Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121164
En la ciudad de La Plata, a 27 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Kogan , Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.164, "Cardozo, Silvio contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda interpuesta e impuso las costas al actor (v. sent., fs. 385/392).
Se dedujeron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 474/483 y 484/493).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 474/483?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de fs. 484/493?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda incoada por el señor Silvio Cardozo contra la Provincia de Buenos Aires, por la que procuraba el cobro de una indemnización integral -con sustento en las disposiciones del Código Civil- con motivo de las enfermedades que denunció haber contraído a consecuencia de las tareas desarrolladas para su empleadora durante el transcurso de la relación laboral.
Resolvió de tal manera, en tanto juzgó no acreditado el nexo causal o concausal entre la minusvalía derivada de las afecciones que padece y las labores desarrolladas (v. sent., fs. 385/392).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, absurdo, violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 31 y 108 de la Constitución nacional; 10, 11, 12 inc. 4, 39 inc. 3, 57 y 168 de la Constitución provincial; 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 6 de la ley 24.557; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 24 del Pacto de San José de Costa Rica; 20 de la ley 20.744; de los principios de congruencia e igualdad y de la doctrina legal que cita (v. fs. 474/483).
Expone los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, sostiene que el pronunciamiento de grado no abordó una cuestión propuesta en la demanda (v. fs. 9 vta.), cual es la pretensión -formulada en forma subsidiaria- dirigida a obtener el pago de la indemnización tarifada prevista en la ley 24.557 (v. fs. 475/478).
Afirma que, por tratarse la omisión de una cuestión trascendente expresamente reclamada, su exclusión en la sentencia constituye una incongruencia que conlleva a la nulidad del fallo.
En otro orden, manifiesta que el actor ha sido víctima de un trato desigual, toda vez que, a diferencia de lo sucedido en autos, en otro expediente judicial que identifica -y que según aduce resulta análogo al presente- el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción reparatoria de la mentada normativa.
II.2. Seguidamente, señala que, de corresponder la aplicación de la ley 24.557, debe condenarse a la demandada a pagar la prestación sistémica como consecuencia de la incapacidad generada por la hipoacusia perceptiva bilateral que padece el legitimado activo (v. fs. 478/481).
Arguye que, en tanto la afección hipoacusia perceptiva bilateral ha sido incluida en el listado de enfermedades del trabajo a partir de la sanción del decreto 658/96, la misma es atribuible a la patronal, por lo que toda decisión en contrario es arbitraria.
Objeta, asimismo, que el juzgador de origen violó las prescripciones contenidas en la norma del art. 22 inc. "b" de la ley 9.688 -modificada por ley 23.643-, al no tener en consideración para resolver la controversia que la accionada no demostró que a su ingreso Cardozo padeciera de una incapacidad no menor al 35%. En efecto -alega-, ésta nunca acompañó el examen preocupacional, ni su legajo médico, ni los exámenes periódicos realizados al trabajador; así como tampoco probó tener un servicio de medicina del trabajo conforme lo estipula el art. 151 del decreto 351/79, ni aportó constancias escritas sobre medidas preventivas tendientes a evitar enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
Expresa que en virtud de estos cuestionamientos se exhibe manifiesto el absurdo en el que incurrió el tribunal de grado al apreciar los elementos de juicio obrantes en la causa e imponiendo a la parte actora la carga de la prueba del nexo causal de sus afecciones con las labores desarrolladas.
II.3. Finalmente, cuestiona que se le hayan adjudicado las costas, toda vez que considera que su imposición -cuando se goza del beneficio de gratuidad- vulnera el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 481/483).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar considero insuficiente la parcela del recurso en la que se afirma que el tribunal omitió analizar el planteo -en subsidio- de la aplicación de la ley 24.557.
Ante el tenor del embate, corresponde resaltar, de un lado, que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas a la omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas, pues tales alegaciones constituyen materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 108.439, "Careri", sent. de 4-VII-2012; L. 111.692, "Tersiese", sent. de 6-III-2013; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016; e.o.).
De otra parte, debe resaltarse que el interesado no ha denunciado la existencia de absurdo -concretamente- en la interpretación del contenido del escrito de la demanda, lo que sella la suerte adversa del agravio sub examine .
En ese orden, esta Corte ha declarado que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la definición de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en casación en la medida que se denuncie (sin que tal denuncia esté sujeta a requerimientos sacramentales, según mi voto en L. 94.532, "Zerbo", sent. de 29-II-2012) y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 36.452, "Montañez", sent. de 19-VIII-1986; L. 42.917, "Pizzo", sent. de 21-XI-1989; L. 87.545, "G., A. O.", sent. de 27-III-2008 y L. 104.679, "Chaparro", sent. de 10-VI-2015), carga que no se ha cumplido en la especie.
III.2. Luego, y más allá de lo resuelto en el apartado anterior, aun en una mejor hipótesis para el recurrente de no tratar el reclamo por las pretensiones dinerarias de la ley 24.557 realizado subsidiariamente, resulta improcedente el agravio deducido respecto a la pretensión de reparación de la incapacidad producida por la hipoacusia perceptiva bilateral, atento su marcada insuficiencia.
III.2.a. A partir del análisis de la prueba testimonial y de los peritajes médico y técnico, el tribunal a quo tuvo por acreditado que el actor padece una hipoacusia perceptiva bilateral; sin embargo, determinó que no se había demostrado en autos que dicha afección presente vinculación causal o concausal con su trabajo (v. fs. 389 y vta.).
En tal sentido, afirmó que dado el juicio de probabilidad emitido por el perito médico, debió demostrar el señor Cardozo que cumplió funciones en el polígono de tiro y que estuvo sometido durante su desempeño a ambiente ruidoso en forma constante y en períodos largos para configurarse en agente nocivo causante de la afección (v. fs. 385 vta./386 vta.). Esta última circunstancia el sentenciante la tuvo por no probada habida cuenta de que de la experticia técnica se desprende que el actor no había estado sometido en forma constante durante su jornada laborable a niveles elevados de ruidos (v. fs. 387 y vta.).
Luego, para concluir, apreció que ambos informes periciales fueron consentidos por la parte actora al no realizar impugnación alguna sobre los mismos (v. fs. cits.).
III.2.b. Dable es recordar -conforme lo ha declarado reiteradamente esta Corte- que determinar si existe relación causal o concausal entre las tareas desempeñadas por el trabajador y la dolencia que lo afecta y -en general-, el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado (causas L. 95.205, "Macías", sent. de 22-XII-2008; L. 95.659, "Feliciotti", sent. de 28-V-2010; e.o.). Las decisiones que sobre el particular se adopten no pueden revisarse en esta sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo en la labor axiológica de los magistrados, que debe ser fehacientemente demostrado por quien lo invoca.
Ello exige la verificación del error grave, grosero y fundamental concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que surgen de la causa (causas L. 75.525, "La Bella", sent. de 2-X-2002; L. 83.795, "Andiarena", sent. de 1-III-2006; L. 105.345, "Sack", sent. de 24-VIII-2011; L. 105.051, "Tusq", sent. de 5-X-2011; L. 97.480, "Maciel", sent. de 9-V-2012; e.o.).
Bajo esas directrices, he de anticipar que si bien el recurrente alega el mentado vicio, no consigue evidenciarlo.
III.2.c. En efecto, en su discurrir, el agraviado no se hace cargo de descalificar los elementos de juicio que el sentenciante hubo de ponderar al pronunciarse por la inexistencia de vinculación causal de la afección con las tareas desarrolladas en el ámbito laboral.
Cabe resaltar, al respecto, que la evaluación de la prueba pericial, como la eficacia que se adjudique a las conclusiones del experto, constituyen facultades privativas de los jueces de la causa, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 99.486, "Nuñez", sent. de 13-IV-2011; L. 114.540, "Celendaro", sent. de 12-VI-2013; e.o.), vicio que -como se dijo- no evidencia el interesado a través de la exposición de su criterio particular y discordante con el del juzgador de origen, sin demostrar por qué media error en el modo como el tribunal a quo resolvió la controversia (causas L. 92.421, "Aranguren", sent. de 2-VII-2008 y L. 94.481, "Villalba", sent. de 15-VII-2009).
En definitiva, las argumentaciones del quejoso transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin lograr obtener una modificación de lo decidido.
Para más, centrada la controversia en la determinación de la inexistencia de vinculación causal entre las tareas prestadas por el actor y las incapacidades que porta, la insuficiencia del recurso queda expuesta, además, ni bien se repara en la falta de denuncia de transgresión del precepto normativo vinculado a la solución alcanzada en la instancia de grado, esto es, el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 161 apdo. 3 inc. "a", Const. prov.; causas L. 76.303, "Abasto", sent. de 4-XII-2002; L. 90.807, "Piacentini", sent. de 9-VIII-2006 y L. 101.534, "Rodríguez", sent. de 15-VII-2009).
Asimismo, he de agregar que carece de entidad para revertir el fallo el hecho de que no se hubiere aportado a la causa el examen preocupacional practicado al actor, dado que si no se ha acreditado por otros medios el nexo causal entre la enfermedad y el trabajo, la apuntada circunstancia no es en sí misma demostrativa de la incidencia laboral en el origen o desarrollo de la dolencia denunciada (causas L. 88.561, "Pérez", sent. de 7-III-2007; L. 95.476, "Mendoza", sent, de 26-XI-2008; L. 97.860, "P., S. M.", sent. de 10-II-2010 y L. 106.590, "Bragini", sent. de 30-XI-2011).
Por lo demás, cabe aclarar que la doctrina legal cuya violación denuncia el apelante no es de aplicación en el sub judice, atento a que contempla circunstancias fácticas distintas al caso de autos.
III.3. Finalmente, no es de recibo la impugnación vinculada con las costas que le fueron impuestas al actor.
Esta Corte ha dicho que la imposición y distribución de las costas constituye una típica cuestión privativa de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, que sólo se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 89.615, "Ortigosa", sent. de 28-V-2008; L. 98.143, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-III-2009; L. 104.061, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 5-V-2010 y L. 102.828, "Yungblut", sent. de 5-XII-2012), anomalías estas que ciertamente no se observan en el pronunciamiento impugnado. En consecuencia, teniendo en cuenta que el fundamento de la condena en costas, en el art. 19 de la ley procesal del fuero, radica en el hecho objetivo de la derrota, no puede la parte, que resultó incuestionablemente vencida, agraviarse sobre su imposición (causas L. 48.185, "Strinatti", sent. de 10-III-1992; L. 59.294, "Laurito de Ramo", sent. de 1-IV-1997; L. 60.145, "Gómez", sent. de 2-XII-1997 y L. 71.437, "Raschetti", sent. de 20-XII-2000).
Por último, cabe destacar que en nada obsta a lo expuesto la referencia que formula el recurrente en orden a que el accionante se encuentra amparado por el "principio de gratuidad", pues -contrariamente a lo que sostiene el quejoso, quien parece confundir las normas que regulan la imposición de las costas con la operatividad del beneficio de gratuidad consagrado en la ley procesal laboral- dicho beneficio no impide la imposición de costas al vencido, sino que sus efectos sólo se proyectan de pleno derecho como una eximente de pago hasta que se mejore de fortuna (causas L. 101.639, "Palavecino", sent. de 22-XII-2010; L. 101.820, "Palavecino", sent. de 29-VI-2011 y L. 103.580, "Sánchez", sent. de 14-XII-2011).
IV. Por consiguiente, corresponde rechazar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Los variados reproches que trae el recurrente referidos a la pretensión que con fundamento en la ley 24.557 habría introducido la parte actora deben ser desestimados en tanto -conforme el diseño de la impugnación- suponen examinar una liminar denuncia que resulta ajena al medio de impugnación deducido, como lo indica mi distinguido colega doctor de Lázzari en el segundo párrafo del punto III.1. de su sufragio, que en este aspecto comparto.
I.2. Sentado lo anterior, adhiero a las consideraciones que brinda el colega ponente en el punto III.2. de su opinión para destacar la insuficiencia de los argumentos que ensaya el quejoso con la finalidad de evidenciar el vicio de absurdo que invoca.
I.3. En orden a las costas, suscribo sin más lo dicho en el voto inaugural.
II. Luego, cabe desestimar el medio de impugnación conforme se resuelve en el apartado final del sufragio que abre este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de grado, en lo que aquí interesa, tras desestimar en lo sustancial la demanda interpuesta, impuso las costas a la parte actora en su calidad de vencida (conf. art. 19, ley 11.653; v. sent., fs. 391).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Provincia de Buenos Aires denuncia absurdo y la violación de los arts. 16, 23 y 58 del decreto ley 8.904/77; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1.627 y concordantes del Código Civil velezano; 1 del decreto ley 2.125/62; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina que cita (v. fs. 484/493).
Controvierte la regulación de honorarios de los peritos que intervinieron en el proceso -un médico, un técnico y un contador-, pues al ser realizada tomando en consideración el importe reclamado en la demanda, considera que la misma resulta absurda y confiscatoria, conculcando la garantía de propiedad.
Aduce que el fallo se aparta de la doctrina delineada por esta Corte en las causas Ac. 49.172, "Guzmán de Altamirano", sentencia de 12-IV-1994; L. 75.889, "Poma Cerrunda", sentencia de 25-XI-2009 y C. 86.346, "Calleri", sentencia de 26-IX-2007; entre varias que cita.
Afirma que el presente caso deviene absurdo por cuanto a la demandada le hubiera convenido perder el pleito por el monto que razonablemente hubiera prosperado la acción, que ganarlo.
Con esa premisa, señala que, en supuestos como el de autos, para establecer la base regulatoria, el tribunal de grado no tenía que ceñirse necesaria y dogmáticamente al capital reclamado, pues -según se desprende de los aludidos precedentes- ello trae aparejado que la finalidad perseguida por el art. 23 del decreto ley 8.904/77 se vuelva en contra del vencedor de la contienda -extremo que acontece cuando se conjugan en la causa la situación que otorga el beneficio de litigar sin gastos y la "solidaridad" del art. 58 del mismo cuerpo legal-, lo cual ha sido reputado por esta Suprema Corte como irritante. Postula, en cambio, que el sentenciante debió tener en cuenta el monto que se hubiere reconocido en el fallo, en caso de admitirse la acción.
III. El recurso debe prosperar.
III.1.a. Inicialmente, ha de señalarse, en lo vinculado con el recaudo del depósito previo, que el recurso ha sido bien concedido, pues esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014) resolvió -por mayoría que integré- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, que consagra la eximición de su cumplimiento al Fisco provincial.
III.1.b. Luego, cabe advertir que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010), de modo que la admisibilidad del remedio procesal deducido únicamente podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1.c. En consecuencia, la función casatoria queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 106.723, "Gómez", sent. de 13-VI-2012; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012; L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; e.o.).
III.2. Asiste razón al recurrente en cuanto aduce transgredida la doctrina legal de este Tribunal (art. 279, CPCC).
III.2.a. La parte actora promovió demanda mediante la que pretendía la reparación integral -con sustento en el derecho común- de las afecciones invalidantes que padece, reclamando la suma de $950.000 (v. fs. 35 vta.), la cual fue desestimada (v. sent., fs. 389 y vta.).
Sobre el capital peticionado, el tribunal de origen practicó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, fijando los estip
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.