Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 117933
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 117.933, "Costoza, Aldo Fabián contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Acuerdo 2078): doctores de Lázzari , Soria , Kogan , Pettigiani , Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 1.575/1.604 y aclaratoria de fs. 1.631/1.632).
Se dedujeron, por la parte actora (v. fs. 1.634/1.644), la codemandada Fisco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 1.648/1.659), los terceros citados Logística La Serenísima S.A. (v. fs. 1.660/1.684) y L'Union de París Compañía Argentina de Seguros S.A. (v. fs. 1.705/1.732 vta.), y la coaccionada Danone Argentina S.A. (v. fs. 1.735/1.761 vta.), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 2.105/2.123), dictada la providencia de autos a fs. 1.971 (llamamiento que, suspendido a fs. 1.993 y 2.069, fue reanudado a fs. 2.065 y 2.159), conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 1.993), habiéndose presentado -ante el fallecimiento del actor- sus presuntos herederos (v. fs. 2.033/2.035 vta., 2.057 y vta. y 2.098) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 1.660/1.684?
2ª) ¿Es fundado?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el deducido a fs. 1.648/1.659?
En su caso:
4ª) ¿Lo es el de fs. 1.735/1.761 vta.?
En su caso:
5ª) ¿Lo es el de fs. 1.705/1.732 vta.?
En su caso:
6ª) ¿Lo es el de fs. 1.634/1.644?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió parcialmente la demanda iniciada por Aldo Fabián Costoza -la que, luego de su fallecimiento, continuaran sus presuntos herederos- contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, Logística La Serenísima S.A., Danone Argentina S.A. y L'Union de París Compañía Argentina de Seguros S.A. (actualmente HDI Seguros S.A.; v. fs. 2.149 y vta.) -en los términos y con los alcances previstos en el contrato de seguro de responsabilidad civil que la vincula con Danone Argentina S.A. y en el capítulo III, sección XI de la ley 17.418-, condenando a las nombradas -en forma solidaria- al pago de la suma que indicó en concepto de reparación integral por las secuelas del accidente de trabajo sufrido por el actor el día 27 de noviembre de 2003. Asimismo, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones de la ley 24.557. Por otro lado, desestimó la pretensión dirigida contra Mastellone Hnos. S.A.
II. Contra la decisión de mérito, se alza el tercero citado Logística La Serenísima S.A. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Manifiesta, en lo que aquí resulta relevante, que el depósito para recurrir previsto en el art. 56 de la ley 11.653 ha sido efectuado por L'Union de París Compañía de Seguros S.A., por lo que solicita se tenga por cumplido tal recaudo (v. fs. 1.660 vta.).
III. En mi opinión, el recurso ha sido mal concedido.
Ante todo, debo recordar que la circunstancia de haberse dictado la providencia de autos para resolver, no impide que la Suprema Corte, al decidir la causa, examine si se han cumplido los requisitos de admisibilidad del medio extraordinario de impugnación sometido a su conocimiento (causa L. 100.245, "Barrera", sent. de 28-III-2012; entre muchas otras).
III.1. Brevemente he de relatar los antecedentes de la causa cuya mención considero relevante.
El actor Aldo Fabián Costoza entabló la acción contra la Provincia de Buenos Aires, Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., Mastellone Hnos. S.A. y Grupo Danone S.A. -hoy Danone Argentina S.A.- (v. escrito de inicio, fs. 54/82 vta. y providencia de fs. 89).
En lo que reviste interés, en su escrito de responde esta última sociedad solicitó la citación al juicio de Logística La Serenísima S.A. (art. 94, CPCC; v. fs. 128 vta. y 129) y L'Union de París Compañía Argentina de Seguros S.A. (art. 118, ley 17.418; v. fs. 129). La petición fue proveída favorablemente por el a quo , que ordenó la comparecencia de ambas sociedades (v. fs. 382), quienes contestaron las respectivas citaciones (v. fs. 411/424 y 449/455 vta.).
III.2. Sentado lo anterior, en lo atingente a los requisitos formales del canal extraordinario deducido, se impone señalar que, en el supuesto de pluralidad de legitimados pasivos -como es el caso de autos-, resulta aplicable la doctrina legal de esta Corte que establece que es posible admitir un solo depósito cuando los recursos de los litisconsortes versan sobre similares puntos litigiosos porque en tales supuestos queda a salvo la finalidad de la exigencia legal (causas L. 117.826, "Vidal", resol. de 16-VII-2014 y L. 120.086, "Magallanes", resol. de 5-X-2016).
Recuérdese que el sentido de tal depósito consiste en asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable (causas L. 113.481, "Ulzurrum", resol. de 30-III-2011; L. 117.972, "Ayala", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.043, "Torres", resol. de 5-XI-2014 y L. 118.199, "Ribero", resol. de 12-XI-2014).
En el caso, considero que el depósito efectuado por la compañía aseguradora citada al juicio no puede aprovechar a la recurrente, toda vez que la legitimación procesal de la primera encuentra sustento a partir del pedido de su intervención formulado por la codemandada Danone Argentina S.A. (art. 118, ley 17.418), en cuyo carácter -términos del aseguramiento y ley citada- ha sido también condenada en forma solidaria, y en tanto y en cuanto la condición a la que se sujeta la admisión de cumplimiento de una sola carga pecuniaria no se verifica en la especie.
Ello así, en razón de que ni bien se repara en el contenido de sendos remedios, los puntos litigiosos en que se fundan las impugnaciones de Logística La Serenísima S.A. y Danone Argentina S.A. son diferentes, precisamente por gravitación del diverso fundamento jurídico de la condena impuesta a cada una de ellas: a la primera se la condenó con sustento en el derecho común y a la segunda al amparo de la responsabilidad solidaria contemplada en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En estas condiciones, la eventual exclusión del pleito de la coaccionada Danone Argentina S.A., cuyo depósito ha sido garantizado por su aseguradora citada L'Union de París Compañía Argentina de Seguros S.A., importaría la devolución del importe, frustrándose con ello la finalidad de garantía que se le atribuye.
No obsta a lo dicho la presentación formulada por la mencionada empresa de seguros en la que manifiesta que "...la presente garantía no se otorgó a su debido tiempo procesal -antes de la apertura a prueba- porque su instituyente no fue citada en garantía por la actora ni por su aseguradora y viene aquí y ahora porque tiene una obligación contractual y legal que cumplimentar" (fs. 1.701 vta.), pues -a todo evento- no ha habido inacción por parte de Logística La Serenísima S.A., ya que ha interpuesto en tiempo el presente carril extraordinario (art. 90 inc. 1 y concs., CPCC).
III.3. De lo expuesto se colige que la apelante debió efectuar el depósito establecido por el art. 56 de la ley 11.653.
Al respecto, debo recordar que en la causa Ac. 94.860, "Romero", resolución de 8-VII-2008, en la que presté mi adhesión al voto de mi colega doctor Pettigiani, suscribí la posición que postula que ante la insuficiencia del depósito previsto en la citada norma adjetiva laboral debe emplazarse al recurrente a efectivizar la correspondiente erogación pecuniaria, bajo apercibimiento de declarar desierto el remedio extraordinario interpuesto.
Sin embargo, tal posición no resulta ser la mayoritaria de esta Suprema Corte (v. precedente Ac. 94.860, cit. y posteriores), pues es doctrina legal de este Tribunal que no corresponde intimar a la parte a integrar el depósito de marras, desde que dicha circunstancia sólo procede cuando las normas de ambos ordenamientos procesales concuerden (arts. 280, CPCC y 63, ley 11.653; causas L. 115.561, "González", resol. de 7-III-2012 y L. 114.832, "Pérez", resol. de 13-VII-2011; e.o.), lo que no se exterioriza en esta parcela, en atención a la distinta condición jurídica de los depósitos de uno y otro régimen. Además, no es posible aplicar analógicamente lo dispuesto en el art. 280 del Código citado, puesto que no corresponde tal extensión sin norma expresa que lo autorice (causa L. 115.561, cit.; entre muchas).
Esto es así, toda vez que la doctrina legal es la emanada de los fallos de este Tribunal y no la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que lo conforman (causas L. 44.643, "Kieffer", sent. de 20-XI-1990 y L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013). Luego, no cabe sino plegarme a tal solución.
Por lo tanto, en atención a ello y dejando a salvo mi personal criterio expuesto supra , estimo que, en atención a la doctrina legal que rige en la materia, por economía y celeridad procesal, la respuesta a la cuestión planteada debe ser negativa.
IV. Por lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 1.660/1.684.
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de lo expuesto en el último párrafo del apartado III.2., y aclarando que he contribuido a conformar la actual opinión mayoritaria de este Tribunal que indica que no corresponde intimar a la parte recurrente a integrar el depósito previsto del art. 56 de la ley 11.653 (causa L. 114.814, "Machuca", resol. de 13-VII-2011; e.o.), habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor de Lázzari.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del colega doctor de Lázzari y, en relación a lo expuesto en el punto III.3. sólo he de agregar que la solución allí plasmada se condice con la doctrina legal de esta Suprema Corte vinculada a que la carga económica establecida en el art. 56 de la ley 11.653 debe ser cumplida en término y en su totalidad sin que corresponda intimar a su integración (causas Ac. 94.860, "Romero", sent. de 8-VII-2008; L. 112.220, "Simcic", resol. de 15-XII-2010 y L. 113.478, "Alderete", resol. de 12-VI-2013; e.o.).
Voto por la negativa .
A primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a la propuesta decisoria de mi distinguido colega doctor de Lázzari, toda vez que lo resuelto en esta cuestión se condice con la doctrina legal de esta Suprema Corte en la causa Ac. 83.103, "Defranco" (resol. de 17-IV-2002).
Asimismo, cabe aclarar que la presente causa como la recién citada difieren con las circunstancias acaecidas en el precedente Ac. 94.860, "Romero" (resol. de 8-VII-2008), y con ello también su solución.
En virtud de lo expuesto, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
En atención al resultado obtenido en la primera cuestión, no corresponde considerar la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Conforme señalé al tratar la primera cuestión, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda entablada por Aldo Fabián Costoza contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, condenándolo a abonar -en forma solidaria con Logística La Serenísima S.A., Danone Argentina S.A. y L'Union de París Compañía Argentina de Seguros S.A.- la suma de $500.183,06 en concepto de resarcimiento integral por las secuelas del infortunio laboral padecido por el promotor del juicio, monto resultante de la diferencia entre la cuantía de la reparación y las prestaciones cuyo pago dispuso a cargo de Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
Para decidir de ese modo, juzgó verificados los presupuestos fácticos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil con relación al Estado provincial.
En lo sustancial, de un lado, le imputó responsabilidad subjetiva, toda vez que entendió que el lugar en el que prestaba servicios el actor carecía de los elementos mínimos destinados a resguardar su integridad psicofísica. Por otra parte, consideró configurado el elemento objetivo de atribución a partir de la tesis de la "actividad riesgosa", descartando la eximente de responsabilidad invocada por la citada codemandada.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza el Fisco provincial mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 901, 906, 1.109, 1.113 y concs. del Código Civil; 345 inc. 3 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d", 47 y concs. de la ley 11.653; 39 apartado 1 y concs. de la ley 24.557 y la doctrina legal que cita.
Los agravios que porta la impugnación son los siguientes:
II.1.a. Cuestiona, en primer lugar, la responsabilidad objetiva que en el fallo de grado se endilga a la Provincia de Buenos Aires.
Plantea que el hecho que motivó el reclamo de autos fue provocado por el accionar de terceros por los cuales el Fisco provincial no está obligado a responder, ya que se trató de la actuación de varios delincuentes que consumaron un robo dentro del predio privado ubicado en la localidad de Longchamps, perteneciente a Logística La Serenísima S.A.
De allí que, a su entender, la situación encuadra en el art. 1.113 in fine del Código Civil, puesto que, al tratarse del obrar doloso de terceros ajenos, se configura la eximente de responsabilidad prevista en la norma citada. En este marco denuncia infringida la doctrina legal emergente de la causa registrada como L. 81.930, "D., M. N. y otras", sentencia de 25-II-2009.
II.1.b. Alega luego que no puede invocarse en el caso bajo examen la existencia de riesgo de la actividad.
Ello así, toda vez que -sostiene- la tarea policial que cumplía Costoza, a la que erróneamente el a quo califica como riesgosa, se identifica -en rigor- con el concepto de "servicio de seguridad" que presta el Estado provincial.
En consecuencia, considera que el fundamento de la responsabilidad del Fisco no encuentra sustento en el art. 1.113 del Código Civil, sino que tiene amparo, a todo evento, en lo dispuesto en el art. 1.112 del referido digesto legal. Con relación a este último precepto, postula que de todas maneras no se verifican en el sub lite las condiciones para su aplicación.
Además, con cita de doctrina de autores, asegura que el art. 1.113, en su redacción conforme la ley 17.711, se limita a establecer la responsabilidad por el "riesgo o vicio de la cosa", sin que la regulación legal resulte comprensiva de la "actividad riesgosa".
Por todo lo dicho, estima que la doctrina emergente de la causa L. 80.406, "Ferreyra", sentencia de 29-IX-2004 no puede ser aplicada en el caso.
II.1.c. Luego retoma la argumentación vinculada a la inexistencia de nexo causal entre el hecho y el daño sufrido por el actor.
En este orden, reitera que la conducta de terceros (los delincuentes que perpetraron el ataque), interrumpió la relación de causalidad y, por lo tanto, ese comportamiento configura la eximente de responsabilidad prevista en el art. 1.113 in fine del Código Civil.
En definitiva, asevera que ninguna vinculación causal adecuada puede constatarse entre el servicio de seguridad regularmente prestado por el Estado provincial y el daño en la salud que padece Costoza, porque dicho menoscabo fue producido en forma directa, inmediata y exclusiva por la intervención extraña de delincuentes, por los que aquél no debe responder.
En estas condiciones, reputa absurdo el razonamiento del juzgador de origen con arreglo al cual hubo de plasmarse la conclusión que impugna.
II.2. En lo concerniente a la responsabilidad subjetiva atribuida al Fisco, plantea que el tribunal de grado incurrió en una errónea valoración de las pruebas arrimadas.
Sostiene que, a partir de los dichos del testigo Cordero -quien, al igual que el actor, prestaba servicios de policía adicional- se advierte que la Provincia de Buenos Aires observó todas las medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento de las funciones de Costoza.
Afirma que entregó los elementos indispensables a esos fines, a saber: arma reglamentaria, chaleco antibalas, etc., argumentando que no es razonable exigirle al Estado provincial que verifique y supervise las condiciones de seguridad de todos y cada uno de los sitios -públicos o privados- en los que se lleva a cabo el servicio de policía adicional.
En este sentido, agrega que no surge de la ley provincial 13.942 -que regula el funcionamiento de la indicada prestación- la provisión de una garita de seguridad.
Para finalizar, insiste en que la conclusión criticada es contradictoria y absurda.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General (v. fs. 2.105/2.111), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1.a. En el veredicto, en lo que interesa reseñar aquí, el tribunal de grado determinó: i] que Costoza pertenecía a la institución policial provincial, habiendo sido dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, fuerza a la que ingresó el 4 de noviembre de 1986 y de la que egresó el 18 de marzo de 2006 cuando se le dio la baja por incapacidad física mediante resolución 239/06; ii] que mientras se desempeñaba como Sargento Primero de la Comisaría de Almirante Brown, padeció un accidente de trabajo el día 27 de setiembre de 2003, cuando prestaba servicios bajo el sistema de policía adicional (POL.AD.) en el predio ubicado en la localidad de Longchamps, en el que tiene asiento la empresa Logística La Serenísima S.A.; iii] que el demandante sufrió un disparo de arma de fuego a la altura del cuello en el contexto de un asalto perpetrado por varios delincuentes armados; iv] que en el momento del infortunio estaba con el reclamante el agente Darío Suárez, quien relató que "...se encontraba dentro de un vehículo automotor marca Ford Falcon, propiedad de Costoza, junto con este debido a las inclemencias del tiempo, cuando ve pasar a los fleteros de la empresa que se reiteraban de franco, cuando en un instante es saludado por uno de los fleteros, para luego este mismo con otros tres más, todos ellos portando armas de puño los amenazan y le sustraen las armas reglamentarias, para escuchar una detonación y ver a Costoza herido, haciéndolo descender del rodado e ingresándolo en las instalaciones donde se realizan los pagos de las recaudaciones, donde amenazan a toda la gente y le sustraen dinero en efectivo, dándose a la fuga los cuatro sujetos" (vered., fs. 1.577); v] que la dolencia que porta el demandante a raíz del episodio es un traumatismo raquimedular nivel C4 completo, con una incapacidad del 100% definitiva y permanente; vi] que, según explicó el perito médico -cuya experticia, así como la psicológica producida no merecieron observaciones-, "...la herida de bala, le provocó una lesión traumática de la región bucal, fractura conminuta del maxilar inferior y una lesión raquimedular, con sección medular completa a nivel de C4, cuadriplejia y alteraciones p
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