Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122665
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 27 de noviembre de 2019.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda incoada por Maximiliano Hugo Suarez y, en consecuencia, condenó solidariamente a Galeno ART S.A. y Papelera Santa Ángela S.A.I.C.I.F.A. a abonar la suma que especificó en concepto de reparación integral con sustento en el derecho común (v. fs. 578/591 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que el accidente padecido por el actor se produjo por una cosa riesgosa propiedad de la empleadora, como así también que ésta había actuado de manera negligente al no observar las normas de seguridad e higiene.
Asimismo, consideró configurada la responsabilidad civil de la aseguradora, por haber incurrido en un total incumplimiento de las obligaciones de prevención y control establecidas en la ley 24.557.
II. Frente a lo así resuelto, la codemandada Galeno ART S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 600/607 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 615 y vta.
Denuncia absurdo en la valoración de las pruebas y la violación de diversas normas y del principio de congruencia.
Se agravia de la condena civil impuesta, en tanto entiende que la responsabilidad de las aseguradoras se encuentra limitada al cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de afiliación celebrado en los términos de la ley 24.557, no siendo la eventual omisión de su deber de vigilancia o de seguridad causa adecuada o condición relevante del resultado dañoso.
Afirma que no se probaron incumplimientos de su parte, ni se verificó la necesaria relación de causalidad entre el daño y el acto omisivo que se le imputa.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. No le asiste razón a la compareciente en cuanto sostiene que no se la puede responsabilizar civilmente por hallarse su obligación limitada únicamente a las prescripciones de la citada ley 24.557.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control, ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sent. de 25-XI-2009, en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014, en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otros/ daños y perjuicios", sent. de 31-III-2009 y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil", sent. de 26-III-2013.
III.1.b. Por otra parte, cabe recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujeto pasivo de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquéllas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017 y L. 120.712, "Perata", resol. de 15-XI-2017).
III.2. Finalmente, esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, es una cuestión privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013 y L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
En el caso, el tribunal de grado juzgó demostrada la existencia del daño sufrido por el trabajador, como consecuencia de una cosa riesgosa o viciosa propiedad del principal, ubicada en el lugar de tareas. Además, tuvo por acreditado que la empleadora incumplió con las normas de higiene y seguridad a su cargo, como así también, la omisión de la aseguradora en el control legal correspondiente, a fin de prevenir eficazmente los riesgos, estableciendo programas de reducción de la siniestralidad, un plan de mejoramiento, y el control adecuado de las máquinas utilizadas en la empresa accionada, máxime cuando la propia aseguradora había calificado a la Papelera Santa Ángela S.A.I.C.I.F.A. como un establecimiento con alta siniestralidad.
En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar las esenciales motivaciones del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió apreciar la prueba aportada al proceso, soslayando que el aludido absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 120.712, cit.).
III.3. Cabe agregar, que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 94.066, "Villegas", sent. de 3-VI-2009; L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010 y L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
III.4. Tampoco se observa la concurrencia del déficit denunciado respecto del principio de congruencia.
Ello así por cuanto éste importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 97.413, "Di Filippo", sent. de 26-X-2010 y L. 107.944, "Maldonado", sent. de 5-XII-2012), situación que no concurre en el caso.
Por el contrario, de la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 91.352, "Diarte", sent. de 28-V-2010 y L. 118.176 "Riquel", resol. de 12-XI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia