Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121299
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.299, "Bernoi, Eduardo Rubén contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida e impuso las costas a la accionante (v. fs. 181/186 vta.).
Se dedujeron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 190/201 vta. y 202/205).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen rechazó la demanda incoada por el señor Eduardo Rubén Bernoi -teniente de la policía provincial- contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por la que procuraba el cobro de determinada suma de dinero en concepto de indemnización por la incapacidad que -según denunció- portaría como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 13 de julio de 2014, ocasión en la que se habría fracturado la muñeca de la mano derecha (v. fs. 181/186 vta.).
Para así decidir, juzgó que la parte actora no logró acreditar que el agente padezca secuelas incapacitantes derivadas del mentado siniestro. Al respecto, ponderó fundamentalmente que el perito médico actuante, luego de evaluar el electromiograma de miembros superiores realizado al actor el día 13 de mayo de 2016 en el que se informó "EMG sin signos de compromiso neurógeno y/o miógeno actual" y considerando que se trataba de una muñeca que ya había sido intervenida quirúrgicamente en el mes de noviembre de 2001 -precisó: operación callada en el escrito de demanda y luego admitida tardíamente con posterioridad a que el experto la pusiera en evidencia-, concluyó en la imposibilidad de considerar la existencia de incapacidad sobreviniente al infortunio denunciado en autos. Reforzando tal definición, en el marco de sendas consideraciones, agregó que el perito médico sostuvo que el actor "se encuentra mejor de su muñeca sin secuelas" (v. vered., fs. 182/183 y sent., fs. 184 vta. y 185).
Finalmente, impuso las costas a la parte actora en su condición de vencida, si bien con el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22 de la ley 11.653 y reguló los honorarios de los letrados y peritos intervinientes.
II. La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 63 de la ley 11.653; 1, 6, 11 y 14 de la ley 24.557; 3 y 8 de la ley 26.773; 16, 18 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina que cita (v. fs. 190/201 vta.).
II.1. Afirma que el sentenciante incurrió en absurdo al otorgarle "plena eficacia probatoria" al dictamen pericial médico en razón de los fundamentos científicos y técnicos en los que se apoya, cuando fueron oportunamente impugnados por su parte.
En este sentido, luego de expresar que el accidente motivo de la pretensión de autos fue aceptado y reconocido por la contraria, señala que no surge del expediente que el experto médico haya realizado al actor prueba alguna para evaluar la movilidad de la muñeca lesionada a fin de corroborar si presenta una limitación funcional e incapacidad. Agrega que tampoco en su informe el mentado perito hizo alusión al baremo de la ley 24.557.
Destaca que se evidencia con el formulario de recalificación de la aseguradora de riesgos del trabajo, que en el año 2015 el accionante no podía realizar tareas que impliquen la utilización de coordinación o de la mano derecha o fuerza.
Sostiene que el informe pericial médico no constituye un estudio serio y razonable, ya que no se sustenta en exámenes clínicos y complementarios, ni se funda en argumentos científicos y objetivos.
Agrega que el silencio de la firma aseguradora, supone la aceptación de la contingencia.
Con todo, argumenta que el tribunal de grado omitió realizar una real evaluación del caso limitándose a considerar el dictamen pericial médico.
II.2. Por otra parte, cuestiona que en el pronunciamiento de grado se hayan impuesto las costas a la parte actora.
Entiende que en el caso resulta aplicable el art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece la gratuidad del procedimiento judicial en favor del trabajador.
Postula que, si en el proceso civil la norma del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial faculta a los magistrados para eximir total o parcialmente al vencido de la responsabilidad del pago de las costas siempre que encontrare mérito para ello, no existe razón alguna para que en el procedimiento laboral -en el que la gratuidad tiene por finalidad facilitarle al trabajador el acceso a la justicia- no se adopte dicho criterio, cuya aplicación solicita.
III. El recurso no prospera.
III.1. No es de recibo el liminar agravio que trae el interesado.
III.1.a. Es sabido que determinar la existencia del daño en el trabajador o su incapacidad constituye una típica cuestión de hecho que, como tal, sólo puede ser abordada en esta sede extraordinaria en el supuesto que se demuestre el absurdo (causas L. 97.093, "Racciopi", sent. de 5-V-2010; L. 116.480, "L., C. M.", sent. de 15-VII-2015 y L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018); siempre acudiendo a la doctrina de este Tribunal, también comparte aquella categoría, la labor orientada a evaluar el material probatorio y específicamente lo atinente al mérito y fundamento de la pericia médica (causas L. 105.065, "Pino", sent. de 12-X-2011; L. 116.808, "A., R. C.", sent. de 1-VII-2015 y L. 119.120, "Medina", sent. de 15-VIII-2018).
III.1.b. Bajo tales lineamientos, el recurrente no logra acreditar el mentado vicio invalidante.
Tanto el cardinal argumento referido al dictamen pericial médico como los restantes reproches que lo rodean, sólo traducen la intención de sustituir el criterio del juzgador de mérito a través de la mera exposición del particular y personal punto de vista del interesado en orden a las pruebas producidas en la causa, de suyo insuficiente a los fines pretendidos (causas L. 110.778, "Báez", sent. de 31-X-2012; L. 114.726, "Walton", sent. de 29-V-2013 y L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015).
Cabe recordar que no cualquier equívoco o disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo (causas L. 115.702, "Reyes", sent. de 15-VII-2015; L. 118.620, "Patiño Paz", sent. de 13-VII-2016 y L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 2-VIII-2018). No basta alegar sobre lo simplemente opinable o discutible, pues la mentada anomalía está representada por un error grave y grosero, concretado en una conclusión del sentenciante visiblemente incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; L. 117.888, "Garrigou", sent. de 2-VIII-2017 y L. 119.717, "Ortíz", sent. de 10-X-2018), extremos que en la especie en modo alguno se comprueban.
III.2. Tampoco prospera el reproche vinculado con la imposición de las costas.
Nuevamente el recurrente pretende traer a revisión un típico asunto privativo del tribunal de grado que únicamente puede ser revisado si se demuestra que lo resuelto al respecto es absurdo, sea porque se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución de las costas (causas L. 102.828, "Yungblut", sent. de 5-XII-2012; L. 118.667, "Colombo", sent. de 15-VI-2016 y L. 120.185, "Rezzónico", sent. de 19-IX-2018), empero, en modo alguno se evidencian dichas incorrecciones.
Luego, teniendo en cuenta que tanto en el art. 19 de la ley 11.653 como en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial -citado por el recurrente- el fundamento de la condena en costas radica en el hecho objetivo de la derrota, no puede la parte que resultó incuestionablemente vencida, agraviarse sobre su imposición (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015 y L. 114.577, "Díaz", sent. de 24-VI-2015).
En nada gravita lo señalado en el recurso con sustento en el beneficio de gratuidad, pues éste no impide la imposición de costas al vencido, sino que sus efectos sólo se proyectan de pleno derecho como una eximente de pago hasta que se mejore de fortuna (causas L. 55.883, "Aguilar", sent. de 19-XII-1995; L. 101.639, "Palavecino", sent. de 22-XII-2010 y L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires denuncia que en el pronunciamiento de grado se interpretaron erróneamente los arts. 10, 13, 14, 21, 23, 43 y 47 del decreto ley 8.904/77; 68 y 476 del Código Procesal Civil y Comercial y se violaron los arts. 1.623 y 1.627 del Código Civil de Vélez Sarsfield; 17 y 18 de la Constitución nacional y la doctrina legal que cita (v. fs. 202/205).
Afirma que al utilizar como base para regular los honorarios de los profesionales intervinientes la suma del capital reclamado en el escrito de demanda, el a quo transgredió la doctrina legal que esta Corte estableció -entre otros- en los precedentes Ac. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007); Ac. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007) y L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016).
Sostiene que, en el caso, resulta plenamente aplicable la doctrina legal que emana de los precedentes citados, toda vez que a la demandada le hubiera convenido perder el pleito por el monto por el que razonablemente hubiera prosperado la acción, que salir gananciosa.
Alega que, como se declaró en las causas mencionadas, los jueces no deben atenerse necesaria y dogmáticamente al capital demandado para establecer la base regulatoria, sino que deben tomar en cuenta el importe por el que -en hipótesis- habría de haberse declarado procedente el reclamo.
En esencia, expresa que la regulación de honorarios no puede efectuarse en casos como el sub lite , partiendo de la cifra determinada arbitraria e infundadamente por la actora al demandar.
II. El recurso prospera.
II.1. De manera liminar, cabe señalar que, en lo tocante al recaudo del depósito previo, el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014) resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que exime de su cumplimiento al Fisco provincial (dec. 3.858/07), criterio que ha reiterado en numerosos precedentes (causas L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resols. de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch" y L. 118.193, "Liporace", resols. de 1-IV-2015; e.o.).
II.2. Sentado lo anterior, y toda vez que a tenor de la insuficiencia del monto de lo cuestionado (art. 278, CPCC), el recurso en examen ha sido concedido en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 119.402, "M.,L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
En este contexto, cabe observar que el tema que el interesado trae a revisión y los precedentes que invoca se encuentran conectados no sólo con normas procesales o arancelarias sino también con otro tipo de preceptos que justifican el examen de la impugnación (así, los arts. 505 y 1.627, Cód. Civ. y 13, ley 24.432).
II.3. Conforme los lineamientos enunciados, debe prosperar el agravio traído en tanto se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte en casos similares al presente, debidamente invocados por el interesado.
II.3.a. Es cierto que a la luz de lo normado por el art. 23 del decreto ley 8.904/77, en aquellos supuestos en que se ha rechazado la demanda en su integridad, en principio, la regulación de honorarios de los profesionales ha de tomar como monto del juicio la suma reclamada al promoverse la acción. Mas no lo es menos que -como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007), esta última citada por el impugnante- resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Para más, el hecho de que el actor -en tanto trabajador- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente; idéntica situación, en función del art. 58 del decreto ley 8.904/77, podría presentarse respecto de los honorarios de los letrados del demandado.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse sobre la base regulatoria adecuada a los fines de determinar los estipendios de los profesionales con arreglo a las peculiaridades del caso (CSJN, 20-IV-1995, in re "Martín, Jorge A. c. Shin Dong Sik", "La Ley", 1995-C-320, con nota de Juan C. Poclava Lafuente, "Diario de Jurisprudencia", 1995-2-397); habiendo además señalado que en tal tarea no pueden obviarse los intereses económicos de las partes y los efectos que sobre ellas produce el rechazo de la demanda, accionar que importa un recaudo insoslayable para el juzgador desde que constituye el cimiento para toda regulación (CSJN Fallos: 306:1720; 316:74; voto del doctor Zaffaroni in re "Recursos de hecho deducidos por Valerio R. Pico y Carlos Manuel Jessen en las causas Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales" y R.2015.XXXVIII, "Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales", sent. de 7-VI-2005).
II.3.b. En situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir al actor de prosperar su reclamo (conf. mis votos en las causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; C. 88.619, "Silva", sent. de 18-XI-2009; L. 93.990, "Araujo de Benítez", sent. de 21-XII-2011; L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014 y L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016).
Las razones hasta aquí expuestas abastecen la solución que propicio para supuestos como los que se verifican en el sub examine . Ello así, sin perjuicio de que, en caso de advertirse que la sujeción estricta, lisa y llana de los mínimos legales previstos en los regímenes arancelarios locales -en especial en procesos de significación patrimonial genuinamente de excepción- también denote una evidente e injustificada desproporción entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la base de aquellas normas habría de corresponder, pueda acudirse a las facultades previstas en los arts. 1.627 segundo párrafo del Código Civil, texto ordenado ley 24.432; 13 y 15 de la citada ley (CSJN in re "Río Negro, Provincia c. Estado Nacional (DGI) s/ nulidad de acto administrativo", sent. de 11-X-2005, Fallos: 328:3695; íd. Fallos: 324:2586).
II.3.c. Sin perjuicio de lo dicho, y en tanto ello también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar que en la causa Ac. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007; citada por el quejoso), esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios profesionales, de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ. y 13, ley 24.432).
III. A tenor de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido al actor. Cumplido con ello, el a quo procederá a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Dada la naturaleza de la cuestión en debate, propicio que las costas de esta instancia sean soportadas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos II.1. y II.2.
I.2. También en mi opinión debe hacerse lugar al recurso extraordinario traído en cuanto pretende que se cambie la base usada para regular los honorarios de los profesionales que actuaran en la causa.
En el voto inicial, el doctor Soria advierte la existencia de una infracción a la doctrina legal establecida por este Tribunal en distintos precedentes, entre las cuales señaló las causas L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016) y L. 107.497, "Guzmán" (sent. de 5-III-2014). Con las consideraciones que luego he de agregar, anticipo mi apoyo a su postura con fundamentos similares a los expuestos en la causa L. 120.496, "C., G. B." (sent. de 14-VIII-2019).
Entre las referidas consideraciones, no puedo omitir que el 4 de febrero de 2016, en el
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