Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121237
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.237, "Fernández, Esther Itatí contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, declaró procedente la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 84/98).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 101/106).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que la señora Esther Itatí Fernández resultó incapacitada en un 20% del índice de la total obrera, como consecuencia de un accidente ocurrido el 13 de noviembre de 2012 a las 06:50 hs., cuando fue embestida por una camioneta mientras se dirigía en moto a prestar tareas para la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Juzgó demostrado que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires abonó por esa contingencia la suma de $73.926.
En lo que resulta de interés, declaró la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773 y condenó a la demandada a abonar el adicional del 20% allí previsto con más intereses. Sostuvo que dicha norma era aplicable aún en los casos de accidentes in itinere . Al efecto, postuló -con profusa cita de doctrina y jurisprudencia- que estos siniestros se encuentran comprendidos dentro del concepto de accidente de trabajo y no cabe escindirlo de la indemnización adicional que ese régimen reparatorio establece. Agregó que, la solución contraria vulnera los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad de la trabajadora, y en tales términos declaró la invalidez de la norma (arts. 16 y 17, Const. nac.; v. fs. 96 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 1, 16, 17, 18, 19, 31, 75 inc. 2, 121 y 122 de la Constitución nacional; 3 de la ley 26.773 y la doctrina legal que cita (v. fs. 101/106).
En lo sustancial, se opone a la definición del tribunal de origen que acogió el cobro de la prestación adicional del 20% de pago único contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, siendo que -en el caso- se trata de un accidente ocurrido en tránsito. Al efecto, señala que no se verifican los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación, pues la contingencia no se produjo en el lugar de trabajo ni la damnificada se encontraba en ese momento a disposición de su empleador (v. fs. 104).
Reputa conculcado el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la carta magna y manifiesta que la interpretación realizada por el a quo respecto del citado art. 3, colisiona con la doctrina legal de la Corte nacional que individualiza.
III. El recurso prospera.
III.1. Inicialmente debe advertirse que esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Se impone señalar que en la especie el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, Acordada 3867/17), razón por la cual el remedio procesal deducido fue concedido por el tribunal de trabajo en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, esta Suprema Corte debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por el recurrente. Empero, no puede soslayarse que existiendo un cuestionamiento orientado a desactivar la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773, el remedio revisor habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
En ese sentido ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.3. Ahora bien, ingresando a la sustancia de la decisión -como se adelantó-, considero que ésta debe ser revocada.
En efecto, en las causas L. 119.002, "Carabajal", sentencia de 25-IV-2018 y L. 120.170, "Fleita", sentencia de 29-VIII-2018, este Tribunal ha establecido -en un criterio semejante al que contiene la impugnación- que en el caso de un accidente in itinere no corresponde la indemnización adicional consagrada en la citada disposición, ya que su propósito es eliminar o restringir las eventuales diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre las reparaciones del sistema de la ley 24.557 y las fundadas en el derecho común (de la que pudiera ser pasible el empleador), hipótesis que es ajena al presente caso.
Lo dicho se encuentra en línea con el temperamento adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 5°, seg. párr.).
En consecuencia, a tenor de la doctrina legal vigente, corresponde rescindir la declaración de inconstitucionalidad del citado art. 3 de la ley 26.773 y la condena al Fisco provincial a pagar el incremento allí contemplado.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia con el alcance propuesto.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. En lo tocante a la eximición del cumplimiento del depósito previo al que alude el art. 56 de la ley 11.653, suscribo lo dicho por mi distinguido colega doctor Genoud en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, compartiendo lo afirmado por el citado colega en cuanto pone de relieve la insuficiencia del valor de lo cuestionado, he de señalar -no obstante- que la resolución del presente recurso no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013), y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e. o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
I.3. Bajo estos señalamientos, las consideraciones que realiza el ponente en el apartado III.3. de su sufragio dan cuenta que las razones que llevaron al tribunal de grado a declarar la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773 colisionan con el criterio que emana de la doctrina legal establecida en las causas L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018) y L. 120.170, "Fleita" (sent. de 29-VIII-2018), asimismo con aquella sentada en la causa L. 120.838, "Miranda" (sent. de 28-VIII-2019).
I.3.a. En el primer precedente -cuyas directrices fueron reiteradas en los restantes-, al establecerse que contingencias como las de autos no caen bajo el ámbito de aplicación del precepto legal, se dijo que tal conclusión era adoptada sin negar las cavilaciones que puede generar la expresión "a disposición" empleada por el legislador, acentuadas quizás, a poco de observar que desde ciertas opiniones científicas se afirma que la atribución de responsabilidad en el accidente in itinere hallaría su basamento en que en el trayecto pertinente el trabajador pone el tiempo a disposición del empleador, tal como se detalla en el precedente de este Tribunal L. 78.855, "Cebrymsky" (sent. de 8-IV-2007) citado en la sentencia en revisión.
Hubo de agregarse, que sin embargo, no puede ignorarse -también se ilustra al respecto en la citada causa L. 78.855-, que otras voces sostienen que el fundamento de esa responsabilidad radica en la "ocasión", destacan así "...la gravitación que sobre el infortunio ejerce el hecho del trabajo que obliga a desplazarse hacia un lugar determinado..." (Vázquez Vialard, Antonio; Accidentes y enfermedades del trabajo , Ed. Astrea, Bs. As., 1989, pág. 71). En este razonamiento, el tiempo que el trabajador compromete en la relación de trabajo se limita al comprendido "...entre el momento en que efectivamente pone su capacidad laboral a disposición del empleador, hasta aquel en que esa obligación cesa..." (conf. ob. cit. pág. 73); en consecuencia, en el marco temporal que rodea a este tipo de contingencia, el dependiente no se encuentra a disposición del principal.
Por otro lado, y en lo que resulta aquí fundamental, se afirmó que dentro del esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su art. 4 consagra en favor del damnificado), la norma examinada al adicionarles a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al 20%, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil, posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por la norma, la razón emerge manifiesta: es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (conf., si bien en el contexto de la ley 24.028, causas L. 83.880, "Monesiglio", sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, "Gómez", sent. de 10-III-2011).
Finalmente, se indicó que esa solución se ajusta al criterio adoptado por la Corte federal en la ya citada causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 5°, seg. párr.).
I.3.b. Además, cabe señalar que similares argumentos a los empleados aquí por el tribunal de grado fueron desestimados por esta Corte en la citada causa L. 120.838, "Miranda" (sent. de 28-VIII-2019), oportunidad en la cual, sin perjuicio de haberse juzgado insuficiente el recurso allí deducido por los familiares del trabajador fallecido, se reiteró el criterio sentado en el citado caso L. 119.002.
I.3.c. A partir de lo expuesto, resulta claro que el adecuado análisis interpretativo del precepto legal en examen -detallado en la descripción de la doctrina aplicable- estuvo ausente en la labor que condujo al a quo a juzgar su inconstitucionalidad, con ello, también se observa que el tribunal prescindió valorar la finalidad de la norma cuestionada y su razonabilidad.
Si bien lo anterior justifica la procedencia de la impugnación, no debe tampoco olvidarse que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e. o.).
II. En virtud de lo expuesto, acompaño la solución que contiene el punto final del sufragio que inaugura este acuerdo.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor Genoud en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Luego, con relación al agravio dirigido a controvertir la aplicación al caso de la prestación adicional consagrada en el art. 3 de la ley 26.773 al supuesto de accidentes in itinere, por aplicación de la doctrina actualmente vigente -aun cuando la misma no había sido establecida cuando se dictó la sentencia recurrida y se dedujo el medio de impugnación (causa L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013; e. o.)-; coincido con la solución propuesta por el colega ponente, en tanto se condice con los lineamientos establecidos, entre otras, en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 29-VIII-2018), a la que remito por razones de brevedad.
II. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe prosperar conforme lo expuesto en el punto final de la propuesta del doctor Genoud.
Así lo voto .
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia