Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121550
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV de la presente. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.550, "Farrell, Ignacio contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel perteneciente al Departamento Judicial de San Martin, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 411/418 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 424/435).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Ignacio Farrell y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su condición de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, y de las compensaciones adicionales previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "b" de la misma ley y 3 de la ley 26.773.
Para así resolver, juzgó acreditado que el actor -empleado dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- protagonizó un accidente in itinere el día 11 de octubre de 2013 cuando, en ocasión de subirse al tren que lo trasladaba a su domicilio, sufrió la amputación de su miembro inferior derecho por sobre el tobillo. Agregó que Provincia ART S.A. (prestadora del Fisco provincial) reconoció el infortunio, brindando las prestaciones requeridas (v. vered., segunda cuestión, fs. 411 vta. y 412).
En ese orden, declaró -con sustento en la pericia médica- que el señor Farrell padece una incapacidad física del 63% del índice de la total obrera (incluyendo los factores de ponderación) que, sumada al 25% de minusvalía psíquica (RVAN depresiva de grado IV) que atribuyó directamente al accidente, alcanza un total -por aplicación de la "Fórmula Balthazar"- de 72,25% del mismo índice (v. vered., tercera cuestión, fs. 412/414 vta.).
Luego, en orden a cuantificar las prestaciones dinerarias que le correspondía percibir al accionante, y tras declarar aplicable al caso el incremento previsto en el art. 3 de la ley 26.773, el tribunal juzgó que -atento la fecha del accidente- correspondía acudir a las disposiciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13 (v. sent., fs. 415 vta.).
En ese orden, calculó las prestaciones consagradas en los arts. 15 apartado 2 y 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557, y 3 de la ley 26.773, en las sumas de $476.649, $264.805 y $148.290, respectivamente; arribando así, a la suma total de $889.744 (v. fs. cit. y 416).
Por último, consideró que la situación de Farrell se encontraba comprendida en las previsiones del art. 10 de la Ley de Riesgos del Trabajo (gran invalidez) y, por consiguiente, tenía derecho a percibir la prestación mensual vitalicia establecida en el art. 17 apartado 2 de la misma ley (v. fs. 416 y vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 31, 75 inc. 22, 121, 122 de la Constitución nacional; 15 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 16 y 499 del Código Civil; 6 apartado 3 inc. "a" de la ley 24.557; 3 de la ley 26.773; 44 incs. "d" y "e" de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 424/435).
II.1. Cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto adicionó a las prestaciones dinerarias reconocidas en la sentencia la indemnización de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
Señala -en lo esencial- que dicha norma no resulta aplicable a los accidentes in itinere porque, en estos casos, el trabajador no se encuentra a disposición del empleador, conforme lo indica su texto. Agrega que ello no implica violar la garantía constitucional de igualdad y, en ese sentido, cita numerosos precedentes de diferentes tribunales, destacando las causas "Espósito" (sent. de 7-VI-2016) de la Corte nacional, y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) de esta Suprema Corte (v. fs. 426/430 vta.).
II.2. Aduce que el juzgador transgredió el art. 6 apartado 3 inc. "a" de la ley 24.557 y efectuó una absurda valoración de diferentes constancias probatorias (especialmente la causa penal y la historia clínica) que -en su opinión- evidencian el dolo del trabajador en la ocurrencia del infortunio. Indica que éste, al intentar abordar el tren cuando la formación estaba en movimiento, asumió una conducta no solo imprudente sino más bien temeraria.
Agrega que el caso podría encuadrarse en el denominado "dolo eventual", toda vez que el resultado de la conducta del agente puede calificarse como posible o probable, aunque no fuera querido.
Por ello, concluye que cargar al Estado con el resarcimiento de aquella conducta reprochable es ajeno a la cadena causal del daño y resulta arbitrario (v. fs. 431/434).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial; por lo que el presente medio de impugnación ha sido bien concedido.
III.2. Aclarado ello y alterando el orden de los agravios por razones metodológicas, he de señalar que resulta inatendible el planteo que formula la recurrente en torno al art. 6 apartado 3 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, y a la hipótesis de exclusión allí prevista.
En efecto, de la lectura del escrito de responde se advierte que la argumentación esgrimida por el Fisco provincial para repeler la pretensión por la que se procuraba el cobro de las prestaciones previstas en la citada ley especial, partió -en lo esencial- de la negativa en torno a la existencia misma del accidente in itinere denunciado en la demanda (v. fs. 134). Frente a esa postura inicial, el esquema de eximición de responsabilidad que propone ahora la agraviada -sustentado en la aseveración de que el infortunio se originó por dolo del trabajador- es fruto de una reflexión tardía.
Ello, pues lo ha introducido por primera vez en esta instancia extraordinaria (y, por ende, extemporáneamente), resultando improcedente para habilitar la vía recursiva a los fines de efectuar una impugnación idónea (causas L. 96.122, "Salinas", sent. de 30-XI-2011; L. 105.571, "Bettiolo", sent. de 5-XI-2014 y L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017).
III.3. En cambio, debe prosperar la impugnación vinculada con la condena al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
Sobre el punto, considero suficiente -para brindar favorable respuesta al embate- remitirme a la parte pertinente del voto emitido por el doctor Soria al votar en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), en la que se pronunció sobre la inaplicabilidad de la mentada norma en los casos de accidente in itinere .
Sostuvo allí mi distinguido colega que dentro del esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su artículo cuarto consagra en favor del damnificado), la norma examinada, al adicionarles a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al 20%, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, a saber: la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil, posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por la norma. Ello porque es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (conf., si bien en el contexto de la ley 24.028, causas L. 83.880, "Monesiglio", sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, "Gómez", sent. de 10-III-2011).
También señaló que tal solución se ajusta al criterio adoptado por la Corte federal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 5°, seg. párr.).
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el sentenciante en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su condición de empleadora autoasegurada- a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en el caso los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. del presente voto.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV de la presente. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2020 13:26:25 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:45:28 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:47:27 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 13/07/2020 14:37:18 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 14/07/2020 08:26:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia