Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120707
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.707, "Berger Roberti, Martín Exequiel contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo. Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 242/258 vta.).
Se interpuso, por parte de la letrada apoderada de la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 279/285 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda promovida por el señor Martín Exequiel Berger Roberti y condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar al actor la suma que estableció en concepto de prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, ajustada conforme índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE- (arts. 8 y 17, ley 26.773), con más el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent., fs. 242/258 vta.).
Para así resolver, juzgó probado que el día 3 de agosto de 2012 el demandante sufrió un accidente de trabajo, como consecuencia del cual padece una incapacidad del 5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 243 vta./244 vta.).
Sobre esa base, en la sentencia, teniendo en cuenta la petición actoral formulada en la audiencia de vista de la causa (v. acta de fs. 241), consideró que aunque en el caso la contingencia que diera origen al reclamo era anterior a la entrada en vigencia de la ley 26.773, ésta última normativa resultaba aplicable, en tanto las consecuencias dañosas derivadas del accidente padecido por el trabajador no habían sido reparadas, encontrándose pendiente de cancelación la prestación dineraria (v. sent., fs. 249/251).
Luego, determinó el importe de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 en la suma de $31.555,96 (53 x $4.947,20 x 5% x 65/27), la que ajustó por el índice RIPTE (2,553595), lo que arrojó un importe de $80.592,34, al que adicionó el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $96.710,80 (v. sent., fs. 255 y vta.).
Finalmente, estableció que el monto de condena devengaría intereses, desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días en la variante denominada "digital", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 256).
II. Contra la decisión de mérito, se alza la demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 3 y 622 del Código Civil; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; la ley 26.773 y la doctrina legal que cita (v. fs. 279/285 vta.).
Ensaya los siguientes agravios:
II.1. Cuestiona la decisión de origen, con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773, en tanto vulnera el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil (hoy, art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Alega esencialmente que en tanto el accidente de autos ocurrió el día 3 de agosto de 2012, debió calcularse el importe de la prestación según lo dispuesto por la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09. Denuncia que el fallo vulnera la doctrina legal emergente de la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (v. fs. 280 vta./282).
II.2. Luego, objeta que el tribunal de grado haya aplicado intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva digital fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, argumentando -sin desconocer lo resuelto en el precedente "Zócaro"- que tal definición se aparta de la doctrina que este Tribunal tiene establecida a partir de las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009); entre otras (v. fs. 282/284).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
III.2. Sentado ello, cabe resaltar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial; razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.3. Desde esta perspectiva, con relación al agravio relacionado con la aplicación temporal de la ley 26.773, le asiste razón al impugnante al denunciar la transgresión de la doctrina legal emanada del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (v. rec., fs. 280 vta./282).
III.3.a. En lo que respecta al ámbito temporal de las disposiciones de la ley 26.773 -cuya utilización al caso fue requerida por la parte actora (v. acta de fs. 241)- dije en la causa citada -en el mismo sentido que el resto de los miembros que integran esta Corte- que ese dispositivo legal ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir, además, que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
III.3.b. Sin embargo, ese acierto inicial del recurrente no alcanza a acoger la totalidad de su planteo pues, en mi opinión, la solución de grado debe ser confirmada, aunque como anticipé, por distintos fundamentos.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones por incapacidad laboral permanente parcial reguladas por la ley 24.557, calculadas aun con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, importan una insuficiencia reparatoria que la torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones aun no satisfechas, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo Nacional al expresar en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema" , concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por el señor Berger ocurrió el día 3 de agosto de 2012 y que a más de siete años todavía permanece insatisfecho su derecho a una reparación razonable, la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2009, por insuficiente, es inconstitucional y así debe ser declarado.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio acudir a las pautas tarifarias contenidas en la ley 26.773, por considerar que dicha norma (pese a no ser aplicable atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) provee -en este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
Si mi propuesta fuera compartida, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser -con los alcances indicados- rechazado en esta parcela.
III.4. En cambio, juzgo que corresponde revocar la decisión de grado en cuanto hubo de adicionar la indemnización adicional de pago único a la que alude el art. 3 de la ley 26.773, toda vez que tal resarcimiento ha sido incorporado como compensación por un régimen legal que, conforme lo expuse líneas arriba, resulta aplicable a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En el caso, sólo corresponde ajustar, por los motivos que desarrollé anteriormente, la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva (art. 14 apdo. 2 inc. "a", LRT), a cuya percepción tenía derecho el actor al momento de sufrir el infortunio.
III.5. Finalmente, cabe desestimar la impugnación orientada a controvertir la tasa de interés cuya aplicación se dispuso en el fallo en crisis.
Conforme se desprende de la reseña inicial, el juzgador de origen dispuso que los intereses se liquidarían desde la fecha en que se produjo el accidente, hasta el efectivo pago conforme la que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días en la variante denominada "digital" (v. sent., fs. 258).
Sin perjuicio de que no he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal en materia de tasa de interés actualmente vigente en el fuero, toda vez que, como reiteradamente lo he expresado, la ley 14.399 es -en mi opinión- constitucional y, por ende, aplicable en casos como el presente, el modo como ha quedado resuelta la cuestión en la instancia anterior -consentido por la parte actora- y el principio que veda la reformatio in pejus determinan que deba analizar la supuesta infracción de doctrina legal denunciada por el Fisco provincial.
En ese contexto, no encuentro que tal transgresión se haya configurado en la especie, habida cuenta de que el tribunal de origen aplicó la tasa pasiva en una de sus variantes posibles, esto es, la que paga el Banco provincial en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "digital", decisión que -además- se ajusta a lo resuelto por esta Suprema Corte -por mayoría en la que no participé- en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, en cuanto precisó que corresponde la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto condena a la demandada al pago de la indemnización adicional de pago único a la que alude el art. 3 de la ley 26.773.
Los autos deberán volver al tribunal de origen, a fin de que practique nueva liquidación, con arreglo a lo que aquí se decide.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. De manera liminar, se impone señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
I.2. Comparto lo expuesto por el doctor Negri en el punto III.2. de su voto.
I.3. En este contexto, advierto que en el tramo del recurso destinado a impugnar la aplicación de la ley 26.773, el quejoso denuncia la violación de doctrina legal que resulta idónea para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por conducto de la excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.653 (v. rec., fs. 280 vta.).
Como tuvo oportunidad de resolver esta Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) -en el que adherí al voto emitido por el doctor Genoud-, resulta indudable que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. En este escenario cobran virtualidad los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos al ámbito de aplicación temporal de los decretos 1.278/00 y 1.694/09, antecesores de la ley que aquí es motivo de análisis.
I.4. En cambio, distinta es la suerte que habrá de correr el embate por el cual se pretende la aplicación de la tasa de interés pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires al capital de condena establecido.
Ello así, toda vez que este Tribunal ha sentado criterio, por mayoría que conformé, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), estableciendo que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. y 7 y 10, ley 23.928 y modif.). En consecuencia, la parcela de la decisión cuestionada, encuentra debido sustento en doctrina legal de esta Corte.
II. Por las razones dadas, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó al capital de condena el mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, así como el adicional del art. 3 de dicha normativa, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con los alcances expuestos, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Negri en el punto III.2. del sufragio que abre el acuerdo y al punto I.1. del voto del doctor Soria.
II. En lo concerniente al agravio vinculado a la aplicación efectuada por el a quo del mecanismo de actualización contemplado en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, lo haré en atención a las siguientes consideraciones.
II.1. En el precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aún a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme a la doctrina legal emergente de la citada causa L. 118.695, en la que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
II.2. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fech
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