Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120994
En la ciudad de La Plata, a 19 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.994, "Heitt, Walter Omar contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 989/1.003).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.008/1.016 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo acogió la pretensión deducida por el señor Walter Omar Heitt y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557. Asimismo, ordenó a la accionada abonar el importe que determinó para los gastos por tratamiento psicológico al que debía someterse el demandante (v. fs. 989/1.003).
Para así decidir, juzgó acreditado que el día 18 de junio de 2012 Heitt sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba servicios para la Policía de la Provincia de Buenos Aires que le produjo un importante traumatismo en su tobillo. Puntualizó, con apoyo en la prueba pericial médica y psicológica, que el actor como consecuencia de ello, sufre una limitación funcional de su movilidad y distintas alteraciones anatómico-funcionales que lo incapacitan en un 30,48% del índice de la total obrera (correspondiendo el 6,48% a los factores de ponderación del dec. 659/96) y que también padece una reacción vivencial anormal neurótica grado III, que requiere de tratamiento psicoterapéutico, que le causa una minusvalía del 20%. En consecuencia, determinó que la incapacidad psicofísica que porta el trabajador asciende al 50,48% del índice de la total obrera.
Por otra parte, desestimó la acción mediante la cual había reclamado -con fundamento en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil- la reparación de los daños y perjuicios derivados de la incapacidad provocada por el accidente de trabajo denunciado, por no haberse verificado en autos los presupuestos de responsabilidad invocados (v. fs. 997).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 6, 11, 12 y 14 de la ley 24.557; ley 24.432; decretos 1.694/09, 658/96 y 659/96 y doctrina legal que cita (v. fs. 1.008/1.016 vta.).
II.1. En primer lugar, controvierte la determinación de la minusvalía fijada en el fallo.
Inicialmente cuestiona el grado de incapacidad física que fuera establecido por el tribunal a quo . Manifiesta, sustancialmente, que dicha definición no puede ser convalidada porque se encuentra sustentada en las conclusiones del perito médico, oportunamente impugnadas con relación a los factores de ponderación determinados por el experto.
Desde otroángulo, se agravia de la determinación de la incapacidad psicológica y de la valoración del informe elaborado por la perito psicóloga en cuanto restó entidad como factor concausal del daño a un suceso en que el actor sufrió una herida de bala ocurrido con anterioridad al accidente por el que se reclama en autos. A la par, sostiene que la patología descripta por la experta corresponde a un grado inferior de incapacidad que el determinado en el fallo.
Además, censura, por absurdo, el método empleado por el tribunal para fijar el porcentaje de minusvalía que afecta al actor a través de la sumatoria de las incapacidades física y psíquica. Alega que en el caso debió utilizarse la "fórmula de la capacidad restante", prevista en el decreto 659/96, normativa vigente y aplicable al caso.
A partir de ese discurso, considera que la incapacidad psicofísica que porta el trabajador debería alcanzar sólo el 36,6% y, en ese caso -indica- corresponde que perciba únicamente la prestación establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, resultando improcedente, entonces, las previstas en los arts. 11 y 14 apartado 2 inc. "b" otorgadas por el a quo .
II.2. En otro orden, cuestiona que el ingreso base establecido en el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo que el tribunal tomó como pauta para cuantificar la indemnización, se hubiera calculado incluyendo rubros de carácter no remunerativo que integraban el salario del actor (tales como "horas cores" e "incentivo"), apartándose así -expresa- de lo dispuesto en el citado dispositivo, sin siquiera haber declarado su inconstitucionalidad.
II.3. Se agravia asimismo de la condena al pago de gastos por tratamiento psicológico. Impugna el monto liquidado y postula la improcedencia de tal concepto pues afirma que, si existe la posibilidad de que el actor por medio del mentado tratamiento se restablezca, no se advierte entonces por qué su incapacidad debe considerarse definitiva y, en su caso -sostiene- si así lo fuera, no existiría tratamiento para superarla.
Añade que, eventualmente, el accionante debió reclamar las prestaciones en especie previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
II.4. Luego, objeta el monto de las costas a su cargo.
En ese orden, denuncia que el pronunciamiento de grado conculca la ley 24.432 -modificatoria de los arts. 505 del Código Civil (que encuentra correlato en el art. 730 del Código Civil y Comercial) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo-, así como la doctrina que individualiza, proveniente de este Tribunal y de la Corte federal.
II.5. Finalmente, controvierte la cuantía de la indemnización objeto de condena.
En esencia, plantea que la "abultada" indemnización determinada por el a quo resulta absurda e irrazonable y transgrede -a su criterio- la doctrina legal emergente de la causa C. 100.002, "F., J.M." (sent. de 14-IX-2011).
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.2. Aclarado ello, corresponde ahora abordar el agravio relativo a la determinación del grado de minusvalía laborativa del actor.
Sabido es que valorar el material probatorio, determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente o enfermedad del trabajo y establecer su vinculación causal con el siniestro, constituyen atribuciones privativas de los jueces de trabajo, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo la efectiva demostración de absurdo (causas L. 117.101, "Herrero", sent. de 9-IX-2015; L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015 y L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016).
Bajo tales premisas, es dable advertir que la personal apreciación del recurrente respecto al valor que debió asignarse a los informes periciales médico y psicológico no alcanzan para descalificar la conclusión a la que arribó el sentenciante de grado en cuanto, tras analizar dichos elementos probatorios, estimó la minusvalía indemnizable en el orden del 50,48% del índice de la total obrera.
En efecto, el interesado se mantiene en el plano del mero disentimiento, limitándose a reiterar lo expuesto en oportunidad de plantear distintas objeciones a la labor de los expertos -aunque ahora lo haga con un grado de mayor precisión que el desarrollado en la instancia de origen-. Empero, de ese modo, no consigue descalificar la decisión respecto al grado de incapacidad determinado por el a quo , y sólo evidencia su intención de sustituir el criterio del juzgador de origen en orden a la tarea de valorar los informes periciales y asignarle entidad convictiva que en forma privativa ejerce (causas L. 102.219, "G., E.M.", sent. de 29-VI-2011; L. 95.512, "Zabala", sent. de 21-XII-2011 y L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013).
En su intento, en definitiva, se desentiende del razonamiento seguido en el fallo que condujo al sentenciante a decidir sobre este aspecto de la contienda al señalar que tomaba en cuenta íntegramente lo informado por los profesionales intervinientes, en tanto las observaciones efectuadas por la accionada carecían de fundamento como para apartarse de lo expuesto por los expertos (v. vered., fs. 990/991).
En ese caso, resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 116.806, "S., J.P.", sent. de 12-XI-2014 y L. 118.084, "A., M.A.", sent. de 7-X-2015).
Por iguales motivos resultan inatendibles los restantes argumentos que esgrime el interesado en torno a la aplicación del criterio de incapacidad restante en oposición al empleado en la sentencia de mérito, toda vez que agota su pretensión en el intento de reemplazar el criterio del sentenciante por el propio, y de esa forma, no concreta una réplica idónea susceptible de modificar lo resuelto ni demuestra el error que le endilga al sentenciante de grado.
En razón de lo expuesto, permaneciendo firme la conclusión relativa al porcentaje de incapacidad fijado en la sentencia de origen, pierden virtualidad las objeciones planteadas a la condena al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 11 y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, en tanto se sustentan en el eventual progreso del agravio desarrollado en este punto.
III.3. Tampoco es de recibo el reproche vinculado con el cálculo del ingreso base mensual efectuado por el tribunal para cuantificar la indemnización prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo.
El juzgador de origen, con el objeto de determinar el salario computable para el cálculo del ingreso base mensual establecido en el art. 12 de la ley 24.557, con fundamento en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y diversos precedentes jurisprudenciales que citó, determinó que los rubros "horas cores" e "incentivo" -más allá de la denominación que se les hubiere asignado y de que estuviesen o no sujetos a cotización- percibidos por el trabajador con continuidad, regularidad y habitualidad, revestían carácter remuneratorio y debían ser incluidos en la base de cálculo de la indemnización reclamada (v. vered., fs. 991 vta./992 vta.).
Frente a estas definiciones, el interesado no rebate, como es menester, las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia. En efecto, no se ocupa de confrontar la motivación esencial de la sentencia afincada en que en la conformación del ingreso base se computó la totalidad de los rubros que integraban la retribución del accionante en razón del carácter salarial que se les reconoció.
En efecto, y sin abrir juicio sobre el acierto sustancial de lo decidido, cierto es que el planteo traído, orientado fundamentalmente a cuestionar el método utilizado para determinar el valor del ingreso base mensual sin que el a quo hubiera descalificado constitucionalmente el precepto legal que lo contempla, pierde relevancia en el contexto de las definiciones brindadas acerca del carácter remuneratorio de la totalidad de los rubros percibidos por el trabajador regularmente, motivaciones estas que, al cabo, quedan marginadas de una crítica eficaz.
Siendo ello así, queda evidenciada la insuficiencia técnica del embate, habida cuenta que, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquél debido sustento (causas L. 116.668, "Chequin", sent. de 13-XI-2013; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 117.348, "Jiménez", sent. de 11-II-2015).
III.4. Tampoco resulta atendible el cuestionamiento destinado a obtener la revocación de la condena por gastos por tratamiento psicológico.
Una vez más, el interesado no logra construir una réplica eficaz para desvirtuar la decisión impugnada, desde que las aseveraciones y deducciones que plasma en su embate sólo se sustentan en la particular y subjetiva exposición que elabora, técnica que revela la insuficiencia que tiñe al medio de impugnación (causas L. 118.273, "Ruiz Díaz", sent. de 14-X-2015; L. 118.050, "El Sol S.A.", sent. de 21-X-2015 y L. 118.975, "Alvarez", sent. de 7-III-2018).
Por lo demás, la simple oposición que manifiesta el quejoso con relación al monto reconocido en el pronunciamiento en concepto de tratamiento psicológico y la sucinta manifestación exhibida, donde parece sugerir la imputación de un eventual error en su liquidación -sin denunciar siquiera que la definición en crisis pudiera resultar fruto del absurdo-, se presenta marcadamente insuficiente para juzgar cumplidos los recaudos exigidos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
III.5. En otro orden, tampoco merece favorable recepción la crítica dirigida a objetar la cuantía de la condena, en tanto el interesado se limita a expresar su disconformidad con la suma establecida en el pronunciamiento en crisis, denunciando simplemente que el monto resulta irrazonable, apartado de la ley aplicable y de las probanzas de la causa, mas sin evidenciar a través de estas imprecisas y breves afirmaciones que los magistrados de origen hubieran incurrido en el vicio de absurdo genéricamente atribuido en el escrito de impugnación.
Menos aún logra demostrar que la solución alcanzada en el pronunciamiento -en el marco de la reparación prevista en la ley especial de infortunios laborales- transgreda la doctrina legal que dimana de la causa C. 100.002, "F., J.M." (sent. de 14-IX-2011) invocada por el recurrente, toda vez que fue elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y normativos disímiles a los ventilados en el caso en juzgamiento.
III.6. Finalmente, por razones de orden lógico, habré de abordar el agravio vinculado a la responsabilidad por el pago de las costas.
Al respecto, me parece del caso efectuar las siguientes consideraciones con la finalidad de clarificar la doctrina legal que emerge de, entre otras, la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2000).
Siempre he entendido que dicha doctrina, reiterada en otros pronunciamientos posteriores, indica que lo prescripto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (o el art. 505, Cód. Civ. -semejante al art. 730, Cód. Civ. y Com.-) resulta no una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas) a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley.
Si tal es la doctrina legal que esta Suprema Corte ha establecido por mayoría, deben quedarnos claras algunas de sus consecuencias. Así, si lo que se instruye con ella es que la ley no fija una limitación a la regulación de honorarios según la normativa local (o a cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre violación de aquella doctrina si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan aquel límite. En todo caso, tal transgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio.
Ahora bien: ¿ha habido con las regulaciones practicadas en autos una violación de esa doctrina? Evidentemente no, porque los jueces al efectuar las regulaciones lo hicieron dentro de los parámetros establecidos por el decreto 8.904/77 (vigente al momento de practicarse la regulación) aplicable al caso respecto de los abogados y peritos actuantes, aunque su total (una vez adicionados los aportes respectivos y, de corresponder, la tasa de justicia y contribución sobre la misma) supere el 25% del monto de condena con sus intereses (v. liquidación de fs. 1.004 y vta.). En tanto no se haga un reclamo por el pago total no habrá violación de la doctrina legal.
Formuladas estas aclaraciones, sólo me queda por señalar que deberá recomendarse al tribunal de trabajo actuante que tenga en cuenta que la responsabilidad de la condenada en costas tiene los límites fijados en aquel precepto, conforme la referida doctrina legal, debiendo -en el caso- prorratearse los distintos rubros (honorarios, aportes, tasa de justicia, contribución, etc.) hasta el límite del 25% del monto de condena con más sus intereses.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Con tales alcances, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Adhiero a lo expuesto por el colega doctor de Lázzari en los puntos III.1. a III.5. de su sufragio.
II.2. Por otro lado, entiendo que el agravio fundado en el art. 505 del Código Civil según la redacción incorporada por la ley 24.432 (y reiterada en análogos términos en el art. 730, Cód. Civ. y Com. y su doctrina), con la aclaración de que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es: el dec. ley 8.904/77), merece favorable acogida.
II.2.a. Al respecto, cabe reseñar cierta jurisprudencia vinculada con las disposiciones contempladas en la ley 24.432.
Al fallar la causa "Fox, Héctor Raúl c/ Siderca S.A.C.I." (F.420.XXXVII, sent. de 28-VII-2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la naturaleza común de la legislación mencionada.
Sobre tal base, puede concluirse que los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, que incorporaron un nuevo párrafo a los arts. 505 del Código Civil y 277 de la ley 20.744, estableciendo un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas -por la sustancia que regulan- no requieren adhesión alguna. Son entonces aplicables en el ámbito de las provincias (art. 75 inc. 12, Const. nac.), sin que ello implique alterar en modo alguno la autonomía local (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2000; L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003 y L. 89.979, "S., M.", sent. de 16-IV-2008).
Por otro lado, el Alto Tribunal en la causa "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9.688" (A.151.XXXVII, sent. de 5-V-2009) sostuvo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución -a tenor de la finalidad tenida en miras por el legislador- "se manifiesta como un
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