Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121551
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.551, "Lince, Eduardo Fabio contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - Fiscalía de Estado. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, acogió la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 624/635).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 639/644 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Eduardo Fabio Lince contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía -con sustento en la ley especial- el cobro de la indemnización por la incapacidad laborativa derivada del accidente que protagonizó el día 2 de abril de 2011.
En lo que interesa por ser materia de agravio, tras calcular la cuantía de dicho resarcimiento con arreglo a las pautas establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, el a quo dispuso que el capital de condena devengaría intereses desde "que se produjo la consecuencia dañosa" y hasta el 2 de marzo de 2017 a la tasa pasiva "BIP" (tasa digital opción plazo fijo tradicional). A tales efectos y por razones de economía procesal, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 que modificó el art. 48 de la ley 11.653 (v. sent., fs. 631 y vta.).
Luego, el juzgador de grado advirtió que durante la tramitación de la causa había entrado en vigencia la ley 27.348, modificatoria del art. 12 de la ley 24.557, estableciendo en su apartado 2 que "...el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina". Por considerar que la mentada normativa consagra un interés de naturaleza legal en los términos del art. 768 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación -ley 26.994-, dispuso su aplicación inmediata (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com. de la Nación).
En tal sentido, explicó que en el caso no se trataba de aplicar una cláusula normativa regulatoria de la constitución de una relación jurídica relacionada con la determinación del quantum de la prestación dineraria, sino de las consecuencias no agotadas existentes entre el acreedor y deudor (v.gr. el estado de mora), respecto de las cuales la aplicación de la nueva norma resultaba inmediata. Postura que -señaló- encuentra además sustento en la doctrina de esta Suprema Corte establecida en la causa C. 120.103, "D., E. M." (sent. de 29-VIII-2017).
En virtud de lo expuesto, el sentenciante concluyó -por mayoría- que dichos accesorios se calcularan desde el día 3 de marzo de 2017 y hasta la fecha de la sentencia al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 12 inc. 2, ley 24.557, modif. por ley 27.348; v. fs. 632/633).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, y 272 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 11 de la ley 27.348; 44 de la ley 11.653; del decreto 1.694/09; de las leyes 23.928 y 25.561; de las garantías constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio (arts. 17 y 18, Const. nac.); y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 639/644 vta.).
En sustancia, cuestiona la tasa de interés que el órgano judicial de grado ordenó aplicar al capital de condena con fundamento en la ley 27.348.
Sostiene que toda vez que el infortunio sufrido por el trabajador acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la mentada ley, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Denuncia violada la doctrina legal emergente de la causa L. 116.513, "Orellana" (sent. de 26-III-2014), destacando que este superior Tribunal se pronunció por la no aplicación del decreto 1.694/09 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido con anterioridad a su entrada en vigencia.
Alega -además- que lo resuelto se aparta de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz", en la cual se sostuvo que resolver del modo en que lo hizo el tribunal de grado conllevaría la aplicación retroactiva de la ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada.
Asimismo, tras citar y transcribir jurisprudencia que receptó el criterio aludido, alega que también se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en la cual se resolvió del mismo modo respecto a las modificaciones introducidas por la ley 26.773.
En definitiva, solicita la aplicación de la tasa de interés pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la doctrina legal sentada en la causa L. 118.615, "Zócaro" (resol. de 11-III-2015).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el recurso ha sido bien concedido. Esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Sentado lo que antecede, hago mío el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Héctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal.
Destaco que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que ordenó el a quo , y el que habría de obtenerse por aplicación de la tasa pretendida por el recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010; L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; e.o.).
III.3. Bajo esa directriz, se observa que las doctrinas que se denuncian violadas en la queja no resultan idóneas para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fueron elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009; e.o.).
III.3.a. En efecto, en las causas invocadas por la parte recurrente a fs. 640 (causas L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009 y L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Dichos precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348; v. sent., fs. 632), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada.
III.3.b. De igual modo la propuesta es inviable respecto de la denuncia del precedente L. 118.615, "Zócaro" (resol. de 11-III-2015), desde que en dicha ocasión esta Corte no estableció ninguna definición en materia de intereses, limitándose únicamente a desestimar los agravios traídos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, abordados en el estrecho marco que regula el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653; en tal sentido, esta Corte declaró no constatada la existencia de transgresión de su doctrina legal, y sobre tal premisa, concluyó que la vía intentada no reunía los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.3.c. En igual sentido, tampoco resulta útil la mención de las causas L. 116.513, "Orellana" (sent. de 26-III-2014) y L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en las cuales este Tribunal, en ocasión de dirimir la vigencia temporal del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773 -utilizadas para regular vínculos jurídicos ya consumidos y así cuantificar las indemnizaciones debidas al trabajador-, estableció que rigen respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de los mentados reglamentos.
En cambio, en el presente caso, el órgano de grado dispuso la aplicación inmediata de la ley 27.348 en lo concerniente a la tasa a la que han de calcularse los intereses derivados del estado de mora (conf. arts. 7 y 768 inc. "b", Cód. Civ. y Com. de la Nación), refiriéndose -de este modo- a las consecuencias posteriores a su entrada en vigencia.
III.3.d. Finalmente, tampoco resultan aptos para respaldar el reproche la mención de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como la de otros tribunales de justicia que, sabido es, no constituyen doctrina legal en el sentido al que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 114.396, "Navarro", sent. de 25-IX-2013; L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Suscribo lo dicho por el doctor Genoud en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Ya frente a la insuficiencia del valor de lo cuestionado, observo que las doctrinas invocadas por el recurrente fueron elaboradas en supuestos en los cuales -a diferencia de lo que aquí acontece- no se encontraba en discusión la aplicación de la tasa de interés prevista en el art. 12 apartado 2 de la ley 24.557 conforme la redacción dada por la ley 27.348 (art. 11). Tal circunstancia, da cuenta sobre lo infructuoso que resulta el recurso, más aún cuando con la cita de los precedentes que individualiza, soslaya el impugnante la peculiar valoración que hizo el a quo del art. 20 de la mentada ley 27.348, motivación esencial en la temática traída a revisión.
En este marco, no queda más que recordar que reiteradamente esta Corte ha señalado que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el excepcional conducto que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley adjetiva local, la denuncia de violación de doctrina legal forjada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.205, "Barrios", sent. de 16-X-2013; L. 104.386, "Velasco", sent. de 17-XII-2014 y L. 119.434, "C., L. M.", sent. de 16-V-2018).
Finalmente, debe aclararse que la solución aquí propuesta no implica abrir juicio alguno sobre el acierto o desacierto de la decisión de grado.
II. En virtud de lo expuesto, el medio de impugnación debe ser desestimado conforme se resuelve en el punto IV del voto inaugural.
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2020 13:26:29 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:45:26 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:47:25 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 13/07/2020 14:37:16 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 14/07/2020 08:25:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia