Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121442
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III del voto emitido en segundo término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.442, "López, Horacio Luciano c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Accidente de trabajo - acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 412/453 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 473/478 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Horacio Luciano López contra la Municipalidad de General Pueyrredón, por la que pretendía -con fundamento en las disposiciones del Código Civil- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que padeció el día 18 de abril de 2008. Por otra parte, rechazó la acción respecto de la tercera citada Provincia ART S.A. (v. fs. 412/453 vta.).
II. La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 505 del Código Civil (textos según ley 24.432); 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que identifica.
En lo que interesa, sostiene que el importe total de las costas -aún sin adicionársele los aportes, la tasa y sobretasa de justicia- ($128.200) excede ostensiblemente el tope del veinticinco por ciento ($48.705,11) del monto de la sentencia ($194.820,45), transgrediéndose de este modo los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil (ambos modificados por ley 24.432). Añade que, en rigor, representa un 65,8% del valor de la condena.
Desde esa premisa, asegura que el tribunal de grado infringió la doctrina legal que se estableció en los precedentes L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002; L. 73.148, "Sciandra", sentencia de 12-III-2003; L. 81.838, "Macalusi", sentencia de 10-IX-2003; L. 82.098, "Guerrero", sentencia de 27-III-2008 y L. 92.089, "Arroyo", sentencia de 26-X-2011.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Cabe indicar inicialmente que, luego de la interposición del remedio extraordinario en tratamiento, el letrado apoderado de la parte demandada (doctor Gabriel Merlassino) desistió expresa y parcialmente del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en lo tocante al agravio dirigido a cuestionar la tasa de interés aplicada en el fallo de grado (v. fs. 518 y vta.). En atención a lo expuesto, este Tribunal tuvo a la interesada por desistida, con el alcance por ella indicado (v. fs. 540/541).
Por tal motivo no corresponde que esta Corte se pronuncie sobre la tasa de interés aplicada en el fallo.
III.2.a. Sentado lo expuesto, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia que se verifica entre lo presupuestado en la resolución cuestionada en materia de costas y la suma que resultaría de limitar ese importe al 25% de los guarismos de la condena impuesta a la recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 110.768, "Guzmán", sent. de 7-VIII-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.660, "Pérez", sent. de 21-IX-2016).
III.2.b. Desde esa perspectiva de análisis, considero que no le asiste razón a la agraviada cuando denuncia que el órgano judicial de grado se apartó de la doctrina legal que emerge, entre otras, de la causa L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002.
III.2.c. Siempre he entendido que la doctrina que se desprende de dicha causa (que fuera reiterada en otros pronunciamientos posteriores) indica que lo prescripto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (o el art. 505 del Código Civil) no resulta una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas), a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley.
Si tal es la doctrina legal que esta Suprema Corte ha establecido por mayoría, deben quedarnos claras algunas de sus consecuencias. Así, si lo que se instruye con ella es que no se fija una limitación a la regulación de honorarios según la ley local (o a cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre violación de aquella doctrina si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan aquel límite, como sugiere la recurrente. En todo caso, tal transgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio.
Ahora bien: ¿ha habido con las regulaciones practicadas en autos una violación de esa doctrina? Evidentemente no, porque los jueces al efectuar las regulaciones que provocan la queja de la demandada lo hicieron dentro de los parámetros establecidos por el decreto 8.904/77, aplicable al caso respecto de los abogados actuantes, aunque su total (aún sin adicionar los aportes respectivos y la tasa de justicia y contribución sobre la misma) supere el 25% del monto de condena con sus intereses (v. liquidación de fs. 454). En tanto no se haga un reclamo por el pago total no habrá violación de la doctrina legal.
Formuladas estas aclaraciones, sólo me queda por señalar que deberá recomendarse al tribunal de trabajo actuante que tenga en cuenta que la responsabilidad de la condenada en costas tiene los límites fijados en aquel precepto, conforme la referida doctrina legal, debiendo -en el caso- prorratearse los distintos rubros (honorarios, aportes, tasa de justicia, contribución, etc.) hasta el límite del 25% del monto de condena con más sus intereses.
IV. Por todo lo expuesto, en mi opinión, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La magnitud económica de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el importe mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 11.593), como recaudo de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Ante ello, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si el fallo en crisis contraría la doctrina que se reputa infringida, violación que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido transgrede la misma en un caso similar (causas L. 81.392, "Ferreyra", sent. de 2-V-2002; L. 80.238, "Fernández", sent. de 12-V-2004 y L. 87.284, "Orona", sent. de 22-XII-2004; e.o.).
II. Sentado lo anterior, considero procedente la denuncia de apartamiento de las directrices que dimanan de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002) y demás antecedentes citados por la agraviada como fundamento del recurso (v. fs. 477 y vta.).
Cabe referir que el art. 8 de la ley 24.432 -aplicable en el ámbito provincial- establece una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas (25% del monto de condena, laudo o transacción, receptado en iguales términos por el art. 730 del Código Civil y Comercial), y no sobre los honorarios profesionales que resulta un capítulo dentro de ese rubro, más no el único (causas L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011 y L.105.296, "Rodríguez", sent. de 4-IV-2012).
Entonces, la normativa en cuestión no se refiere ni modifica en modo alguno el procedimiento con el que se conducen los juicios. La disposición está dirigida a la responsabilidad del deudor, a la extensión con la que debe indemnizar los gastos hechos por su acreedor para forzar el cumplimiento de la obligación, lo que es un tema típico del derecho de fondo.
Consecuentemente, no existe imposibilidad de regular los honorarios por los trabajos profesionales conforme a las disposiciones locales, sino que frente al actual articulado legal, se infiere una cuestión de medida respecto del porcentual posible de afectación al deudor, en lo vinculado a su deber de reparación integral con consecuencias razonables para éste, ya que su responsabilidad por las costas estará acotada a parámetros coherentes con el carácter accesorio que estas representan (causas L. 73.148, "Sciandra" y L. 75.196, "Santillán", sents. de 12-III-2003).
En la especie, si bien el tribunal de grado fijó los emolumentos según la legislación arancelaria local (aspecto que, según lo sostengo, no merece reproche), no observó, el tope previsto en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como surge de los cálculos aportados por la aquí recurrente (causa C. 112.988, "Candia", sent. de 17-IV-2013).
III. En atención a lo señalado, corresponde revocar el pronunciamiento de grado en tanto infringió la doctrina legal individualizada por la impugnante.
Las actuaciones deben remitirse al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo en esta parcela, ajustándose en tal tarea a los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena impuesta a la parte.
Costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en el punto I de su voto.
I.2. También concuerdo con el mencionado colega en que merece favorable recepción la denuncia de violación de la doctrina legal elaborada por esta Corte -entre otros- en el precedente L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002).
I.2.a. Aun cuando en el sub lite no ha existido controversia en orden a su validez y aplicación, cabe reseñar cierta jurisprudencia vinculada con las disposiciones contempladas en la ley 24.432.
Al fallar la causa F.420.XXXVII "Fox, Héctor Raúl c/ Siderca S.A.C.I." (sent. de 28-VII-2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la naturaleza común de la legislación mencionada.
Sobre tal base, puede concluirse que los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, que incorporaron un nuevo párrafo a los arts. 505 del Código Civil (reiterado en análogos términos en el art. 730, Cód. Civ. y Com.) y 277 de la ley 20.744, estableciendo un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas -por la sustancia que regulan- no requieren adhesión alguna. Son entonces aplicables en el ámbito de las provincias (art. 75 inc. 12, Const. nac.) sin que ello implique alterar en modo alguno la autonomía local (causas L. 77.914, cit.; L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003; L. 77.859, "A., V. A.", sent. de 27-VII-2005 y L. 89.979, "S., M.", sent. de 16-IV-2008).
Por otro lado, el Alto Tribunal en la causa A.151.XXXVII "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9.688" (sent. de 5-V-2009) sostuvo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución -a tenor de la finalidad tenida en miras por el legislador- "...se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad" (cons. 12°).
I.2.b. En el caso, surge de la liquidación obrante a fs. 454 que el tribunal de grado rebasó la limitación porcentual establecida en las normas antes mencionadas.
Corresponde entonces que -una vez devueltos los autos- el tribunal adecue su resolución a lo dispuesto en la citada norma efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011).
II. En virtud de lo expuesto, debe acogerse el recurso en los términos señalados anteriormente. Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto I de su voto.
I.2. Luego, con relación al agravio por el que se denuncia que el juzgador excedió el límite en la responsabilidad por el pago de las costas (con cita de los arts. 505 del Cód. Civ. -art. 730, Cód. Civ. y Com.- y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; t.o. ley 24.432), también considero que se verifica en el caso la violación de la doctrina legal de esta Corte y, a los efectos de abordar el tratamiento del presente recurso, remito -por razones de celeridad- a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010).
Lo expresado en dicha causa, entre otras, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (Fallos: 332:921) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), ratificados en fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido"; "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido", sentencias de 6-VIII-2015 y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otro s/ accidente-acción civil", sentencia de 15-X-2015.
Tal como se advierte en la liquidación de fs. 454, en la especie se excede el límite del 25% establecido en los arts. 505 del derogado ordenamiento sustantivo (actual art. 730, Cód. Civ. y Com.) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, devueltos los autos a la instancia de grado, el tribunal interviniente deberá efectuar el correspondiente prorrateo adecuándose a lo dispuesto en las citadas normas sustantivas.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en los términos señalados.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en el punto I de su voto.
I.2.a. Considero que le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el órgano judicial de grado se aparató de la doctrina legal de esta Corte, vinculada a los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432) y 505 del Código Civil, la que se mantiene vigente aún bajo el régimen normativo del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto último, toda vez que la reforma introducida por la ley 24.432 al art. 505 del Código Civil (ley 340) fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en las citadas normas legales ha sido declarada aplicable en el ámbito provincial en reiterados pronunciamientos emitidos -por mayoría- por esta Suprema Corte (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 114.802, "Bermúdez", sent. de 26-VI-2013; L. 114.617, "Ruiz Campos", sent. de 3-VII-2013 y L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015; e.o.).
I.2.b. En el caso, surge de la liquidación obrante a fs. 454 que el tribunal de grado rebasó la limitación porcentual establecida en las normas antes mencionadas.
Corresponde entonces que -una vez devueltos los autos- el tribunal adecue el decisorio a lo dispuesto en la citada norma efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011).
II. En virtud de lo expuesto, debe acogerse el recurso en los términos señalados anteriormente. Costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III del voto emitido en segundo término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:16:45 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 18:01:08 - DE LAZZARI Eduardo Nestor -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 19:33:40 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 22/05/2020 15:14:53 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 09:47:35 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 11:53:17 - DI TOMMASO Analia Silvia -
Fin de la sentencia