Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122904
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con relación a los agravios tratados en los puntos III.1. y III.3. en tanto han sido insuficientemente fundados y el abordado en el punto III.2. ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
La Plata, 18 de diciembre de 2019.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Jorge Hernán Conti y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de reparación integral de los daños y perjuicios reclamados, con fundamento en el derecho común, con motivo de la minusvalía que padece por el accidente de trabajo sufrido mientras prestaba servicios como oficial de policía. Sobre dicha suma, aplicó intereses a la tasa pasiva digital ofrecida a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 580/596 vta.).
Para así resolver, juzgó que el actor -efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires-, el día 4 de marzo de 2014 intervino en un tiroteo, a consecuencia del cual sufrió un impacto de bala que ingresó a la altura de la axila; ello, en virtud de que el chaleco que llevaba puesto le quedaba grande. En consecuencia, considerando que la acción se sustentaba en el derecho común, y había sido dirigida exclusivamente contra su empleadora, en carácter de autoasegurada, concluyó que correspondía condenarla a una reparación integral, con sustento en los arts. 512, 1.078, 1.109 y 1.113 del Código velezano.
II. Frente a lo así resuelto, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 619/627 vta.), el que fue concedido a fs. 629/630 vta.
En su presentación denuncia absurdo en la valoración de las pruebas y la violación de las normas y la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, se agravia de la supuesta aplicación retroactiva de la ley 26.773 y del modo de utilización del índice RIPTE (v. fs. 620 vta./624).
II.2. Luego, objeta la tasa de interés aplicada, alegando que vulnera la doctrina sentada, entre otras, en las causas "Ginossi" y "Abraham" (v. fs. 624/625 vta.).
II.3. También alega absurdo en la valoración de la prueba, porque entiende que no está acreditado el nexo de causalidad entre la dolencia del accionante y "la caída" (v. fs. 626), así como tampoco las supuestas omisiones en que habría incurrido la aseguradora (v. fs. 626 vta.).
II.4. Por otro lado, impugna el monto de condena, porque entiende que la fórmula utilizada por el tribunal para el cálculo de la indemnización produce un claro efecto indexatorio (v. fs. 627).
II.5. Finalmente, cuestiona que se le impusiera las costas del rechazo de la defensa de prescripción.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En lo que respecta a los agravios desarrollados en los puntos II.1, II.3 y II.5, se impone señalar que la postulación recursiva parte de afirmaciones erróneas.
III.1.a. En efecto, en lo tocante a la aplicación retroactiva de la ley 26.773 y la desacertada utilización del índice RIPTE, cabe destacar que, aun cuando conforme surge de las constancias de la causa, la referida norma se hallaba vigente al tiempo del accidente de marras, cierto es que la acción se fundó, tal como lo interpretó el juzgador de origen, en el derecho común, y la Provincia fue condenada únicamente a una reparación integral con sustento en los arts. 512, 1.078, 1.109 y 1.113 del Código velezano.
III.1.b. En cuanto a las afirmaciones vinculadas con el nexo de causalidad y las supuestas omisiones de la aseguradora, corresponde indicar que no se hallaba discutido que el siniestro por el que se reclama no es consecuencia de una caída, como sostiene la interesada, sino de un disparo recibido por el actor en un enfrentamiento con delincuentes, mientras se hallaba en servicio, sumado a que Provincia ART S.A. no fue parte en el proceso, sino que la acción fue dirigida exclusivamente contra la empleadora autoasegurada.
III.1.c. Por último, contrariamente a las disquisiciones de la recurrente, en ningún momento en estas actuaciones la parte interesada dedujo, ni se resolvió por el juzgador, defensa de prescripción alguna.
III.1.d. De lo expuesto, se desprende que el compareciente formula una crítica que se exhibe disociada del razonamiento seguido en el fallo, habida cuenta de que se desentiende de los términos en los que el tribunal de origen examinó la controversia y evaluó la prueba producida, sin concretar una réplica idónea para obtener la modificación de lo resuelto al respecto.
Ello revela que en modo alguno pueden adjudicársele al juzgador de grado las incorrecciones que denuncia la interesada, resultando en tales condiciones de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuya argumentación parte de una premisa errónea, transitando de tal modo por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 116.617, "Clerici", sent. de 11-IX-2013; L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013; L. 118.864, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015 y L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019).
Además, esta Corte tiene dicho que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos sobre los que se asienta la sentencia. Esa función no es cumplida con la sola invocación a determinadas normas legales, si en esa operación se sustrae, justamente en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (causas L. 96.777, "Chazarreta", sent. de 7-X-2009 y L. 104.392, "Fiorentino", sent. de 10-VIII-2011).
III.2. Tampoco puede prosperar la crítica por la que se cuestiona la tasa de interés pasiva, en su variante denominada "digital", aplicada por el tribunal de grado al capital de condena.
Al respecto, corresponde destacar que en la causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016, esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016; L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016 y L. 119.603, "QUETGLAS", sent. De 6-XI-2019.
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
III.3. Finalmente, también debe ser desestimado el agravio por el que se objeta el monto de condena.
Sabido es que la determinación del quantum resarcitorio, en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común, constituye, por regla, una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y, como tal, ajena al ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo absurdo (causas L. 107.730, "Medina", sent. de 30-X-2013; L. 117.226, "Guajardo", sent. de 25-II-2015 y L. 120.862, "Amarilla", resol. de 27-XII-2017), vicio que, en este tramo de la impugnación, siquiera ha sido denunciado por el recurrente.
Desde esa óptica, se advierte que el embate introducido no contiene un desarrollo argumental idóneo, en tanto soslaya formular una réplica eficaz de las motivaciones esenciales esgrimidas respecto del tópico (art. 279, CPCC).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso, y mantener el pronunciamiento de grado en lo que fue motivo de agravio. Con costas (art. 289 CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que me anteceden, y respecto de lo resuelto en el punto III.2. remito -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sents. de 31-X-2016 -entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por ello, esta Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con relación a los agravios tratados en los puntos III.1. y III.3. en tanto han sido insuficientemente fundados y el abordado en el punto III.2. ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia