Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119954
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.954, "Rodríguez, Francisco Cirilo contra Fiscalía de Estado-Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari, Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 388/397 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 405/412 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente que sufrió el día 5 de noviembre de 2012, mientras desarrollaba sus tareas como enfermero en el Hospital General de Agudos de Junín, el señor Francisco Cirilo Rodríguez padece una incapacidad laboral permanente parcial que lo invalida en un 17,5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 388/390).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado condenó al Fisco al pago de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, de 28 de agosto de 2015- con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE-(art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773 (v. sent., fs. 392/397 vta.).
Para determinar el importe indemnizatorio previsto en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante aplicó la fórmula allí prevista ($5.583,56 -IBM- x 53 x 17,5% x 1,25), arribando a la cifra de $64.734,39.
Empero, tras declarar aplicable al caso la resolución 28/15 (v. sent., fs. 394 vta. y 395), fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $147.324,80 ($841.856 x 17,5%).
A dicho importe adicionó -además- el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a $29.464,96.
Luego, consideró que correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de noviembre de 2012 ($789,52) y mayo de 2015 ($1.549,59) arrojaba un coeficiente de 1,96, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $346.507,92 (v. sent., fs. 395 vta.).
Finalmente, dispuso que al monto de condena resultante se le aplicaran intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" desde la fecha del evento dañoso (5 de noviembre de 2012) hasta su efectivo pago (v. sent., última fs. cit. in fine ).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 3, 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 8 y 17 del decreto 472/14; 44 de la ley 11.653; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, señala que el a quo interpretó inadecuadamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 al utilizar el índice RIPTE sobre el mínimo determinado según la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, pues esta última define -con arreglo a lo dispuesto por el art. 8 de la referida ley- el importe de la prestación ya actualizada.
Alega que si bien, atento la fecha del infortunio, resulta indiscutible la inaplicabilidad al caso de la resolución 28/15, constituye un verdadero despropósito que las prestaciones determinadas con arreglo a ella sean indexadas -por conducto del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773- mediante la implementación del mencionado índice.
La irrazonabilidad de la mecánica -a su criterio- radica en que el índice RIPTE se utiliza para actualizar únicamente las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos del art. 14 de la ley 24.557, pero de ningún modo debe aplicarse -como lo hizo el tribunal de origen- a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados, pues, caso contrario, dicho coeficiente se utilizaría dos veces sobre el mismo monto.
En ese mismo sentido, manifiesta que así lo estableció el decreto 472/14, al reglamentar los arts. 8 y 17 de la ley 26.773 (v. fs. 407/409).
II.2. Por otro lado, la interesada cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la citada resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, en lugar de la resolución 34/13, que era la vigente al momento del infortunio.
Sostiene, en lo esencial, que el ámbito de aplicación temporal de las normas atinentes a los riesgos laborales se define por el momento en que ocurre la contingencia.
Asimismo, aduce que, de mantenerse el criterio establecido por el juzgador de grado, se estarían violando los derechos constitucionales de su parte, en especial el de propiedad.
II.3. Finalmente, impugna la tasa de interés según la cual el juzgador ordenó se liquiden los accesorios sobre el capital de condena.
Aduce que la tasa de interés propuesta por el juzgador (pasiva "digital"), sin desconocer lo resuelto en la causa L. 118.615, "Zócaro" (resol. de 11-III-2015), vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de la causa C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009), entre otras que cita.
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó dicho pronunciamiento, ni hay constancia de que hayan sido registrados (v. fs. 388/390).
Si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Sentado ello, cabe señalar que le asiste razón a la recurrente en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el tribunal a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
Al respecto, habré de reproducir -en lo pertinente- los fundamentos que expuse al sufragar en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso.
III.2.a. Para dirimir la cuestión debe partirse de la interpretación armónica de los citados preceptos.
El art. 8 regula sobre el mecanismo de ajuste periódico y automático de los importes por incapacidad laboral permanente y el art. 17 apartado 6 contempla el modo en que dicha pauta opera inicialmente a partir de la entrada en vigencia del cuerpo legal citado.
El primero dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Por su lado, el art. 17 apartado 6 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
Del juego conjunto de ambas disposiciones se desprende que la primera establece -con carácter permanente y para el futuro- el mecanismo con arreglo al cual se determina el módulo de ajuste de las prestaciones correspondientes a las contingencias posteriores a la entrada en vigencia de la nueva legislación (índice RIPTE que deberá publicar semestralmente la Secretaría de Seguridad Social, estableciendo los valores y el lapso de vigencia), y la segunda regula -simplemente- el hito temporal (enero de 2010) a partir del cual debe aplicarse dicho índice al importe de esas mismas prestaciones para el caso de los siniestros sobrevinientes a la publicación de la ley 26.773.
El índice es publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tomando como referencia la información de la Secretaría de Seguridad Social (pág. web www.trabajo.gov.ar/downloads/seguridadsoc/inf_ripte.pdf ). El ajuste de carácter semestral en base a dicha pauta (art. 8) se produce en los mismos plazos que el dispuesto para el Sistema Integrado Previsional Argentino (art. 17 apdo. 6) con el dictado de una resolución proveniente del último de los organismos citados (art. 8).
III.2.b. Sentado lo anterior y, como adelanté, resulta acertado el planteo de la recurrente en cuanto propugna que la decisión del a quo se aparta de las prescripciones de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 porque dispone la aplicación del índice RIPTE sobre un "piso" ajustado.
Como se dijo en la causa citada, el tópico ha suscitado un arduo debate en los ámbitos de la doctrina especializada y jurisprudencia, pues no son pocos los puntos oscuros y las dificultades interpretativas generadas por la ley 26.773.
Ahora bien, en dicho precedente se definió cuáles son los conceptos que están sujetos a la aplicación del índice previsto por dicha normativa, entendiendo como razonable lectura de los preceptos en juego que el parámetro de ajuste debe operar sobre: (i) los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; (ii) las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4 (en igual sentido, Ackerman, Mario E.; Ley de Riesgos del Trabajo , Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 98; v. CNAT, Sala IV, in re "Gamboa c. La Caja ART S.A.", sent. def. 98.528, de 4-XII-2014 y "Cabañas Rodríguez c. La Caja ART S.A.", sent. def. 99.069, de 29-V-2015); (iii) los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 de la ley 26.773.
Esta es la conclusión porque la referencia contenida en el art. 8 con relación a los "importes por incapacidad laboral permanente" conduce a la hermenéutica de que esa expresión lingüística hace alusión a los montos mínimos garantizados por el decreto 1.694/09 y a las sumas que en concepto de adicionales de pago único contemplaba el sistema especial. Agrego a ello, asimismo, los valores de base establecidos para el resarcimiento adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. resols., Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14, a las que luego habré de referirme, y las que siguieron su línea).
Estos ítems son los que constituyen los importes establecidos en el marco de la legislación de riesgos del trabajo (v. causa cit.; e.o.).
Esta línea hermenéutica es la que, conforme la doctrina legal de esta Corte, se ciñe más adecuadamente a la letra de la ley 26.773, así como a su objetivo concreto orientado por la "...cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias" (art. 1, párr. primero). Al igual que el decreto 1.694/09 (v. sus considerandos, en los que se expresa la necesidad de "...mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo los pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio..."), en definitiva, también la ley 26.773 tiende a la mejora de las prestaciones del régimen de reparación a partir de su incremento cuantitativo general, periódico (semestral), automático y a futuro.
III.2.c. Contribuyen a reforzar esta interpretación, las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 (B.O., 24-XII-2013) y 3/14 (B.O., 25-II-2014).
En ellas se establece -en cumplimiento de la delegación efectuada por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773- el importe reajustado, por la evolución del índice RIPTE, de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 apdo. 4, LRT), de los "pisos" mínimos de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, ley cit.) y de la compensación adicional por daños no reparados para el caso de muerte o incapacidad total (art. 3 segundo párr., ley 26.773).
En el marco de la resolución 34/13, el método de ajuste se aplica a partir del día 26 de octubre de 2012 (ver arts. 1, 4 inc. "a", 5 inc. "a" y 6 inc. "a"), fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773. En la posterior resolución 3/14, los valores se establecen por el período comprendido entre los días 1 de marzo de 2014 al 31 de agosto de 2014.
A esta altura, agrego, siguiendo dicho desarrollo argumental, que lo mismo sucede con las siguientes resoluciones 22/14 -para el período entre los días 1 de septiembre de 2014 y 28 de febrero de 2015-; 6/15 –entre los días 1 de marzo de 2015 y 31 de agosto de 2015- y 28/15 -entre los días 1 de septiembre de 2015 y 29 de febrero de 2016-.
III.2.d. Por último, la directriz interpretativa ya definida también se ve robustecida ni bien se repara en la disposición general que contiene el decreto reglamentario 472/14 (B.O., 11-IV-2014), en cuanto prescribe: "Determínase que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la ley N° 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el Decreto N° 1694/09, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables)..." (art. 17).
De ello se sigue que la reglamentación determina que son únicamente los montos mínimos del decreto 1.694/09 (también son valores mínimos los establecidos para el concepto contemplado en el art. 3, ley 26.773; conf. arts. 6, resol. 34/13 y 4, resol. 3/14) y los adicionales de pago único del art. 11 apartado 4 de la ley 24.557, los que quedan sujetos al mecanismo de ajuste, despejando así toda discusión hermenéutica en torno a cuáles son las situaciones contempladas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773.
III.2.e. A tenor de lo dicho, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia de grado en cuanto admitió el reclamo y condenó a la aseguradora a abonar las prestaciones de los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, a partir de una errónea interpretación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la última de las leyes citadas.
III.3. Luego, corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice publicado semestralmente por la Secretaría de la Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (reiterada en las causas L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e.o.) en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de ello, y de lo expuesto en los dos últimos párrafos del punto III.2.c. del presente voto, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es, el día 5 de noviembre de 2012, lo cierto es que el mismo no cae bajo la órbita de aplicación de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, sino de la resolución 34/13. En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
III.4. Por otro lado, corresponde rechazar la impugnación referida a la aplicación de la tasa de interés (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena.
III.4.a. Sobre la presente cuestión, esta Suprema Corte sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la "tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días", tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 59.059, "Giani" (sent. de 25-III-1997), que han sido ratificados en otros con fechas posteriores (así en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", sents. de 21-X-2009).
Asimismo, ante la sanción de la ley 14.399 (B.O., 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653, esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la misma en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 102.210, "Campana" y L. 108.142, "Díaz" (sents. de 13-XI-2013). Esencialmente, se consideró que dicha ley provincial se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.
Luego, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (conf. leyes 26.994, B.O., 8-X-2014 y 27.077, B.O., 19-XII-2014), en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), sostuve que por el período comprendido desde la exigibilidad del crédito hasta el día 31 de julio de 2015, los intereses moratorios están regulados por el art. 622 del Código Civil, por lo que, deviene aplicable, en consecuencia, la doctrina legal de esta Suprema Corte -conformada en torno a dicha norma- en la que se ha sostenido que, a partir del día 1 de abril de 1991, los importes adeudados deberán ser abonados con intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561 y 622, cit.). Y, por el período que va del día 1 de agosto de 2015 hasta su efectivo pago, ante el cambio normativo que importó el inc. "c" del art. 768 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, deberá aplicarse la tasa pasiva de interés "plazo fijo digital a 30 días" a través del sistema "Banca Internet Provincia" (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Esta postura, en las causas mencionadas, resultó minoritaria.
En cambio, la posición que conformó allí la mayoría de opiniones, sos
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