un 10% del índice de la total obrera. Por el contrario, juzgó no demostrada la relación de causalidad entre la minusvalía psíquica que padece y el citado siniestro. Por último, estimó que la alteración funcional del dedo anular izquierdo, de acuerdo a los hechos relatados en demanda, no constituyó un accidente de trabajo asegurable en el marco del art. 6 de la ley 24.557.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 141/150), el que fue concedido por el a quo a fs. 152/153 vta.
En su presentación denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de las normas y la doctrina legal que cita.
Objeta que el tribunal de grado haya rechazado el carácter de laboral del segundo siniestro reclamado, puesto que si el trabajador se volvió a accidentar durante el traslado a su rehabilitación, correspondía que ese hecho deba subsumirse en las previsiones del art. 6 de la Ley de Riesgos de Trabajo, conforme las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 3.326/14 y 1.838/14.
Asimismo, cuestiona la ponderación de la prueba rendida, en particular la pericial médica. Al efecto, manifiesta que el sentenciante se apartó del dictamen del experto, en detrimento de los intereses del trabajador.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Tiene dicho esta Corte que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso, como determinar la existencia y/o mecánica del accidente de trabajo y establecer su relación causal con las dolencias incapacitantes que padece el trabajador, constituyen facultades privativas de los jueces de mérito, exenta de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que las conclusiones establecidas al respecto están invalidadas por absurdo (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014 y L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.152, "Aveggio", resol. de 29-IV-2015; L. 116.196, "Medina", resol. de 6-V-2015 y L. 119.399, "Roh" sent. de 14-VI-2017).
III.2. En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa y, sobre tales premisas, consideró que, a la luz de lo relatado en la demanda, el accidente denunciado por el trabajador -sufrido cuando se dirigía a una sesión de kinesiología que recibía a consecuencia de una contingencia previa- no podía subsumirse en lo prescripto por el art. 6 de la LRT. Asimismo, estimó razonable y justificado apartarse de la pericia médica que dictaminó la existencia de nexo causal entre la dolencia psíquica y el infortunio físico acreditado, por las razones que esgrimió. Sobre tal base fáctica, juzgó que el reclamante carecía de daño derivado de la dolencia analizada.
III.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por el recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2015).
En efecto, se advierte que el interesado en modo alguno controvierte de forma frontal, concreta y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su discrepancia con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010 y L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011).
En este sentido, soslaya el impugnante que el absurdo sólo puede juzgarse configurado si media cabal demostración de su existencia, y no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 118.134, "Vazzarezza", resol. de 20-XI-2014; L. 117.769, "Sandoval", resol. de 17-XII-2014 y L. 118.397, "Masigoge", resol. de 11-II-2015).
Se trasluce entonces, que la argumentación denota, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el sentenciante de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para probar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014).
III.4. Por otra parte, corresponde recordar que en la tarea de ponderar las pericias y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen funciones que le son inherentes, resultando la decisión que adopten ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013 y L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016), que el recurrente no logra evidenciar.
III.5. Resta agregar, que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010 y L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia