Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121036
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.036, "Solari, Claudia Marcela contra Dirección General de Cultura y Educación. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, de Lázzari, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda, con costas a cargo de la demandada (v. fs. 132/143 vta.).
Se dedujo, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 152/157).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente admitió parcialmente la demanda incoada por la señora Claudia Marcela Solari y condenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a pagarle la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557).
Señaló que no fue materia de controversia que la actora se desempeñó para la demandada cumpliendo tareas de maestra de grado y que su ingreso base mensual ascendió a la suma de $11.355,55. Luego, con apoyo en la prueba rendida, juzgó acreditado que el día 22 de marzo de 2013 aquella sufrió un accidente in itinere que le produjo una lesión en la rodilla derecha y una incapacidad del 10% del índice de la total obrera. Asimismo, juzgó verificado que la accionada abonó la suma de $44.376,11 en concepto de incapacidad parcial y permanente.
Con ello, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, pues consideró que dicha norma excluye de la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) a situaciones que deben entenderse incluidas.
A los fines de determinar el capital de condena, calculó la indemnización correspondiente de acuerdo a la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, descontó la suma ya percibida por la trabajadora y al monto restante le aplicó el índice RIPTE.
II. La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de doctrina legal, en el que denuncia como violados los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; las leyes 23.928 y 25.561; los arts. 12, 14 apartado 2 inc. "a", 21 y 22 de la ley 24.557; 3, 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 44 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; decretos 1.694/09 y 472/14 y la resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Se agravia porque el tribunal aplicó el índice RIPTE a la suma que arroja la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y controvierte la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14.
Agrega que el monto que debió actualizarse no era el percibido oportunamente por la trabajadora, sino el resultante del descuento de ese pago.
Señala, además, que a los fines de calcular el índice mencionado el juzgador debió recurrir a la resolución 34/13 dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación vigente al momento del siniestro y no al coeficiente utilizado en la sentencia.
Finalmente destaca que el ingreso base mensual determinado por el tribunal es erróneo ($11.355,55) debiendo haber sido de $11.335,55.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De manera liminar, se impone señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Luego, debe destacarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Sin perjuicio de lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.3. Siendo ello así, siguiendo el criterio adoptado por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), le asiste razón a la recurrente en cuanto se agravia del modo en que el tribunal aplicó el índice RIPTE.
En dicha oportunidad se señaló que el referido índice debe aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. 34/13 y 3/14, Secretaría de Seguridad Social -y las que siguieron su línea-; y dec. 472/14), luego, debe ser modificado lo resuelto en el punto.
Para más, también este Tribunal se ha pronunciado acerca de la validez constitucional del decreto 472/14, al respecto, los argumentos que brindé en oportunidad de emitir mi opinión en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018) -a la que por razones de brevedad remito-, conducen una vez más a revocar lo decidido por el tribunal de grado.
III.4. En otro orden, en la causa L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020) así como en otras análogas (v. causas L. 120.709, "Colaneri"; L. 120.205, "Pereyra", sents. de 11-III-2020 y L. 120.808, "Juárez", sent. de 6-V-2020), esta Corte resolvió que corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice RIPTE publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio antes citado, en el contexto definido por la doctrina emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (reiterada en las causas L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; e.o.), en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
Teniendo en cuenta que -según puede extraerse del pronunciamiento de grado- aquel suceso aconteció el día 22 de marzo de 2013, no resulta aplicable el coeficiente utilizado por el juzgador, sino el que surge de la resolución 34/13 de aquella cartera.
III.5. Finalmente, en el marco por el que transita el recurso, no pueden ser atendidos los embates mediante los cuales se cuestionan, tanto la suma indemnizatoria a "actualizar" como la determinación del ingreso base mensual, por cuanto lucen ajenos al supuesto de excepción (art. 55, ley 11.653).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en los puntos III.3. y III.4. que anteceden.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Coincido con lo expuesto por el colega doctor Soria en el punto III.1. y III.2. -primer párrafo- de su voto.
I.2. Sin embargo, aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar al tratamiento del agravio contenido en la impugnación dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, pues involucra, claramente, una cuestión federal que esta Corte debe abordar en tanto órgano máximo de la judicatura local (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio" y causa L. 120.479, "Guzmán", sent. de 21-XI-2018).
I.3. Luego, ingresando al abordaje del planteo indicado, asiste razón a la impugnante conforme expone el doctor Soria en el punto III.3. -último párrafo-, de su voto, al cual doy mi adhesión.
I.4. Finalmente, también comparto lo expresado en los puntos III.3 -primer y segundo párrafo-, III.4, III.5 y IV del sufragio que abre el presente Acuerdo.
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/07/2020 10:24:41 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 03/07/2020 11:32:18 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 03/07/2020 12:07:33 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 03/07/2020 22:06:35 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 06/07/2020 14:51:13 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 08/07/2020 10:59:21 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 08/07/2020 12:23:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia