Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119510
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.510, "Villarruel, María Laura contra Sartori, Horacio Luis y otros. Accidente de trabajo-acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín acogió parcialmente la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 613/646 vta.).
Se dedujeron, por el demandado Horacio Luis Sartori, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 689/704 vta.) y por La Segunda ART S.A. de inaplicabilidad de ley (v. fs. 660/678 vta.).
Oído el señor representante del Ministerio Público (v. fs. 788/790 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley de fs. 660/678 vta.?
En su caso:
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 689/704 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que aquí interesa señalar, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la acción deducida por la señora María Laura Villarruel -por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad- contra Horacio Luis Sartori y La Segunda ART S.A., por medio de la cual procuraban el cobro de la indemnización por fallecimiento del trabajador y diversos rubros de naturaleza laboral (v. sent., fs. 622/646 vta.).
II. El codemandado Horacio Luis Sartori dedujo recurso extraordinario de nulidad (desarrollado a partir de fs. 690 vta.), en el que denuncia omisión de cuestiones esenciales y falta de adecuada fundamentación (arts. 168 y 171, Const. prov.).
En sustancia, alega que el tribunal de grado omitió ponderar el expediente judicial n° 43.461, caratulado "V., M. L. C/ R., W. O. s/ Alimentos" en trámite por ante el Juzgado de Paz de Rojas, así como la prueba pericial médica; arribando -en consecuencia- a conclusiones arbitrarias y absurdas (v. rec., fs. 690 vta./694).
Agrega que el pronunciamiento de origen incurre en una transgresión legal fundamental al imputarle responsabilidad al empleador sin que exista dolo, culpa, riesgo o vicio de la cosa (v. rec., fs. 694/695).
Asimismo, se agravia de la aplicación de la multa por falta de entrega de la certificación prevista en el art. 80 de la ley 20.774, cuando en el veredicto se señaló que en sede administrativa el empleador había entregado la documentación solicitada (v. rec., fs. 695).
Por último, controvierte la aplicación de la tasa activa de interés dispuesta en el pronunciamiento de origen, a pesar del pedido de inconstitucionalidad de la ley 14.399 formulado en la audiencia de vista de causa. Afirma que el apartamiento de las normas constitucionales desvirtúa al fallo como acto jurisdiccional válido (v. rec., fs. 695 y vta.).
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor representante del Ministerio Público (v. fs. 788/790 vta.), entiendo que el recurso no puede prosperar.
En primer término, es dable destacar, en orden a la consideración y valoración de la prueba rendida en autos, que lo que en realidad imputa el recurrente al a quo , es la comisión de errores de juzgamiento, materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ajena al remedio procesal en examen (causas L. 83.398, "Berterame", sent. de 31-VIII-2007; L. 89.586, "Gatica", sent. de 11-VI-2008; L. 89.193, "Machao", sent. de 22-VI-2011; e.o.).
En efecto, tiene reiteradamente dicho esta Corte que el vicio que se corrige mediante el recurso extraordinario de nulidad es la omisión de tratamiento de una cuestión esencial; esto es, la falta de abordaje de aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para su validez y que, según las modalidades del caso, resultan necesarios para la correcta solución del pleito. En otras palabras, la cuestión esencial está constituida por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento (causas L. 80.833, "Baridon", sent. de 27-VI-2007; L. 89.687, "Dangelosanto", sent. de 14-V-2008; L. 102.982, "Berges", sent. de 5-XII-2012; e.o.).
En tal sentido, las alegaciones referidas al material probatorio, tanto lo concerniente a la eventual ausencia de su tratamiento, como al deficiente examen del mismo, no encuadra en los términos del art. 168 de la Constitución provincial (causas L. 87.498, "Benitez", sent. de 28-XII-2010 y L. 104.785, "Albite", sent. de 5-VI-2013).
Asimismo, y con relación a la supuesta configuración del vicio de absurdo, es doctrina de esta Suprema Corte que tal hipotética crítica no puede ser canalizada mediante el presente carril de impugnación extraordinario, sino por conducto del recurso de inaplicabilidad de ley (causas L. 94.686, "Álvarez", sent. de 9-IV-2008 y L. 96.679, "Cisneros", sent. de 2-III-2011).
Finalmente, habiéndose denunciado la violación del art. 171 de la Constitución provincial, cabe señalar que en autos no se constata la infracción de la norma mencionada, ya que el pronunciamiento recurrido se encuentra fundado en expresas disposiciones legales.
IV. En razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani , votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero en todo a los fundamentos y sentido del voto del doctor Pettigiani.
He de agregar, sin perjuicio de lo anterior, que nuevamente el tribunal de trabajo de Junín incurre en descuidos e irregularidades que deben ser señaladas, aunque no conduzcan per se a la anulación del fallo.
Advierto, por ejemplo, que el veredicto carece de la enunciación del lugar y fecha de su celebración, que tanto esa pieza como la sentencia no han sido suscriptas por algún funcionario que diera fe de lo actuado, que no hay constancias del registro del fallo (como tampoco las hay de la resolución de fs. 705/706, 708/709 y 710/711), que no se dio oportuna vista al Asesor de Incapaces (circunstancia que se ha tornado abstracta por la llegada a la mayoría de edad de los interesados), etc. En definitiva, un cúmulo de falencias en el trámite de la causa y de control sobre los funcionarios que resultan muestras de una ligereza que, aunque no alcancen -repito- para decretar la nulidad de las actuaciones, sí impone recordar a los señores jueces su compromiso adquirido con la adecuada administración de justicia.
Voto, pues, por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por María Laura Villarruel, en representación de sus hijos Leandro y Luciana Ridolffi, y condenó a Horacio Luis Sartori a abonar las sumas que especificó en concepto de indemnización prevista en los arts. 80 de la ley 20.744 y 45 de la ley 25.345. Asimismo, tras declarar la inconstitucionalidad de los arts. 39 de la ley 24.557, 16 in fine del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773, hizo lugar a la demanda interpuesta por la señora Villarruel, por sí y en representación de sus hijos, condenando -por un lado- a La Segunda ART S.A. en el marco del régimen especial contenido en la ley 24.557; y -por el otro- al empleador, por la diferencia resultante entre la reparación prevista en el régimen especial y la ley civil. En cambio, rechazó la acción incoada por la concubina del trabajador en procura de las indemnizaciones previstas en los arts. 2 de la ley 25.323, 16 de la ley 25.561 y 9 de la ley 25.013, así como los rubros lucro cesante y daño moral (v. sent., fs. 613/646 vta.).
Por último, dispuso que al capital de condena -con excepción del rubro daño moral reconocido a los hijos del trabajador- se le adicionen intereses a la tasa promedio activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento, desde la fecha del evento dañoso y hasta su efectivo pago (v. sent., fs. 638 vta. y 643/646 vta.).
Para así resolver, juzgó acreditado que el señor Walter Omar Ridolffi se desempeñó como chofer, bajo relación de dependencia del señor Horacio Luis Sartori, desde el día 1 de marzo de 2004 hasta el día 1 de noviembre de 2006 (v. vered. primera cuestión, fs. 613/614 vta.). Con sustento en la prueba testimonial y pericial médica, encontró probado que a las 13 hs. del día 1 de noviembre de 2006, mientras realizaba un viaje desde la localidad de Rojas a la ciudad de Rosario en cumplimiento de sus tareas laborales, el trabajador sufrió un accidente de tránsito. Agregó que pese a encontrarse sin lesiones externas a consecuencia del siniestro, el señor Ridolffi solicitó atención médica por el estado de nerviosismo en que se encontraba, constatando el profesional médico presente en el lugar que estaba descompensado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital de la ciudad de Rosario, donde falleció ese mismo día a las 17:30 hs. (v. vered. tercera cuestión, fs. 615 vta./618).
En dicho contexto, el a quo juzgó acreditado que en el fallecimiento del trabajador participaron concausalmente diversos factores: enfermedad coronaria previa (cardiomegalia dilatada), hipertensión, sedentarismo (con ausencia de prácticas deportivas), obesidad (ciento dieciséis kilogramos, con importantísimo perímetro abdominal), consumo de cigarrillos y el estrés agudo o estrés emotivo producto del choque (v. vered. tercera cuestión, fs. 618 vta./619 vta.).
En la sentencia, destacó que el perito médico actuante había detallado en su dictamen que uno de los factores de riesgo de la enfermedad coronaria es el "stress súbito". Estimó que al ocurrir el accidente de tránsito mientras cumplía con su tarea laboral, en horas, lugar y ocasión de ejecución de las mismas, dicha actividad resultaba "riesgosa", concluyendo que la misma había colaborado en la producción del evento dañoso. En este marco, con sustento en los arts. 375 y 1.113 del Código Civil estableció la incidencia del "stress" en el fallecimiento del señor Ridolffi en un 20% del índice de la total obrera (v. sent., fs. 624 vta./626).
Luego, puesto a determinar el importe de la indemnización a la luz de las normas contenidas en el Código Civil velezano, cuantificó inicialmente el daño emergente en la suma de $100.370,63. Asimismo, con sustento en el art. 1.078 del mismo cuerpo normativo, declaró procedente el rubro daño moral peticionado por los hijos del trabajador fallecido, fijándolo en la suma de $160.000 a la fecha del decisorio ($80.000 para cada uno de los hijos); desestimando -en cambio- la petición efectuada en ese sentido por la señora Villarruel en su carácter de concubina del causante (v. sent., fs. 626/627 vta.).
A continuación, con el objeto de determinar la prestación dineraria correspondiente por aplicación de la ley 24.557, el tribunal -con sustento en precedentes de otros órganos de justicia, del propio tribunal, opiniones doctrinarias y los fallos "Camusso" y "Gómez de Vélez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, declaró aplicables al caso las modificaciones introducidas a la mentada ley por el decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
Para sustentar dicha decisión, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de los arts. 16 -última parte- del referido decreto y 17 apartado 5 de la mencionada ley 26.773 -en cuanto establecen que las disposiciones en ellos contempladas sólo resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su entrada en vigencia-, por encontrarlos en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de aplicación inmediata de la nueva ley (v. sent., fs. 627 vta./631 vta.).
En consecuencia, efectuó el cálculo de la prestación prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo -según las prescripciones del decreto 1.694/09 y ley 26.773-, a la que adicionó el índice RIPTE desde la fecha del evento dañoso hasta el último valor publicado de agosto 2013. Luego, a la suma resultante, le adicionó el 20% establecido en el art. 3 de la última ley citada, obteniendo así la suma total de $217.234,80 (v. sent., fs. 631 vta. y 632).
En ese marco, advirtió que el monto del resarcimiento que percibirían los actores en virtud del régimen previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo resultaba inferior al obtenido por aplicación del Código Civil, por lo que declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo por considerarlo incompatible con lo normado por los arts. 14 bis, 16, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. sent., fs. 632/635 vta.).
Por último, tras remarcar que la codemandada La Segunda ART S.A. se encontraba unida al empleador mediante un contrato de cobertura de accidente de trabajo cuyo riesgo asegurado se encontraba circunscripto al otorgamiento de cobertura con el alcance establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo, ordenó a aquélla abonar el monto liquidado en concepto de prestaciones de la ley 24.557 y al accionado Horacio Luis Sartori la diferencia resultante entre aquella y las previsiones del Código Civil (v. sent., fs. 635 vta./636 vta.). A continuación, teniendo en cuenta la mentada condena impuesta en base a la ley 24.557, el tribunal de grado hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la aseguradora de riesgos del trabajo fundada en la improcedencia de una condena en base a las normas del Código Civil (v. sent., fs. 642 y vta.).
II. La codemandada La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 39 de la ley 24.557; 17 apartado 5 de la ley 26.773; 16 del decreto 1.694/09; 3 del Código Civil; 14, 16, 17, 18 y concordantes de la Constitución nacional; así como de la doctrina legal que cita (v. fs. 660/678 vta.).
II.1. Se agravia, en primer término, de que el tribunal de grado hubiera omitido -en la parte dispositiva de la sentencia- expedirse respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva oportunamente interpuesta, y que fuera admitida en los considerandos o fundamentos del fallo impugnado (v. rec., fs. 663 vta. y 664).
Agrega que, al haberse hecho lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, resulta confuso y contradictorio que -en la parte dispositiva de la sentencia- se lo haya condenado a abonar la suma de $160.000 en concepto de daño moral (v. rec., fs. 664/665 vta.).
II.2. Luego, con denuncia de quebranto de la doctrina legal sentada en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), cuestiona el tramo del fallo en el que se resolvió la aplicación de la tasa activa promedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 665 vta./666 vta.).
II.3. A continuación, y a tenor del principio de eventualidad, controvierte la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. Afirma que, tratándose de un régimen específico estatuido por el legislador para atender los riesgos -también específicos- derivados del contrato de trabajo, con un sistema indemnizatorio especial y procedimientos abreviados y simplificados en beneficio de los trabajadores, resulta infundada la tacha de inconstitucionalidad efectuada en el pronunciamiento de grado (v. rec., fs. 666 vta./670).
II.4. Asimismo, se agravia de la decisión de origen que declaró la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 (v. rec., fs. 670/674 vta.).
En concreto, afirma que la declaración de inconstitucionalidad parcial y sectorizada de las mentadas normas, con el objeto de sortear su expresa irretroactividad y aplicarlas a una situación ampliamente consumada con anterioridad a su entrada en vigencia, resulta arbitrario y contradictorio con el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo. Aduce que el razonamiento del tribunal de origen, vulnera el art. 18 de la Constitución nacional y el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil.
Sostiene que el a quo modificó el objeto de la demanda, puesto que el actor en ningún momento solicitó la aplicación del decreto 1.694/09 o de la ley 26.773, ni -menos aún- cuestionó la constitucionalidad de las mismas. Aduce que el tribunal de grado no fundó adecuadamente la aplicación retroactiva de la norma, declarando la inconstitucionalidad de una ley cuando no poseía facultades para hacerlo.
Adiciona que el pronunciamiento de origen para sustentar su decisión, recurrió a la sentencia emitida por la Sala X del Tribunal de Trabajo de Córdoba en la causa "Martín", desconociendo que a la fecha la misma ha sido casada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en sentido opuesto al sostenido en la sentencia impugnada.
II.5. También aduce que el fallo recurrido es incongruente por cuanto en la demanda la parte actora en ningún momento aludió a la ley 26.773 y/o al decreto 1.694/09. En este sentido, arguye que de conformidad con los temas oportunamente propuestos en los escritos constitutivos de la presente litis , el debate debía circunscribirse a la ley 24.557 y a su art. 39 (v. rec., fs. 674 vta./675 vta.).
II.6. Desde otra perspectiva, sostiene que el tribunal de grado interpretó absurdamente la pericia médica, al concluir que el cuadro de "stress" producto del accidente de tránsito "coadyuvó" al resultado y fijando el porcentaje de incidencia en la muerte del señor Ridolffi en un 20%. Afirma que no es posible admitir que un estado de estrés, por súbito que fuera, pueda participar como concausa o tener incidencia en el fallecimiento de una persona con el cúmulo de patologías preexistentes y comprobadas que padecía el causante (v. rec., fs. 675 vta./676 vta.).
II.7. Por último, cuestiona el monto indemnizatorio obtenido por aplicación del decreto 1.694/09 y la ley 26.773 (v. rec., fs. 676 vta./677 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
Razones de orden metodológico, imponen alterar el orden de tratamiento de los agravios traídos.
III.1.a. En el fallo de los hechos, el tribunal de trabajo, en ejercicio de facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653), luego de valorar las declaraciones testimoniales, concluyó que no se encontraba acreditado que el trabajador realizara jornadas extensas de labor o que estuviera sometido a presiones de su empleador, entendiendo -por el contrario- que se trataba de una relación laboral normal, sin exigencias extremas (v. vered., fs. 617 y vta.). Con sustento en la prueba documental, encontró acreditado que el 25 de octubre de 2006 el causante fue sometido a una evaluación psicofísica, en la cual se lo encontró apto para la actividad de chofer de cargas generales (v. fs. 71 y vered., fs. 618).
Agregó, con sustento en la pericial médica de fs. 512/516 que el trabajador "...debía ser hipertenso, mostrando sedentarismo, obesidad, estrés, con importantísimo perímetro abdominal, todas causas premonitorias o también llamadas factores de riesgo de enfermedad coronaria crónica que con el agregado de importantísima angustia determinada por el accidente, per se , pueden producir un pico hipertensivo o un dolor agudo coronario o
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