Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124703
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen y Provincia ART S.A., en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del accidente y enfermedades profesionales que denunció padecer con fundamento en el derecho común (v. fs. 143/151).
Para así decidir, juzgó que al tiempo de interponerse la acción, ya había fenecido el plazo fijado en el art. 4037 del anterior Código Civil, sin que se produjeran actos interruptivos válidos del curso de la prescripción.
II. Frente a lo así resuelto, se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 167/181), el que fue concedido por el a quo a fs. 159.
En su impugnación, denuncia absurdo y arbitrariedad así como la violación de los distintos principios constitucionales y del derecho laboral que cita.
En esencia, la crítica se dirige a objetar la fecha que estableció el juzgador como inicio del plazo prescriptivo. Asimismo, puntualiza que el tribunal de grado no tuvo en consideración que la accionada, ni la aseguradora, han capacitado al trabajador, ni fiscalizado su tarea. Afirma que, como consecuencia de su falta de conocimiento por ser analfabeto, el actor no formuló denuncia alguna de sus dolencias ante las comisiones médicas.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, cabe señalar que esta Corte ha declarado que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 110.993, "González", sent. de 5-VI-2013; L. 117.646, "Miranda", resol. de 23-XII-2014 y L. 121.452, "Ford", resol. de 4-VII-2018).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 118.381, "Pare", resol. de 15-IV-2015).
III.2. En la especie, el interesado se limita a reiterar algunos conceptos introducidos al responder el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653 (v. fs. 127/131 vta.), sin concretar una réplica idónea a los fines de descalificar lo decidido en la instancia de origen.
Así, el tribunal de grado juzgó que, respecto de las lesiones sufridas por el actor como consecuencia del accidente, el plazo prescriptivo debía contarse a partir del día 13 de mayo de 2008, oportunidad en que se produjo el siniestro. En relación a pérdida auditiva, várices y artrosis, siendo que el trabajador no expresó desde cuándo maniobraba la motoniveladora que le generó –según detalló- tales enfermedades, el punto de partida para el cómputo del curso de la prescripción debía situarse con anterioridad a la fecha en que el actor obtuvo el beneficio previsional (año 2016). En ese contexto fáctico, y al no haberse denunciado ni probado la concurrencia de circunstancias interruptivas o suspensivas del curso de la prescripción, juzgó que al tiempo de deducirse la acción (8-IV-2018) el plazo bienal del art. 4037 del Código Civil se encontraba cumplido.
Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por el recurrente, que si bien invoca absurdo, en su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 100.928, "González", sent. de 21-IV-2010 y L. 122.275, "Sosa", resol. de 5-VI-2019).
En efecto, a través de la reiteración de los argumentos expuestos en la instancia anterior, el recurrente no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido por el juzgador de grado, pues sólo exteriorizan una mera discrepancia con el pronunciamiento de origen en torno a la definición fáctica censurada -vinculada, como se indicó, al punto de partida para el cómputo de la prescripción-, apoyándose en un nuevo análisis de las constancias obrantes en la causa según su personal criterio valorativo, método que reiteradamente esta Corte ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 120.971, "Cepeda", resol. de 20-XII-2017; L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causa L. 101.038, "Riera", sent. de 10-XI-2010 y L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018).
III.3. Finalmente, debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 256 y 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la articulación ha sido vertida de manera genérica por el interesado, pues, utilizando una técnica equivocada, se limita a indicar que tales preceptos vulneran determinados principios y derechos constitucionales, pero soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcados en el caso dichos derechos y garantías (causas L. 116.672, "Leuzzi", sent. de 21-V-2014; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014 y L. 122.643, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:49:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:41:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2020 18:58:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 20:43:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 11:10:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia