Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122752
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se deja sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la instancia anterior. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, proceda de conformidad con lo indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja (v. fs. 309), se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.752, "Bravo, Adrián Andrés contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro/a. Accidente de Trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Torres, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1, con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, rechazó íntegramente la demanda promovida, imponiendo las costas a la actora vencida, si bien con el beneficio de gratuidad conforme lo previsto en los arts. 19 y 22 de la ley 11.653 (v. fs. 245/251).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 256/261 vta.), el que, denegado por el citado órgano a fs. 262 y vta., fue concedido por esta Corte (v. fs. 307/309) al hacer lugar a la queja interpuesta a fs. 295/302.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo rechazó en todas sus partes la acción incoada e impuso las costas a la actora vencida, si bien con el beneficio de gratuidad conforme lo previsto en los arts. 19 y 22 de la ley 11.653 (v. fs. 245/251).
Luego, el a quo, a partir de la liquidación realizada por el actuario a fs. 253 conforme el capital reclamado en la demanda (v. fs. 29) , practicó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, fijando los estipendios de los peritos contador y médicos -psiquiatra y laboralista- en la suma de $29.339 para cada uno, tomando como base regulatoria la suma de $733.499,18 (v. fs. 253), importe que resulta coincidente con el capital pretendido en la demanda, lo que no mereció objeciones de parte de los beneficiarios (v. fs. 254/255).
II. La Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de la doctrina emergente -entre otras que cita- de las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001); C. 95.112, "Cabuli" (sent. de 17-IX-2008) y C. 117.292, "Salinas" (sent. de 1-V-2015), referidas a la interpretación y aplicación del art. 23 del decreto ley 8.904/77.
Controvierte que el juzgador hubiera tomado el monto de la demanda como base para el cálculo de los honorarios de los peritos contador y médicos -psiquiatra y laboralista-. Sostiene, en cambio, que dicha plataforma regulatoria debió ser reducida al monto por el que razonablemente hubiera prosperado la acción.
Señala que aunque su parte resultó vencedora los mentados honorarios le pueden ser reclamados a su poderdante en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial. Agrega que resulta intolerable admitir que a la demandada le hubiera convenido más perder el pleito que ganarlo.
III. El recurso ha de prosperar.
III.1. Inicialmente, he de señalar -tal como se expone en la resolución de fs. 307/309- que en la especie el importe de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 106.723, "Gómez", sent. de 13-VI-2012; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012; L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; e.o.).
III.2. Conforme los lineamientos antes enunciados, y en vista a lo resuelto por este Tribunal en las causas L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016); L. 118.632, "Díaz" (sent. de 2-XI-2016) y L. 119.156, "Corti" (sent. de 14-XII-2016), sustancialmente análogas a la presente, corresponde aplicar para resolver el sub lite el criterio que de ellas emerge.
En efecto, si bien es cierto a la luz de lo normado por el art. 23 del decreto ley 8.904/77 -norma aplicada por el a quo para efectuar una parte de la regulación de los letrados y para determinar la base arancelaria-, en principio, en aquellos supuestos en que se ha rechazado la demanda en su integridad, la regulación de honorarios de los profesionales ha de tomar como monto del juicio la suma reclamada al promoverse la acción, no lo es menos que esta Corte en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007), entre otras, ha expuesto que resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del citado precepto, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
El hecho de que el actor -en tanto trabajador- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada de las citadas normas. Pues, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o de cualquier manera extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida (v. fs. 251), la responsabilidad al pago por los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial puede tener también como obligado al recurrente.
De allí que en la situación descripta, para efectuar las regulaciones, hay que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción, aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquella será en definitiva la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, en situaciones excepcionales, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De esa manera, para evitar una determinación desmesurada -y, por ende, irrazonable- (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes (cualquiera sea su especialidad) deben fijarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido a la actora de haber prosperado su reclamo (causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007 y C. 88.619, "Silva", sent. de 18-XI-2009).
Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar que en la antes citada causa Ac. 86.346, esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ. velezano -arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com-; y 13, ley 24.432).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido al actor. Cumplido con ello, el a quo procederá a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Dada la naturaleza de la cuestión en debate, propicio que las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja (v. fs. 309), sean soportadas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Las razones expuestas en oportunidad de emitir mi opinión en los precedentes L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016) y L. 118.632, "Díaz" (sent. de 2-XI-2016) sustancialmente análogos al presente y a los que por celeridad remito, me conducen a compartir la solución que el colega doctor Genoud eleva a este acuerdo.
Con el alcance indicado, así lo voto .
Los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se deja sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la instancia anterior. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, proceda de conformidad con lo indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja (v. fs. 309), se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/07/2020 18:40:38 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 31/07/2020 10:27:35 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 31/07/2020 11:55:05 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 04/08/2020 12:47:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2020 15:27:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia