Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124120
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Cinthia Jésica Barrera y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar la suma que especificó en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente junto con la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773. Asimismo, impuso las costas en el orden causado, a excepción de los honorarios de los peritos a cargo de la accionada (v. fs. 295/302).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó que habiendo cuestionado -con suerte adversa- los arts. 21 y 22 de la Ley de Riesgos del Trabajo, y siendo que la accionante decidió judicializar su reclamo en procura de aquello que pudo solicitar ante los órganos que establece la mencionada ley, correspondía, sin perjuicio del resultado del pleito imponer las costas en el orden causado.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 9-VII-2019), el que fue concedido por el a quo en la resolución de fecha 11-VII-2019.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. En sustancia, se agravia de la imposición de las costas por su orden. Alega absurdo, cita las normas y la doctrina que considera violadas. Denuncia vulnerados los principios de congruencia y preclusión.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar corresponde señalar que la interesada no ha demostrado que el valor de lo cuestionado ante esta instancia supere el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En efecto, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, la impugnante no sólo omitió establecer cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ante esta instancia, sino que tampoco cuantificó su importe.
Lo expuesto evidencia que la compareciente no demostró el cumplimiento del requisito esencial normado en el mencionado art. 278, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial, falencia que no puede ser salvada por esta Corte, que -al respecto- expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la carga de acreditar que el valor de lo cuestionado excede la cuantía mínima fijada por la ley como recaudo de su admisibilidad (causas L. 108.334, "Maldonado Sanheza", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.205, "Barrios", sent. de 16-X-2013; L. 119.030, "Ojeda", resol. 2-XII-2015 y L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019).
Siendo ello así, la admisibilidad del remedio procesal en examen, solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol de 24-X-2012 y L. 118.216, "Capdevila", resol. de 27-VIII-2014).
III.2. En este orden, corresponde señalar que, tiene dicho esta Corte que no se verifica la concurrencia de la hipótesis de excepción prevista en la citada norma procesal si el planteo se vincula a la imposición y distribución de costas (causa L. 98.017, "Alegro", sent. de 31-VIII-2011; L. 120.711, "Ramírez", resol. de 15-XI-2017 y L. 122.894, "Casa", cit.). Tratándose esta última de una facultad privativa de las instancias ordinarias y típicamente de hecho, no puede alegarse la existencia de doctrina legal en el sentido que le ha asignado esta Corte (causas L. 116.947, "Soriano", sent. de 25-VI-2014; L. 118.629, "Paganini", resol. de 24-VI-2015; L. 120.442, "Alegre", resol. de 3-V-2017 y L.122.894, "Casa", cit.).
III.3. Finalmente, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de los fallos de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 17:54:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 18:58:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 19:48:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2020 10:10:42 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:48:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia