Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121046
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos; ambos con costas a los vencidos en cada caso (arts. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.046, "Trillo, Adrián Darío contra Ministerio de Producción - Astilleros Río Santiago y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 587/602 vta.).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (la actora a fs. 614/627 y el Fisco de la Provincia de Buenos Aires a fs. 628/632 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte de Justicia resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 628/632 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido a fs. 614/627)
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que Adrián Darío Trillo promovió contra la Provincia de Buenos Aires, reclamándole el pago de una indemnización integral -sustentada en las normas del derecho común- por las secuelas incapacitantes provocadas por el accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas a órdenes del Ente Administrador Astilleros Río Santiago (v. fs. 587/602 vta.)
II. Dicho pronunciamiento fue impugnado por la parte actora y la demandada mediante sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Atendiendo a razones de estricto orden metodológico, cabe destacar que corresponde brindar tratamiento en primer término al remedio extraordinario traído por la accionada.
III. En su crítica, esta última, denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 4 de la ley 26.773 y 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
Se opone a la definición de grado que descalificó constitucionalmente el art. 4 de la ley 26.773, en cuanto establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales en materia de responsabilidad por daños derivados de accidentes o enfermedades del trabajo.
En tal sentido, argumenta que dicha normativa no transgrede el principio de progresividad, pues las modificaciones que ésta introduce no implican un simple ajuste legislativo, sino una verdadera reforma de fondo del régimen de riesgos del trabajo.
Sostiene que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño amparados por la Constitución nacional. Un razonamiento en contrario -explica- importa tanto como acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando con ello un indebido enriquecimiento en cabeza de los trabajadores o sus derechohabientes.
Alega que, si bien los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes, y que ello los obliga a superar las rígidas pautas gramaticales que pudieran existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable, como ha sucedido en el sub judice .
Con todo, aduce que el tribunal de trabajo incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización integral del daño con fundamento en las normas del derecho común, pues el actor claramente ha optado por el régimen especial de reparación de infortunios laborales.
Por último, y para el caso de que prospere la condena con fundamento en la normativa civil, aduce que a la hora de determinar el porcentaje de incapacidad no pueden incluirse -tal como hubo de llevarlo a cabo el tribunal de grado en su pronunciamiento- los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, ya que éstos corresponden, exclusivamente, al sistema de reparación tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. De manera liminar, se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
IV.1.a. Luego, considero que la sentencia de grado debe ser confirmada.
IV.1.a.i. Tal como surge de las constancias obrantes en la causa, el accidente de trabajo que sufrió el señor Adrián Darío Trillo ocurrió el día 30 de diciembre de 2012 (v. vered., fs. 587 y vta.). Asimismo, se advierte que el autoseguro provincial brindó las prestaciones en especie que fueron detalladas en la documental acompañada (v. fs. 283/404 y 405/424).
IV.1.a.ii. En la demanda el actor solicitó, ante la evidente desproporción existente entre las cuantías resarcitorias a las que accedería según se atienda su reclamo conforme las previsiones del sistema especial de reparación de infortunios laborales (ley 24.557 y modif.) o en el marco del régimen común de responsabilidad civil, que "se repare a nuestro mandante en la dimensión establecida por nuestro Código Civil" (fs. 197).
IV.1.a.iii. En su escrito de responde, si bien alegando una situación prematura, el Fisco provincial sostuvo: "siendo que el accionante no ha realizado dicha opción, deberá interpretarse que la opción ha sido ejercida en forma tácita por el reclamo en base al derecho civil como reclamo principal y la indemnización tarifada como reclamo subsidiario" (fs. 434 vta.).
IV.1.a.iv. Las actuaciones siguieron su curso sin mediar objeciones de la demandada. El tribunal de grado tuvo por acreditado que el autoseguro brindó las prestaciones en especie sin asignar porcentaje de incapacidad, descartando a su vez la existencia de comprobantes de pagos efectuados al actor (v. fs. 588).
IV.1.a.v. En la sentencia, a partir del postulado de la congruencia en cuanto a las peticiones de los escritos constitutivos de la litis, el juzgador abordó la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, concluyendo en su invalidez (v. fs. 590 vta./595 vta.). Ponderó que la demanda no podía ser entablada bajo las pautas consideradas pues implicaba el reclamo conjunto de ambos sistemas de reparación o, en su defecto, el correspondiente al régimen especial, aunque sin haber ejercido opción alguna. También -señaló- que el actor no había sido notificado respecto de prestaciones dinerarias puestas a su disposición en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 591). Finalmente, condenó a la accionada -que reúne el carácter de autoasegurada- al pago de la indemnización integral por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo.
IV.1.a.vi. En lo que interesa, en oportunidad de deducir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Fisco provincial peticionó que se case la sentencia en lo que se refiere a la reparación con fundamento en el Código Civil y Comercial, toda vez que el promotor del pleito claramente había optado por el otro sistema indemnizatorio basado en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 632 vta.).
IV.1.b. Esta última definición del agraviado revela nítidamente que las alegaciones que definen el contenido de la impugnación se estructuran sobre la base de afirmaciones que se contradicen con la postura que asumiera en la anterior instancia, donde, conforme se relató, afirmó que "...deberá interpretarse que la opción ha sido ejercida en forma tácita por el reclamo en base al derecho civil como reclamo principal y la indemnización tarifada como reclamo subsidiario" (fs. 434 vta.).
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 110.090, "Pérez", sent. de 11-IX-2013; L. 86.920, "P., G. M.", sent. de 8-X-2014; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
IV.1.c. En tales condiciones, estimo que la declaración de inconstitucionalidad de la norma del art. 4 de la ley 26.773 formulada por el tribunal de grado resulta insustancial e inadecuada para la solución del presente, pues de la lectura de la sentencia en crisis se observa un tratamiento en abstracto del tema, desprendido de las circunstancias de autos, siendo que las partes coincidían -en esencia- en la subordinación al régimen civil, y toda vez que media identidad entre el obligado a pagar la reparación integral y aquel que lo es por las prestaciones sistémicas.
Cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
IV.2. En cuanto al porcentaje de incapacidad determinado, en la medida que el planteo que porta la impugnación a fs. 632 in fine se agota en un simple enunciado desprovisto de un despliegue argumental destinado a replicar de modo eficaz esa conclusión del fallo, no puede otorgársele entidad de agravio atendible.
Repárese que el interesado no denuncia, ni menos aún demuestra, que la definición del a quo que fijó un 100% de minusvalía del actor esté viciada por absurdo, requisito mínimo exigido para habilitar esta instancia para la revisión de una típica cuestión de índole fáctica como la aquí propuesta (art. 279, CPCC; causas L. 95.751, "Enrique", sent. de 11-VII-2012; L. 101.853, "Tarragona", sent. de 15-VIII-2012; L. 103.508, "Rodríguez Blanco", sent. de 24-IV-2013 y L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017).
V. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Soria dijo :
A excepción de lo expuesto en el punto IV.1.c., adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Genoud.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora se agravia de la definición de grado que omitió el tratamiento del reclamo vinculado al pago de las prestaciones dinerarias por gran invalidez.
En este aspecto, señala que si bien el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 en cuanto establece la "opción excluyente", y, por su conducto, juzgó procedente la acción vinculada al pago de la indemnización integral sustentada en las normas del derecho civil, no decidió conforme lo peticionado en demanda respecto de la pretensión derivada de la ley especial, específicamente del adicional que corresponde abonar al actor hasta su muerte según las prescripciones contenidas en los arts. 10 y 17 apartado 2 de la ley 24.557.
Alega que en el escrito de inicio se reclamó por las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo y se demostró que dada la insuficiencia de las mismas se debía indemnizar al actor, además, conforme la normativa civil, para obtener una justa reparación integral. Pero, continúa, al no meritar aquellas, el tribunal no comparó correctamente el monto resultante de los regímenes legales en pugna, por lo que el resarcimiento otorgado aparece exiguo dado el incorrecto razonamiento y falta de aplicación de las normas pertinentes.
Manifiesta que tal modo de resolver transgrede el principio de congruencia al no contener el fallo en crisis una decisión expresa, positiva y precisa respecto de lo peticionado en demanda.
Añade que al caer la "opción excluyente" del art. 4 de la ley 26.773, no caben dudas que la acumulación de acciones es plenamente posible, sin que pueda el a quo soslayar el requerimiento puntual de la prestación adicional por gran invalidez establecida en el art. 17 apartado 2 de la ley 26.773, en tanto ello resultaría violatorio de lo preceptuado por los arts. 168 de la Constitución nacional; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y 47 de la ley 11.653.
Por otra parte, se agravia del quantum indemnizatorio determinado por el tribunal de trabajo en concepto de daño moral.
Refiere que el tribunal fijó una suma exigua e irrazonable por conducto de valorar e interpretar equívocamente la pericia médica producida en autos, en la que el experto claramente relató la grave minusvalía y los padecimientos que sufre el actor a consecuencia del infortunio.
II. El recurso no prospera.
II.1. Sin perjuicio de las consideraciones que expuse en la cuestión anterior relativas a las posiciones ostentadas por las partes y el devenir del proceso que condujo al tribunal de origen a condenar a la Provincia de Buenos Aires, como empleador auto asegurado, a pagar el resarcimiento integral de los daños y perjuicios reclamados por el trabajador, habré de analizar el primer agravio que porta la crítica.
II.2. Y en ese orden, desde su propia formulación queda en evidencia que el cuestionamiento esgrimido, en cuanto refiere a la presunta preterición de una cuestión litigiosa, resulta ajeno a la vía extraordinaria deducida.
Esencialmente por conducto de la denuncia de violación de las normas adjetivas que receptan el principio de congruencia y del art. 168 primer párrafo de la Constitución provincial, el impugnante se propone neutralizar el fallo de grado bajo el argumento de que el juzgador soslayó tratar la pretensión de otorgamiento de las prestaciones dinerarias por gran invalidez.
Así planteado el agravio, su eventual reparación debió procurarse a través del recurso extraordinario de nulidad (arts. 161 apdo. 3 inc. "b" y 168, Const. prov. y 296, CPCC).
Me afirmo en lo dicho porque, en rigor, lo que se le imputa al tribunal de mérito es haber omitido el análisis de un asunto oportunamente llevado a su conocimiento, cuyo abordaje -a juicio del recurrente- tenía directa gravitación en el resultado del pleito. Tal sustento exhibe patente que la razón de ser de la queja radica en la hipótesis de la existencia de una incongruencia por defecto en la sentencia objetada (decisión citra petita ), no subsanable por el medio de impugnación deducido (causas L. 92.220, "Dupleich Villegas", sent. de 19-X-2011; L. 102.685, "Cancina", sent. de 24-X-2012; L. 115.813, "Ferraro", sent. de 4-IX-2013; L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015; L. 119.031, "Cordero", sent. de 30-XI-2016 y L. 119.078, "Moliterno", sent. de 4-X-2017).
II.3. Por otra parte, tampoco prospera el reproche por conducto del cual se ataca el monto fijado en la instancia de grado en concepto de daño moral.
II.3.a. Al respecto, luego de proceder a cuantificar el lucro cesante (comprensivo de la pérdida de ingresos y de chance, así como de la integridad psicofísica) el a quo juzgó que en atención al principio de reparación integral y de su presumida existencia por tratarse de un ilícito extracontractual, en tanto lesión de sentimientos, de afecciones y tranquilidad anímica del sujeto, considerando la entidad de las lesiones padecidas, correspondía indemnizar el rubro en la suma de $600.000 (v. sent., fs. 600 vta.).
II.3.b. Es sabido que constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideran adecuadas cuando se trata de establecer el monto de la indemnización por un infortunio de trabajo cuya reparación se reclamó por vía del derecho común, y que en tal supuesto, la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016; L. 119.580, "Mendieta", sent. de 2-III-2017 y L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018).
En la misma línea, se ha resuelto que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende de circunstancias de hecho que el juzgador pondera, siendo su apreciación irrevisable en casación, salvo absurdo, que debe ser cabalmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 105.726, "Mac Garrell", sent. de 8-VIII-2012; L. 111.621, "Delía", sent. de 30-IX-2014 y L. 118.975, "Álvarez", sent. de 7-III-2018).
II.3.c. Las disquisiciones que realiza el compareciente no lucen hábiles para neutralizar la definición de grado, en tanto se circunscribe a exteriorizar un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, partiendo de su particular apreciación de las conclusiones a las que se arribó en la pericia médica, sin lograr desvirtuar las conclusiones alcanzadas por el juzgador en uso de potestades privativas.
Resulta entonces de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015 y L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016).
En este contexto, y aun cuando la solución adoptada pueda resultar opinable o discutible, lo expuesto por el interesado no alcanza para evidenciar el vicio de absurdo, pues lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento, sino que es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 92.804, "Olivares", sent. de 3-VI-2009; L. 101.584, "Bassetti", sent. de 9-XII-2010; L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011 y L. 109.927, "Banegas", sent. de 11-III-2015), extremos que -como se dijo- no demuestra el recurrente.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos; ambos con costas a los vencidos en cada caso (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
La Plata, a los 6 días del mes de mayo de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia