Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121460
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia de grado en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.460, "Guerra, Claudia Noemí contra Ministerio de Seguridad-Policía de la Provincia de Buenos Aires y otro. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan , Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza declaró procedente la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 520/547).
Se dedujo, por la parte accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 569/585 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Soria dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la acción deducida por la señora Claudia Noemí Guerra contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y lo condenó con sustento en la Ley de Riesgos del Trabajo a abonar la suma que indicó, comprensiva del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) establecido en la ley 26.773, con más los intereses calculados desde la fecha en que en votó el magistrado de grado que abrió el acuerdo (31 de agosto de 2015), según la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema de "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 534 vta./546 vta.).
En el veredicto, juzgó acreditado que la trabajadora sufrió un accidente el 4 de enero de 2008 mientras realizaba tareas de pintura en un predio de la Base La Matanza, a raíz del cual padece secuela severa de artrodesis (fijación), lumbociatalgia bilateral (esta última tiene como origen la hernia de disco que fuera intervenida quirúrgicamente a raíz del siniestro) y un trastorno adaptativo crónico con estado de ánimo depresivo, patologías que la incapacitan en un 55% del índice de la total obrera (v. fs. 520 vta., 521 y 523).
Tuvo por probado que éste no observó las normas sobre ergonomía, ni instruyó a la trabajadora en relación a los riesgos del trabajo, ni entregó elementos de protección personal acordes a la tarea encomendada, obligaciones que -a juicio del sentenciante- podrían haber evitado o atenuado los daños psicofísicos padecidos.
Por otra parte, declaró la inconstitucionalidad del art. 14 apartado 2 incs. "a" y "b" de la ley 24.557. Luego, analizó comparativamente el régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo con aplicación del decreto 1.694/09 y la ley 26.773, y la reparación que se obtendría por la vía del derecho común, en tanto se hallaban reunidos los requisitos para tener por configurada la responsabilidad en los términos del art. 1.109 del Código Civil. A partir de ello, cuantificó el primero en $788.787,80 y el segundo en $937.881,47 (ambos calculados a la fecha del pronunciamiento); y posteriormente, siguiendo los lineamientos del precedente "Vizzotti" (CSJN, sent. de 14-IX-2004) para efectuar la comparación, descartó la inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 (v. fs. 536 vta.).
Respecto al decreto 1.694/09, sostuvo que debía tenerse presente que, si bien el siniestro se produjo con anterioridad a su vigencia, cuando las prestaciones derivadas del hecho dañoso se encuentran pendientes de satisfacción, corresponde su aplicación. Similar criterio adoptó sobre la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios conforme la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 540).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de la ley 26.773, del art. 3 del Código Civil y de la doctrina legal de esta Corte que cita (v. fs. 569/585 vta.).
II.1. Objeta en primer lugar, que se haya aplicado el índice RIPTE. Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio sufrido por la trabajadora acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil (art. 7, Cód. Civ. y Com.) y afecta el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional. Manifiesta que del art. 17 apartado 5 de la citada ley se desprende que su aplicación se proyecta respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 26 de octubre de 2012, esto es, la fecha de entrada en vigor de la normativa.
Dice que el apartado 6 del referido art. 17 resulta complementario de lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto establece que las incapacidades permanentes previstas en la ley 24.557 se ajustarán a la fecha de su entrada en vigencia. Así, afirma que el precepto sólo prescribe el modo de ajuste de las prestaciones a partir de aquel momento.
A su vez, argumenta que el art. 8 de la ley 26.773 regula sobre la posterior actualización semestral y los arts. 10, 11, 12 y 13 establecen un sistema de igual naturaleza respecto de las alícuotas que deben abonarse a las aseguradoras.
Asevera que dicha ley en nada difiere con los anteriores decretos que integraron el régimen de riesgos del trabajo en tanto estos rigen para las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produce con posterioridad a su entrada en vigencia.
También cuestiona el modo en que el a quo aplicó el índice RIPTE, pues lo hizo sobre "el monto de la condena".
Agrega que es doctrina de esta Suprema Corte que el art.3 del Código Civil establece que las nuevas leyes rigen para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no para las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetas a las anteriores normas, pues juega la noción de consumo jurídico.
II.2. Cuestiona la aplicación de intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, argumentando -sin desconocer lo resuelto en el precedente "Zócaro", aunque alegando que ello se limitó al caso específico- que tal definición se aparta de la doctrina de este Tribunal emanada de los precedentes C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginnosi" (sents. de 21-X-2009).
II.3. Controvierte lo resuelto en torno a la determinación de la incapacidad.
En el punto, objeta el informe pericial médico y sostiene que una incapacidad sobreviniente -como la reclamada en autos- puede deducirse fácilmente de lo que al efecto se exprese en la pericia, circunstancia que no se verifica en el caso, ya que el galeno interviniente, se expidió solo de manera descriptiva.
Señala que la afección por la cual reclamó la trabajadora no resulta tener origen laboral, en tanto la resonancia magnética practicada da cuenta de que se trata de una patología preexistente e inculpable, tal como lo sostuvo la Comisión Médica en su dictamen del 18 de febrero de 2009 que, para así decidir, se basó en estudios previos que así lo confirman (tomografía del año 2008 y examen físico del 21 de enero de 2009). Argumenta que la causa de una hernia de disco es la existencia de un proceso degenerativo y que en excepcionales ocasiones se deben a procesos traumáticos como el denunciado en autos.
Indica que la señora Guerra fue intervenida quirúrgicamente en tres oportunidades y que la segunda de éstas lo fue a partir de la praxis médica derivada de la primera y no como consecuencia del evento dañoso, ya que conforme indica la Comisión Médica, la primera operación realizada no dejó secuelas incapacitantes.
Por otra parte, alega que el tribunal invirtió la carga de la prueba y arribó a conclusiones dogmáticas para tener por acreditado el nexo de causalidad entre el siniestro y las labores desarrolladas por la actora. Insiste en que no existen constancias que acrediten la relación cronológica con el accidente, ya que el día denunciado como de ocurrencia del infortunio la actora no realizó tareas de esfuerzo capaces de generar la patología.
Finalmente, cuestiona el porcentaje de incapacidad otorgado. Al efecto, sitúa la minusvalía entre un 10% y un 20% del índice de la total obrera. Sobre la dolencia psicológica, postula su carácter accesorio y que, si no resultan atribuibles al trabajo las principales, ésta tampoco debe prosperar.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, debe señalarse que en cuanto al recaudo del depósito previo esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Sentado lo anterior, y por razones de orden metodológico habrán de abordarse en primer término los reproches que giran en torno a la prueba, fundamentalmente, a la pericial médica.
III.2.a. Es sabido que determinar la existencia o no de relación causal o concausal entre el accidente y la incapacidad que padece el trabajador como establecer el grado de minusvalía que lo afecta, o en concreto, ponderar la pericia médica, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas -por regla- a la casación, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo (causas L. 108.755, "Conti", sent. de 3-V-2012; L. 111.029, "R., L. P.", sent. de 20-III-2013 y L. 120.386, "Roldán", sent. de 3-X-2018).
III.2.b. Centrando sus esfuerzos en evidenciar que no se verifica aquel nexo de causalidad o bien que el porcentaje de incapacidad de la accionante es menor al reconocido por el tribunal, los argumentos del interesado, en rigor, transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido por el juzgador y no constituyen una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado con fundamento en las pruebas producidas en la causa.
Las apreciaciones que se vierten en el recurso no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, que -como se dijo- no logran rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perroita", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
Ha de recordarse que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar al mentado vicio, pues éste hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017) que en el caso -cabe reiterar- no se evidencia.
III.2.c. Debiendo permanecer firme el pronunciamiento en lo atinente a la incapacidad que padece la actora y su relación con el siniestro objeto de autos, deviene inatendible el planteo vinculado con la dolencia psicológica pues del modo en que fue formulado, su suerte se hallaba condicionada a la de aquel cuestionamiento anterior.
III.3. En cambio, ha de tener favorable recepción la crítica referida a la ley 26.773.
III.3.a. Cabe precisar que el recurrente únicamente ha cuestionado el empleo en caso de la mentada ley 26.773, sin extender sus argumentos hacia otros cuerpos normativos a los que también acudió el tribunal de grado al determinar la prestación que integra la condena en la órbita del régimen de infortunios laborales, por lo cual el presente análisis habrá de ceñirse a ese puntual reproche. Es sabido que la facultad revisora de esta Corte está circunscripta al contenido de la sentencia y la concreta impugnación que contra ella se formule en el medio de impugnación (causas L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016; L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017 y L. 120.120, "Ojeada", sent. de 12-IX-2018).
III.3.b. Aclarado ello, le asiste razón al quejoso. En el marco de lo regulado en la citada ley, esta Corte tiene dicho que -salvo excepción consagrada que aquí no se configura- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamientos establecidos -entre varias- en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) a la que por celeridad envío, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente- ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
A tenor de lo señalado y resultando evidente que en el caso la primera manifestación invalidante aconteció con anterioridad a que entrara en vigencia la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), no resultan aplicables sus prescripciones a los fines de cuantificar la prestación dineraria que le corresponde a la actora, debiendo revocarse lo resuelto al respecto en la sentencia en crisis.
En tales condiciones, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, con otra integración, dicte el pronunciamiento que corresponda efectuando nuevamente el cotejo o comparación entre las sumas de las prestaciones del régimen especial y las que le correspondería acceder a la accionante por aplicación a las pautas del derecho común, todo ello de conformidad con la doctrina legal que emerge de los precedentes L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros" y L. 81.826, "Yaman" (sents. de 11-V-2005).
III.4. Lo precedentemente expuesto torna inoficiosa cualquier definición que pretenda formularse respecto de la crítica mediante la cual el interesado objeta el modo en que el tribunal aplicó el índice RIPTE.
III.5. Toca referirse ahora al tópico que gira en torno a los intereses.
Al respecto, cabe señalar que habiéndose resuelto revocar lo decidido por el a quo en cuanto cuantificó la prestación dineraria con sustento en la citada ley 26.773 en los términos ya señalados, debe dejarse sin efecto a su vez lo juzgado en la sentencia objetada en torno a los intereses, cuestión inescindible de aquella, más aun si se observan concretos argumentos que empleó el tribunal de grado al abordarla y fijar la fecha desde la cual -a su juicio- debían computarse los accesorios (v. fs. 539 vta. y 540).
Devueltas las actuaciones al tribunal de grado, éste deberá en su caso expedirse nuevamente sobre los intereses que habrían de aplicarse teniendo para ello en consideración la doctrina legal sentada en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado en cuanto allí se emplearon las disposiciones contenidas en la ley 26.773 para computar la prestación debida al trabajador. Los autos deberán regresar al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo que aquí se decide. Costas por su orden atento al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia de grado en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:48:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:40:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:51:06 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2020 20:06:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2020 10:59:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia