Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 1244783
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en tanto los agravios tratados en los puntos III.1.; III.2. y III.3. han sido insuficientemente fundados y el abordado en el punto III.4. ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda interpuesta por Héctor Matías Martínez contra Nicolás Muzzupappa y Provincia ART S.A. en concepto de indemnización por accidente de trabajo con fundamento en el derecho común. Asimismo, también condenó a la citada asegurada al pago de las prestaciones de la ley especial (v. fs. 330/338).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor, mientras desarrollaba sus tareas en favor de la codemandada Muzzupappa, manipulando una guillotina mecánica, sufrió un accidente en virtud del cual se le amputó la falange distal del dedo índice de la mano izquierda.
En ese contexto, atribuyó responsabilidad a la empleadora en su carácter de dueño de la cosa riesgosa y a la asegurada accionada por la omisión en la que incurrió, al no efectuar las recomendaciones respecto al uso de una maquina cuyo estado la convertía en peligrosa al carecer de la debida protección.
Luego, realizó el correspondiente cálculo indemnizatorio, utilizando para ello la formula "Méndez", y a dicha suma le adicionó intereses conforme la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a 30 días desde la consolidación del daño y hasta su efectivo pago.
II. Frente a lo así resuelto, Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 24-IV-2019), concedido por el a quo a fs. 389/390 vta.
En su impugnación, denuncia absurdo y arbitrariedad, así como errónea interpretación de las normas legales que rigen los deberes de las aseguradoras. Además, afirma que no es plausible imputarle a su parte responsabilidad de tipo civil y que resultó desacertada la apreciación de las circunstancias fácticas y probatorias, tanto en orden a los supuestos incumplimientos atribuidos a la aseguradora, como también, en cuanto a la acreditada relación de causalidad entre el hecho supuestamente omitido por su parte y el daño en la salud del trabajador.
Por otra parte, estima excesivo el quantum indemnizatorio al que arribó el tribunal.
Finalmente, se agravia de la tasa de interés impuesta sobre el capital de condena, por considerarla distorsiva.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.1. De modo liminar, e invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, cabe recordar que esta Corte ha dicho en reiteradas ocasiones que determinar si se demostró o no, con la prueba aportada, la existencia de nexo causal o concausal entre las labores desplegadas y la minusvalía, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013 y L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, pues no cualquier error, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial, sino que se necesita algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011; L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014 y L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020).
En el caso, el recurso no cumple con la carga de acreditar la arbitrariedad alegada, pues la crítica transita, no sólo, sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia del mentado vicio (causa L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 121.865, "Luque", resol. de 7-III-2019) sino que, además, trae a consideración circunstancias fácticas que difieren a las que se verifican en el caso bajo juzgamiento (v. punto IV.5. del escrito recursivo).
III.2.a. Tampoco le asiste razón a la compareciente en cuanto sostiene que no se la puede responsabilizar civilmente por hallarse su obligación limitada únicamente a las prescripciones de la citada ley 24.557.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control, ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sent. de 25-XI-2009, en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014, en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios", sent. de 31-III-2009 y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil", sent. de 26-III-2013.
III.2.b. Por otra parte, cabe recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquéllas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017 y L. 120.712, "Perata", resol. de 15-XI-2017).
III.2.c. Finalmente, esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, es una cuestión privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013 y L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015).
En el caso, el tribunal de grado tuvo por acreditado que la empleadora incumplió con las normas de higiene y seguridad en el trabajo, y que la aseguradora omitió el control legal correspondiente, por lo cual ambas resultaron responsables frente al actor por los daños y perjuicios que éste sufrió como consecuencia de dichas conductas.
En efecto, a criterio del juzgador, si bien Provincia ART S.A. realizó diversos controles de seguridad e higiene en el lugar de trabajo del actor, no se evidenciaron recomendaciones relacionadas con las causales del accidente de marras, es decir, respecto a la necesidad de que una guillotina de tres metros de ancho por dos de alto contara con un resguardo fijo delante del prensa chapa que evitaría el ingreso de las manos de los operarios.
En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar las esenciales motivaciones del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió apreciar la prueba aportada al proceso, soslayando que el aludido absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
Resulta evidente, pues, que no basta con invocar el absurdo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 122.572, "Silva Baeza", resol. de 26-XII-2019).
III.3. Igualmente improcedente es el cuestionamiento relativo al cálculo del monto indemnizatorio.
III.3.a. Tiene dicho esta Corte que la determinación del quantum resarcitorio en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común constituye, por regla, una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y, como tal, ajena al ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo absurdo (causas L. 107.730 "Medina", sent. de 30-X-2013; L. 117.226 "Guajardo", sent. de 25-II-2015; L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019 y L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020).
También es facultad de dichos magistrados la elección de las pautas que consideran adecuadas cuando se trata de establecer el referido monto, y en tal supuesto la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 103.345, "Pérez", sent. de 18-V-2011; L. 114.082, "Borda", resol. de 21-IX-2011 y L. 121.122, "Domínguez", sent. de 27-XI-2019).
III.3.b. En ese contexto, la interesada no evidencia la configuración del mentado vicio, pues las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión en orden a las conclusiones arribadas por el sentenciante respecto al modo en que considera que aquél debió definir la determinación económica de la reparación de la minusvalía padecida, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito (causas L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014).
III.4. Tampoco puede prosperar la crítica por la que se cuestiona la tasa de interés pasiva más alta aplicada por el tribunal de grado al capital de condena.
Al respecto, corresponde destacar que en la causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016, esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016; L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016 y L. 119.603, "QUETGLAS", sent. de 6-XI-2019.
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que me preceden y, respecto de lo resuelto en relación a la tasa de interés remito -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. L. 118.587, "Trofe", y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016, y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto de mis colegas que abren la votación, aunque habré de señalar, respecto de la tasa de interés, que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; L. 118.604 "Gómez" y L. 118.366, "Del Negro", sents. de 26-X-2016), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a la que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827, y modif. y 279 y 289, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en tanto los agravios tratados en los puntos III.1.; III.2. y III.3. han sido insuficientemente fundados y el abordado en el punto III.4. ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:24:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/08/2020 20:23:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2020 21:07:11 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2020 10:14:18 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2020 15:18:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia