Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123935
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por Eduardo Omar Gómez y, en consecuencia, condenó solidariamente a Fabra Fons S.A.I.C. y a Liberty ART S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de reparación integral (v. fs. 742/768).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, juzgó -conforme las conclusiones brindadas por el perito médico en su informe- que el actor padece una incapacidad del 15,78% del índice de la total obrera.
Asimismo, con sustento en la pericia técnica y las declaraciones testimoniales, señaló que en relación a las tareas desplegadas por el actor en el área de costura de colchones de la empresa empleadora, no se había demostrado que las mismas le hubieran requerido de una capacitación o especialización propias de una profesional habitual.
En dicho marco, concluyó que la posible indemnización debía ser fijada con relación a la total obrera, y no como se pretendía en la demanda, sobre la incapacidad total sobreviviente para la ejecución de sus tareas.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 17-XII-2018), el que fue concedido por el a quo a fs. 788.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas, y denuncia absurdo y arbitrariedad en la valoración de las pruebas, especialmente las pericias médica y técnica, y la testimonial.
En lo esencial, se agravia del porcentaje de incapacidad otorgado por el sentenciante, por cuanto entiende no considera que implica el 100% para el ejercicio de su profesión.
En ese sentido, manifiesta que del informe médico surge que no se encuentra apto para el desarrollo de sus tareas habituales, y que la pericia en seguridad e higiene refiere sobre la complejidad y especificidad de la tarea profesional ejecutada por el trabajador.
Asimismo, alega que el a quo prescinde de evaluar en su integridad los testimonios, donde también se puso de resalto la especialidad y capacidad del sector.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que determinar el grado incapacidad que afecta al trabajador, como la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y sus conclusiones no son revisables por la Suprema Corte, salvo absurdo, que debe ser cabal y suficientemente demostrado por la parte recurrente (causas L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014; L. 116.868, "García", sent. de 27-V-2015; L. 120.993, "Flamenco", resol. de 20-XII-2017 y L. 121.214, "Silvero", resol. de 11-IV-2018).
III.2. En el caso, el a quo - ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó en forma pormenorizada la prueba producida, incluidas las pericias médica y técnica que el impugnante denuncia como erróneamente ponderadas, y sobre tales premisas estableció -como se señaló supra - que no se había acreditado que las tareas que efectuaba le hubieran requerido una capacitación o especialización propias de una profesional habitual, en tanto el desempeño como operario de una máquina de coser no requería más que una cuota mínima de habilidad y destreza de quien la realiza, y, por ende, la incapacidad debía calcularse en torno a la total obrera.
Tal conclusión no logra ser descalificada por el impugnante, pues su crítica no controvierte de modo frontal, concreto y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance-, y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010; L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011 y L. 121.230, "Ocampos Segovia", resol. de 11-IV-2018).
En ese sentido, soslaya el interesado que el absurdo -que denuncia- sólo queda configurado si media cabal acreditación de su existencia, y no basta con invocarlo, sino que es menester demostrarla acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 117.769, "Sandobal", resol. de 17-XII-2014 y L. 120.996, "Chaves", resol. de 27-XII-2017).
III.3. En otro orden, corresponde observar que, si bien cierto es que este Tribunal ha sostenido que cuando el daño real ocasionado a la salud del trabajador por un siniestro laboral consiste en la incapacidad total sobreviniente para el ejercicio de su profesión, es éste el daño que debe indemnizarse conforme lo normado por el art. 1069 del anterior Código Civil y el principio de reparación integral, no lo es menos que -como se anticipó- en el sub lite el tribunal de grado, ponderando los distintos elementos probatorios producidos en la causa, concluyó que el actor no logró acreditar que las tareas desempeñadas fueran de aquéllas que requieran de una especial capacitación o profesionalidad para su desempeño.
En igual sentido, es dable recordar que la "profesión habitual" no tiene asimilación con las "labores" habituales para las que se puede o no requerir una profesionalidad (causas L. 79.760 "Gens", sent. de 18-II-2004; L. 87.797 "Iñiguez", sent. de 29-VI-2005; L. 87.500 "González", sent. de 6-II-2008; L. 96.467 "Busso", sent. de 3-VI-2009 y L. 119.058, "Magnanini", sent. de 31-X-2016).
Así definida la cuestión, se observa que el impugnante no se hace cargo de controvertirla eficazmente, desde que -en rigor- su crítica tan sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando-como se anticipó- la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 100.928, "González", sent. de 21-IV-2010 y L. 122.275, "Sosa", resol. de 5-VI-2019).
III.4. Asimismo, es del caso recordar que en la tarea de valorar las pericias y asignarles entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 116.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 118.504, "Miralles", resol. de 8-IV-2015 y L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016), el cual, como se anticipó, no logra ser acreditado.
III.5. Tampoco resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo que el interesado-como se dijo- no logra demostrar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016).
III.6. Finalmente, tampoco resulta hábil la denuncia de violación de doctrina que el recurrente efectúa en el medio de impugnación traído, pues no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, o bien no refiere a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 114.267, "Godoy", resol. de 18-IV-2011; L. 105.607, "Sánchez", sent. de 28-III-2012; L. 117.648, "Serantes", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.830, "Vega", resol. de 4-V-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2020 11:07:45 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 08/06/2020 12:45:45 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 10/06/2020 13:15:25 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 12/06/2020 20:20:24 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 16/06/2020 13:15:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia