Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123904
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art.289, CPCC).
La Plata, 18 de diciembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de instancia de la acción promovida por Valentín Ernesto González contra Galeno ART S.A. en cuanto procuraba las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo (v. fs. 231/232 vta.).
Para así decidir, tuvo en cuenta el notorio desinterés evidenciado por el actor en proseguir con la causa aun habiendo sido intimado a producir actividad procesal útil. Ello así, pues, atento al estado de las actuaciones, el escrito presentado por el interesado solicitando se fije fecha para la realización de la audiencia de vista de la causa resultaba ineficaz para el avance del proceso.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-IV-2019), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 235 y vta.
En su presentación denuncia arbitrariedad de sentencia y violación de las normas y de la doctrina legal que cita. En sustancia, se agravia por entender que el hecho de haberse impulsado el proceso por medio de la presentación electrónica de fecha 20-II-2019, imposibilitó que se configurara la caducidad de la instancia.
III. El recurso no puede prosperar.
Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del citado art. 278, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612 "Aranda", sent. de 17-IX-2014 y L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014).
III.2. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor del litigio y rechazado el cuestionamiento constitucional de las normas que regulan los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, su examen -como se dijo- sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, en un caso similar (causas L. 116.489, "Garmendia" resol. de 30-V-2012; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013 y L. 117.282 "Brizuela", resol. de 12-VI-2013).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 115.015, "Acevedo", resol. de 10-VII-2013; L. 118.307, "Flores", resol. de 26-III-2015; L. 118.654, "Ministerio de Trabajo", resol. de 3-VI-2015; L. 118.996, "Cabaña", resol. de 28-X-2015; L. 120.507, "Mereles", resol. de 7-VI-2017 y L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018).
Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 114.396, "Navarro", sent. de 25-IX-2013; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015 y L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art.289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia