Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124178
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa destacar, rechazó la demanda iniciada por Claudia Zulema Monge contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto pretendía el cobro de una reparación por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común en virtud del accidente de trabajo padecido (v. fs. 445/453 y vta.).
Para así decidir, juzgó que la accionante no acreditó los presupuestos fácticos denunciados en su escrito de inicio, esto es, que el infortunio sufrido fuera ocasionado por el carácter riesgoso o vicioso del piso de la oficina en que resbaló, ni que el principal hubiera incurrido en inobservancias del deber de seguridad, o de sus obligaciones contractuales de contralor como empleador autoasegurado.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 461/469 y vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 478 y vta.
En su presentación afirma la violación de las normas legales, constitucionales y convencionales que cita, así como del principio de congruencia. Alega que el sentenciante de grado realizó una interpretación absurda del escrito de responde y de las pruebas, que derivó en el rechazo de la pretensión por responsabilidad objetiva y subjetiva de la demandada. Al efecto, controvierte la ponderación efectuada sobre la declaración de los testigos y la pericia en seguridad e higiene. Por último, le reprocha haber quebrantado la distribución de la carga probatoria.
III. El recurso no prospera.
III.1. Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso, como establecer la existencia de las circunstancias fácticas que rodearon o precedieron al accidente, y determinar si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios, constituyen potestades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo que debe ser demostrado por la recurrente (causas L. 105.399, "G., S.B.", sent. de 14-III-2012; L. 121.584, "Ruiz Díaz", resol. de 13-II-2019; L. 120.234, "Romano", resol. de 17-IV-2019 y L. 120.951, ""Gigena", sent. de 4-IX-2019).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010 y L. 115.252, "Díaz", resol. de 12-X-2011).
La interesada no consigue acreditar tal anomalía, desde que su crítica -dirigida a controvertir la exclusión de la hipótesis de responsabilidad civil extracontractual en sus dos vertientes: objetiva y subjetiva- transita sobre meras apreciaciones personales sobre el modo en que considera que el a quo debió interpretar las constancias y las probanzas de la causa.
En el caso, el sentenciante de mérito juzgó que no habiendo logrado la trabajadora acreditar la dinámica del siniestro denunciado no podía establecerse el vínculo causal con el daño sufrido, por lo que resultaba imposible determinar la concurrencia de los presupuestos para la procedencia de los reclamos intentados.
En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de grado debió ponderar la prueba aportada al proceso, soslayando que el absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia, pues no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.769, "Sandobal", resol. de 17-XII-2014).
III.2. Por lo demás, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), que -como se dijo- no ha sido demostrado.
III.3. Por otro lado, tampoco es atendible el planteo mediante el cual se atribuye al sentenciante el yerro en la distribución de la carga de la prueba.
En efecto, la interesada no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.4. Tampoco se observa la concurrencia del déficit denunciado respecto del principio de congruencia.
Ello así por cuanto éste importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 97.413, "Di Filippo", sent. de 26-X-2010 y L. 107.944, "Maldonado", sent. de 5-XII-2012), situación que no concurre en el caso.
III.5. Finalmente, tampoco luce útil la denuncia de violación de garantías constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado -primeramente- preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014 y L. 119.848, "Flores", resol. de 21-VI-2017), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2020 11:20:12 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 08/06/2020 12:46:39 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 08/06/2020 14:17:08 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 10/06/2020 13:11:56 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 11/06/2020 09:37:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia