Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121440
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 12 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.440, "Teiseira, María Rosa contra Dirección General de Cultura y Educación y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 272/281).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 286/291).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la acción promovida por María Rosa Teiseira y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que estableció en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias contempladas en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 (v. fs. 272/281).
Para así decidir, juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido por la actora el día 30 de mayo de 2008, ésta padece una incapacidad del 60,83% del índice de la total obrera.
Asimismo, en lo que interesa por ser materia de agravio, tuvo por probado que el valor mensual del ingreso base, calculado con arreglo a los haberes sujetos a aportes y contribuciones, tal como lo prescribe el art. 12 de la ley 24.557, fue de $4.500,66 (v. vered., fs. 272 vta.).
Luego, el a quo estableció que, para subsanar la situación de iniquidad provocada por la omisa consideración de los incrementos salariales evidenciados entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la de fijación de la incapacidad por parte de la Comisión Médica, correspondía revalorizar el ingreso base mensual por aplicación del índice RIPTE (sigla que significa "Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables") previsto por la ley 26.773 y, una vez efectuada tal operación, cuantificar la prestación dineraria y, en su caso, determinar las diferencias.
Para fundar dicha conclusión, juzgó que era una solución justa y equitativa aplicar un mecanismo correctivo que subsane tal situación de iniquidad, y que el RIPTE es un índice elaborado y publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que refleja las remuneraciones promedio de los trabajadores comprendidos en el sistema jubilatorio y que presenta la ventaja de ser el único índice propio e interno del sistema, y no estar distorsionado por variaciones normativas, de metodología, administrativas o estacionales, entendiendo que utilizar una serie de variables sensibles a alteraciones exógenas al sistema y al equilibrio intertemporal, resultaría escasamente adecuado (v. sent., fs. 275 vta.).
En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de mayo de 2008 (272,43) y abril de 2012 (683,89), arrojaba un coeficiente de 2,510, declaró procedente recomponer el valor mensual del ingreso base -de $4.500,66, determinado así en función del art. 12 de la ley 24.557- calculado a la fecha de la primera manifestación invalidante, estableciéndolo en la suma de $11.296,65 (2,510 x $4.500,66). Luego, utilizó tal parámetro como uno de los factores integrantes de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la misma ley para fijar el importe de la prestación dineraria de pago único allí establecida en $438.392 (53 x $11.296,65 x 1,203 x 60,83%), del que correspondía deducir los $73.674 oportunamente cobrados por la actora.
A ese resultado añadió la cifra de $30.000 en concepto de prestación adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557, arribando a un total de condena de $394.718 (v. sent., fs. 276 vta.).
Seguidamente, señaló que ese monto superaba el límite cuantitativo establecido en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 ($180.000 por el porcentaje de incapacidad). Al respecto, sostuvo que resultaba ostensible que la limitación allí dispuesta traducía, en el caso, una sustancial disminución del importe indemnizatorio que correspondía a la trabajadora de conformidad con el salario percibido, menguando de tal modo su nivel de ganancia, circunstancia que patentiza la desnaturalización del derecho que supuestamente intenta resguardarse y, por ende, la falta de adecuación de la norma a los fines que debía consagrar.
En tales condiciones, declaró la invalidez constitucional del tope previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, por contravenir los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador; v. fs. 276 vta./277 vta.).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha del dictamen de la Comisión médica, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema de "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 278 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 44 inc. "d", 47 y concordantes de la ley 11.653; 12, 14 apartado 2 inc. "a" y concordantes de la ley 24.557; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 3 y concordantes del Código Civil (ley 340); 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10 de la ley 23.928; 14 bis, 19, 28, 75 incs. 22 y 23 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 286/291).
Se opone a la definición que incrementó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida a la actora en la sentencia. Sostiene, en este sentido, que el tribunal de trabajo ha revalorizado el ingreso base mensual al que hace alusión el art. 12 de la ley 24.557, valiéndose de una normativa -arts. 8 y 17 apartado 6, ley 26.773- que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por la trabajadora, transgrediendo así no sólo el principio de irretroactividad de las leyes consagrado por el art. 3 del Código Civil (actual art. 7, conf. ley 26.994, B.O., 8-X-2014), sino además su derecho constitucional de propiedad.
Alega que lo resuelto se aparta de la doctrina establecida por esta Suprema Corte en la causa "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Finalmente, afirma que la sentencia incurre en una actualización de créditos, violando -de este modo- las leyes 23.928 y 25.561 y lo resuelto por esta Corte en la causa B. 49.193, "Fabiano", entre otras.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el remedio extraordinario ha sido bien concedido. Esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015 y L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
III.2.a. Observo, al empezar, que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010), de modo que la admisibilidad del remedio procesal deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2.b. Sentado ello, debe prosperar la crítica mediante la que se cuestiona la aplicación, al caso, del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, a fin de calcular el ingreso base mensual.
En el precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 he plasmado mi postura propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que, con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Con sujeción a tales directrices, y teniendo en cuenta que a la fecha de la primera manifestación invalidante (mayo de 2008), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que el art. 17 apartado 6 de dicho texto legal no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa norma, el valor del ingreso base mensual y por su conducto, el importe de la prestación dineraria prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (causas L. 119.897, "D'Amato", sent. de 22-VIII-2018; L. 120.239, "Portillo", sent. de 28-XI-2018 y L. 120.782, "Ramírez", sent. de 20-II-2019).
IV. Por las razones dadas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto juzgó aplicable el mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773.
Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor de Lázzari en los puntos III.1. y III.2.a. de su sufragio.
I.2. En cuanto al agravio que porta el recurso, comparto la solución a la que arriba mi distinguido colega en su voto inaugural, ello, a tenor de lo resuelto por este Tribunal -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), cuyos fundamentos, a los que remito, se encuentran en línea con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
II. En virtud de lo expuesto, el recurso prospera en los términos establecidos en el apartado final del voto emitido en primer término.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1. En primer lugar, adhiero a lo manifestado por el doctor de Lázzari en los puntos III.1. y III.2.a. de su voto.
I.2. Luego, en relación al agravio dirigido a controvertir la aplicación al caso de la ley 26.773, comparto la solución brindada por el citado colega en su propuesta, en tanto se condice con la postura que asumí en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en donde adherí a la opinión del doctor Genoud.
II. Por todo ello, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, conforme lo expuesto en el punto IV del voto que abre el acuerdo.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el colega doctor de Lázzari en los puntos III.1. y III.2.a. de su voto.
I.2. Luego, en el marco que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, estimo que el recurso satisface los recaudos de una adecuada fundamentación, por lo que debe rescindirse la aplicación al caso de la ley 26.773, dado los lineamientos que emanan del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), cuya infracción esgrime la interesada y al que remito por motivos de celeridad.
II. En tales condiciones, corresponde declarar procedente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con los alcances establecidos en el punto IV del sufragio que inicia el acuerdo.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia