Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121063
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.063, "Rossini, Rubén Gustavo contra Ministerio de Seguridad y otro. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 310/333 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 341/346).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la sentencia de fs. 310/333 vta.?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por Rubén Gustavo Rossini contra la Provincia de Buenos Aires, y en consecuencia, condenó a ésta -en su calidad de empleadora autoasegurada-, al pago de la prestación dineraria por incapacidad establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en esta última.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 de la ley 11.653; 3, 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; de los decretos 1.694/09 y 472/14; de las leyes 23.928 y 25.561; y de la doctrina legal que identifica.
Señala que el órgano judicial de grado, al aplicar retroactivamente la ley 26.773 y descalificar la validez constitucional de su art. 17 apartado 5, incurrió en absurdo y transgredió la doctrina legal que este Superior Tribunal ha establecido en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha seguido en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), respecto al ámbito de aplicación de las mejoras indemnizatorias previstas en la ley indicada (v. fs. 342 vta./344).
A su vez, alega que el a quo utilizó erróneamente el índice RIPTE sobre el piso indemnizatorio ya actualizado por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 (v. fs. 344 vta.). En ese sentido, destaca que esta normativa se encontraba vigente al momento del dictado de la sentencia, pero no cuando aconteció el accidente que padeció el actor (v. fs. cit.).
III. Corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1.a. Liminarmente, es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 95.514, "Galván", sent. de 26-XI-2008 y L. 91.868, "R., B.", sent. de 5-VIII-2009).
III.1.b. Esta circunstancia es la que ocurre en el caso bajo examen y justifica la solución que aquí se propone.
En efecto, y en lo que resulta de interés para resolver esta cuestión, cabe destacar que, en el primer interrogante planteado en la sentencia, el juez Ortega propuso la admisión del reclamo del accionante con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo. En ese orden, previa declaración de oficio de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, concluyó que la citada ley debía aplicarse a las contingencias acaecidas aún con anterioridad a su entrada en vigencia y que a la fecha del dictado del pronunciamiento de mérito todavía se encontraran incumplidas, como ocurre en el caso (v. fs. 316/320).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir al actor, juzgó aplicable al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, y el art. 3 de la ley 26.773. En ese orden, multiplicó el importe de $1.090.945 por el porcentaje de incapacidad, a dicho resultado le sumó una indemnización equivalente al 20% y, a su vez, le restó el monto ya abonado por la aseguradora de riesgos del trabajo (v. fs. 320 vta.). Por último, lo ajustó conforme al "índice R.I.P.T.E. vigente entre la fecha del accidente de trabajo determinado en autos (mes de octubre de 2007) y el último publicado" a la fecha de la sentencia (enero de 2017), pues explicó que la aplicación de tal índice "desde el 01-01-2010 (conf. art. 17 ap. 6° de la ley 26.773), carece de sustento jurídico y fáctico válido, desde que resulta contradictorio con lo normado en el art. 2 del mismo cuerpo normativo, en tanto determina que la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional" (fs. 321 vta./322). En ese sentido, agregó que "...el deber de reparar nace en el momento del acaecimiento del evento dañoso o determinación de la enfermedad, y por ende, debe resarcirse acabadamente con todos los parámetros incapacitantes y legales, desde tal momento" (fs. cit.).
A su turno, la doctora De Tomaso, quien votó en segundo término, manifestó su adhesión a la opinión expresada por su colega con relación a la aplicación de los lineamientos de la ley 26.773 y de la resolución 387/16, pero discrepó respecto a la fecha a partir de la cual debía aplicarse el índice RIPTE en el caso, pues sostuvo que en causas como la presente, el extenso transcurso del tiempo del proceso -si se toma como punto de partida la fecha del siniestro- importa arribar a sumas extraordinarias (v. fs. 322 vta.). En consecuencia, concluyó que el ajuste debía establecerse utilizando el índice obtenido como resultado de computar el determinado para el período comprendido entre el día 1 de enero de 2010 y el último publicado (v. fs. cit.).
Expresó que "...se trata de resarcir justamente, equitativamente, el daño padecido", y que "ello no puede implicar una fórmula que no evalúe los ponderables del caso -como el presente el paso de casi 10 años desde el evento- no imputables en concreto a las partes del proceso o a la justicia, sino a un conjunto de factores, que han llevado a que la incapacidad no pudiera resarcirse en su tiempo oportuno" (fs. 323). A partir de este nuevo análisis del tema, consideró que resulta razonable que, en tanto los eventos que se ventilen sean anteriores al 1 de enero de 2010, la aplicación del índice RIPTE sea conforme a la ley (v. fs. cit.).
Finalmente, el juez Bazzani al emitir su sufragio descartó la aplicación de las disposiciones de la ley 26.773 en el caso, por resultar la contingencia de autos de fecha anterior a su entrada en vigencia (v. fs. 325/330 vta.).
En ese marco, es sencillo advertir que, a la hora de cuantificar las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, sólo dos de los jueces (doctores Ortega y De Tomaso) consideraron que correspondía aplicar en la especie la ley 26.773, mientras que el tercer integrante entendió que dicha ley no era aplicable al caso. Sin embargo, los magistrados que coincidieron en el extremo apuntado discreparon -tal como quedó expuesto- acerca del modo como debía ser aplicado el índice RIPTE, careciendo en consecuencia el pronunciamiento impugnado de la imprescindible mayoría de opiniones respecto de una cuestión esencial como lo es la cuantificación de la indemnización reclamada.
Así, es dable concluir que esta anomalía configura una violación de lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, desde que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del tribunal de trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653), ya que la coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancias (causas L. 89.252, "Cintoro", sent. de 15-II-2006 y L. 84.401, "Bautista", sent. de 26-VIII-2009).
De esta forma, y reconociendo el carácter extraordinario de la atribución, se justifica en el caso la procedencia de la anulación oficiosa del fallo, aun sin que medie denuncia de infracción a los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, desde que los magistrados que integran el tribunal de grado no arribaron a un verdadero acuerdo sobre cuestiones litigiosas cuya definición resulta insoslayable y esencial en el marco del reclamo impetrado (causa L. 100.658, "Ciotti", sent. de 7-VII-2010).
III.2. En suma, atento la deficiencia ya señalada, corresponde disponer la anulación parcial de la sentencia exclusivamente en lo que concierne a la decisión vinculada a la cuantificación de las prestaciones dinerarias objeto de condena, toda vez que con relación a las restantes cuestiones abordadas por el a quo ha mediado la necesaria mayoría de opiniones exigidas por las normas constitucionales y legales.
Así, esta Corte ha resuelto que la circunstancia de que algún aspecto de la sentencia se encuentre viciada por un defecto de gravedad tal que justifique su anulación, no implica que resulte necesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos del decisorio que componen las restantes controversias suscitadas entre las partes, lo que configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia-, cuando los términos de los mismos no han provocado agravios, o bien, si los hay, nada impide que la Suprema Corte ejerza, a su respecto, la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 90.689, "Martínez Gómez", sent. de 15-V-2009 y L. 118.963, "Bernal", sent. de 9-VIII-2017).
IV. Por lo expuesto, corresponde anular de oficio la sentencia de fs. 310/333 vta. con el alcance establecido en el punto anterior.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Las razones que habré de explicitar al abordar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada me conducen a afirmar que no corresponde anular de oficio el pronunciamiento de grado.
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta del doctor de Lázzari.
Solo he de agregar que, toda vez que la nulidad que conlleva este tipo de infracciones no resulta gratuita para los justiciables -al prolongar más allá de lo razonable los procesos judiciales-; corresponde formular una enérgica exhortación a los magistrados del tribunal de trabajo de Junín a los fines de que, en adelante, en el dictado de las resoluciones del cuerpo ajusten su desempeño a las formas establecidas legal y constitucionalmente, evitando de ese modo eventuales vicios nulificantes.
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor de Lázzari.
Y solo habré de aclarar -conforme lo he hecho en la causa L. 91.804, "Roberts" (sent. de 13-VII-2011), en donde manifesté mi posición sobre esta cuestión con el mismo tenor que el dado por mi colega en la presente- que a igual solución he arribado en otras oportunidades sobre la base de un semejante desarrollo argumental que, en su versión completa, fue plasmado en mis votos de las causas L. 78.296, "Giacobbo" (sent. de 6-XI-2002); L. 74.704, "Pérez" (sent. de 19-III-2003) y L. 82.773, "Potenza" (sent. de 22-X-2008); entre otras.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso debe prosperar.
Sin perjuicio del resultado obtenido, por mayoría, respecto de la decisión de anular de oficio la sentencia impugnada, y conforme lo anticipara al emitir mi opinión en la primera cuestión, habré de formular las siguientes consideraciones.
I.1. En las causas L. 120.764, "Márquez" (sent. de 7-II-2018) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) esta Corte -por mayoría- revocó las sentencias dictadas por el tribunal de grado aquí interviniente que mediante argumentos análogos a los expuestos en el pronunciamiento impugnado había resuelto emplear el índice RIPTE para cuantificar las prestaciones que integraban las respectivas condenas.
Luego, y en tanto la pertinente aplicación de los lineamientos trazados por este Tribunal en los citados precedentes conduce a acoger el principal agravio que contiene el recurso deducido y -con ello- a dejar sin efecto lo decidido por el a quo en cuanto juzgó aplicable el mentado mecanismo de ajuste contemplado en el art. 8 de la ley 26.773, opino que no resulta necesario declarar la nulidad de la sentencia en razón de la verificada ausencia de opinión mayoritaria en orden al lapso temporal sobre el cual habría de proyectarse el referido índice.
Fundada en la doctrina actual del Tribunal (posterior a la interposición del recurso pero plenamente aplicable; causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010 y L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011), la solución propuesta también encuentra su motivación en la búsqueda de la mayor celeridad en el litigio, pues dable es recordar que la anulación oficiosa de los pronunciamientos fruto de este tipo de infracciones, no resulta gratuita para los justiciables ya que suele prolongar los procesos más allá de lo razonable (causas L. 104.645, "Molfesa", sent. de 26-X-2010 y L. 109.595, "Juárez", sent. de 1-VIII-2012).
I.2. Conforme lo anticipado, y reiterando en lo pertinente lo expuesto en las mencionadas causas L. 120.764 y L. 119.371, habré de desarrollar los argumentos que justifican la revocación de lo resuelto por el tribunal de grado en lo tocante al índice RIPTE.
I.2.a. Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1.087; 301:1.062; 302:457 y 1.149; 303:1.708; 324:920 y 335:2.333; e.o.).
Puede observarse que, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante al marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; art. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" (art. 26, CADH) justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo resuelto por el tribunal de grado no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
Luego, debe ser dejada sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
I.2.b. Sentado lo anterior, cabe señalar que, en el marco de lo regulado en la referida ley, esta Corte tiene dicho que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016; e.o.), criterio concordante con lo plasmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
Entonces, teniendo en cuenta que, a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -en tanto ello fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773 no resultan aplicables al caso las normas actuadas por el a quo para cuantificar las prestaciones dinerarias. La sentencia debe ser revocada en este aspecto, devolviéndose las actuaciones al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte una nueva conforme lo aquí resuelto.
I.3. Lo expuesto torna innecesario el tratamiento de los restantes cuestionamientos que en subsidio trae el quejoso.
II. En virtud de lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado en cuanto en ella se aplicó la ley 26.773 para cuantificar las prestaciones sistémicas. Con costas por su orden, atento al modo en que se resuelve la presente (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerd
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