Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122766
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.766, "Galeano, Sara Edilda contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, acogió la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 506/529 vta.).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 531/534 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Sara Edilda Galeano contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía -con sustento en la ley especial- el cobro de la indemnización por la incapacidad laborativa derivada de los accidentes que protagonizó los días 18 de agosto de 2013 y 26 de julio de 2014.
En lo que interesa por ser materia de agravio, tras calcular la cuantía de dicho resarcimiento con arreglo a las pautas establecidas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, el sentenciante dispuso que el capital de condena devengaría intereses desde "el nacimiento de cada obligación" y hasta el 4 de marzo de 2017 a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 526).
Advirtió luego, que durante la tramitación de la causa había entrado en vigencia la ley 27.348, que en su art. 11 sustituyó el texto del art. 12 de la ley 24.557, estableciendo en su apartado 2 que "Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina". En razón de considerar que la norma consagra un interés de naturaleza legal en los términos del art. 768 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso su aplicación inmediata (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.); en tal sentido, explicó que en el caso se trata de las consecuencias no agotadas existentes entre el acreedor y deudor -el estado de mora-, respecto de las cuales la aplicación de la nueva norma resultaba inmediata (v. fs. 526/527).
El sentenciante concluyó -por mayoría- que dichos accesorios se calcularan desde el día 5 de marzo de 2017 y hasta su efectiva cancelación al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. arts. 12 inc. 2, ley 24.557, modif. por ley 27.348; 622, Cód. Civ. y 7 y 768, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 528 y vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de la doctrina legal que identifica (v. fs. 531/534 vta.).
Cuestiona la tasa de interés que el órgano judicial de grado ordenó aplicar al capital de condena con fundamento en la ley 27.348.
Denuncia violada la doctrina emergente de las causas Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 21-V-1991); L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009); L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013) y L. 96.668, "Montenegro" (sent. de 7-IV-2010), entre otras, destacando que este superior Tribunal se pronunció por la aplicación de la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, la cual -afirma- "se ha mantenido en forma ininterrumpida hasta la actualidad" (v. fs. 531 vta./532 vta. y 533 vta.).
Asimismo, tras citar y transcribir jurisprudencia que receptó el criterio aludido, alega que también se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida en las causas B. 49.193 bis, "Fabiano" (sent. de 2-X-2002) y Ac. 86.304, "Alba" (sent. de 27-X-2004) respecto a la prohibición de toda forma de actualización o indexación de deudas (v. fs. 532 vta./533 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En el caso, el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que ordenó el a quo , y el que habría de obtenerse por aplicación de la tasa pretendida por el recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Luego, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en la mentada norma de aquel régimen procesal laboral, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-XI-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.2. Puede observarse que las doctrinas invocadas por el recurrente fueron elaboradas en supuestos en los cuales -a diferencia de lo que aquí acontece- no se encontraba en discusión la aplicación de la tasa de interés prevista en el art. 12 apartado 2 de la ley 24.557 conforme la redacción dada por la ley 27.348 (art. 11). Tal circunstancia, da cuenta sobre lo infructuoso que resulta el recurso.
En este marco, no queda más que recordar que reiteradamente esta Corte ha señalado que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el excepcional conducto que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley adjetiva local, la denuncia de violación de doctrina legal forjada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.205, "Barrios", sent. de 16-X-2013; L. 104.386, "Velasco", sent. de 17-XII-2014 y L. 119.434, "C., L. M.", sent. de 16-V-2018).
III.3. Finalmente, debe aclararse que la solución aquí propuesta no implica abrir juicio alguno sobre el acierto o desacierto de la decisión de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a la propuesta decisoria del doctor Soria, señalando que en un precedente similar (causa L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020), he adoptado una posición que -en lo sustancial- se condice con la del distinguido colega que aquí abre el acuerdo (es decir, en definitiva la falta de denuncia de doctrina legal idónea para revisar lo resuelto en el marco del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653), precedente aquel al cual me remito por razones de brevedad.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:18:39 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 24/07/2020 16:01:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/07/2020 14:09:12 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 26/07/2020 18:55:13 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 27/07/2020 12:56:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia