Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 16 de junio de 2020.
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción iniciada por Marcelo Fabián Reboredo contra Provincia ART S.A. mediante la cual procuraba el cobro de las prestaciones de la ley 24.557, en virtud de la minusvalía que denunció padecer a causa del accidente sufrido (v. fs. 217/223).
Para así decidir, juzgó -conforme las conclusiones brindadas por la perito médica en su informe- no probado que, como consecuencia del infortunio padecido por el actor, el mismo sea portador de alguna incapacidad laborativa.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 6-V-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 230 y vta.
En su presentación -en lo esencial- alega absurdo y arbitrariedad en la valoración de la pericia médica por parte del tribunal de grado, en cuanto no tuvo por probada la existencia del nexo causal entre las afecciones que presenta el trabajador y el accidente ocurrido. Cita las normas y la doctrina que considera violadas.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
III.1. Sabido es que determinar el vínculo causal o concausal entre el infortunio sufrido y la minusvalía que afecta al trabajador, como el análisis del material probatorio, constituye una atribución privativa de los jueces de grado y exenta de revisión en la instancia extraordinaria, salvo la eficaz denuncia y acabada evidencia de la configuración de absurdo (causas L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014 y L. 119.348, "Lopez", resol. de 22-XII-2015; e.o.).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.555, "Cortés", resol. de 23-II-2011; L. 114.235, "Barroca", resol. de 11-V-2011 y L. 118.387, "Sala", resol. de 19-II-2015).
III.2. En el caso, el tribunal de grado evaluó en forma pormenorizada la experticia médica que el impugnante denuncia como erróneamente ponderada y, sobre tales premisas, juzgó que el actor no presentaba ninguna incapacidad física ni psicológica que se relacione con el accidente denunciado en autos.
Tal conclusión no logra ser descalificada por el recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el órgano de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2015).
Al respecto, cabe recordar que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.168, "Sánchez", resol. de 18-V-2011; L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011 y L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014), lo que -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
III.3. Para más, corresponde señalar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 102.928, "Mansilla", sent. de 21-XII-2011; L. 105.461, "Bertón", sent. de 22-VIII-2012; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014; L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016 y L. 121.546, "Cabrera", resol. de 28-XI-2018), vicio que el impugnante -como se dijo- no ha logrado demostrar.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
ANALIA DI TOMMASO
Secretaria
(conf. Acuerdo 3971)
Registrada bajo el n°427
mlp
Fin de la sentencia