Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122102
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.102, "González, Claudio Marcelo contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Pettigiani , de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 243/252 vta.).
Se interponen, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 5 de agosto de 2018).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 266/277), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa destacar, el Tribunal de Trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Claudio González, condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagar la suma que estableció ($27.883,26) en concepto de diferencias por la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 oportunamente percibida (dec. 1.694/09; ley 26.773).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el día 7 de agosto de 2014 el actor sufrió un infortunio en ocasión de encontrarse prestando sus tareas habituales bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por el que la Comisión Médica interviniente le fijó una incapacidad del 10% del índice de la total obrera (v. fs. 243 vta. y 244).
Asimismo, que Provincia ART S.A. le abonó al accionante el día 19 de junio de 2015 la suma total de $132.495,59 en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Sin embargo, luego de analizar la pericia médica (v. fs. 197/199 y 213), tuvo por demostrado que en realidad el trabajador -por aplicación del sistema de la capacidad restante, respecto del accidente de trabajo sufrido el día 2 de octubre de 2010 que lo incapacitó en un 40,75% del índice de la total obrera, según pronunciamiento emitido en autos de igual carátula y tramitado ante el mismo tribunal- posee una incapacidad del 9,69% del índice de la total obrera, incluidos los factores de ponderación (v. vered., fs. 244 vta. y 245).
Seguidamente, tuvo por probado que el ingreso base a la fecha de la primera manifestación invalidante (que ubica en el día del infortunio), conforme lo prescribe el art. 12 de la ley 24.557, era de $15.460,22, y que, teniendo en cuenta el total de las remuneraciones percibidas -incluidas las horas de Compensación por Recargo de Servicio (Co.Re.S)- ascendía a la suma de $20.018,10 (v. vered., fs. 245 y vta.).
Ya en sentencia, el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir dicha norma (a los fines del cálculo del valor mensual del ingreso base) los rubros denominados no remunerativos (v. fs. 248 vta./249 vta.).
En tales condiciones, calculó la prestación por incapacidad parcial permanente en la suma de $133.649,04 ($20.018,10 x 53 x 9,69% x 65/50), juzgando que superaba el piso mínimo previsto en el art. 3 del decreto 1.694/09, conforme la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13, que resultaba de aplicación en la especie, atento la fecha de la primera manifestación invalidante (v. sent., fs. 249 vta.).
Luego, adicionó a dicho monto el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $160.378,85 (v. sent., fs. 249 vta. y 250).
A partir de ello, como anticipé, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando a la Provincia de Buenos Aires a abonar a la actora el importe de $27.883,26, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., última fs. cit.).
Por otra parte, desestimó la pretensión del accionante de aplicar el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) al resultado de la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Sostuvo que con la entrada en vigencia del decreto reglamentario 472/14 -cuyo planteo de inconstitucionalidad desestimó- y lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esa cuestión había quedado zanjada, siendo solo las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos los que debían incrementarse conforme el método de ajuste previsto en la ley 26.773 (v. fs. 250 y vta.).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios desde la fecha de exigibilidad del crédito (7 de agosto de 2014) y hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación. A tales efectos y por razones de economía procesal, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 que modificó el art. 48 de la ley 11.653 (v. sent., fs. 250 vta. y 251).
II. Contra esta forma de decidir se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de nulidad.
Denuncia -en lo esencial- que el tribunal de grado omitió pronunciarse sobre el planteo de inconstitucionalidad formulado respecto del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en cuanto fija como pauta de cálculo del ingreso base el promedio de los salarios devengados durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, "congelando", de ese modo, la remuneración del trabajador (v. fs. 291 vta. y 292).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 266/267, estimo que el recurso debe ser acogido con el alcance que a continuación se indica.
III.1. Liminarmente, dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 116.830, "Baigorria", sent. de 13-V-2015 y L. 121.471, "Villabriga", sent. de 12-II-2020; e.o.).
Asimismo -conforme lo ha establecido esta Corte- constituyen cuestiones esenciales aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 106.198, "Martínez", sent. de 10-VIII-2011; L. 116.648, "Pennisi", sent. de 10-IX-2014; L. 118.728, "Camino", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.949, "Méndez", sent. de 13-IX-2017; e.o.).
III.2. Bajo esas premisas, he de observar que el reclamo que se denuncia preterido fue sometido a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal oportuna, en tanto fue incluido en la presentación inicial (v. fs. 57 vta./60 y 64) e, incluso, fue replicado por la accionada en su responde (v. fs. 103 vta./105).
También que, efectivamente, el inferior ha omitido efectuar reflexión alguna a su respecto (v. fs. 248 vta./249 vta.), sin que emerja del trazo lógico cristalizado en el fallo motivo que justifique tal inadvertencia.
Así las cosas, considero que se configura en la especie la omisión de una cuestión que reviste el carácter de esencial -en los términos del art. 168 de la Constitución provincial- toda vez que el reclamo tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en cuanto al período que corresponde considerar para calcular el ingreso base mensual, integró la estructura de la traba de la litis conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debía atender para la correcta solución de la controversia.
Luego, y en tanto la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes, oportunamente planteados, constituye una incongruencia por omisión de cuestión esencial que conlleva a la nulidad del fallo (causas L. 117.219, "Arriola Camacho", sent. de 12-XI-2014; L. 116.795, "Duboski", sent. de 6-V-2015 y L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018), corresponde acoger la impugnación traída.
III.3. Sentado lo expuesto, corresponde aclarar que la nulidad de la decisión que propongo es parcial, pues ha de alcanzar exclusivamente al extremo ya examinado.
Esta Corte ha resuelto que no resulta necesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos de la decisión que componen las restantes controversias suscitadas entre las partes, en cuanto escindibles del motivo de la anulación, pues ello configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia-, sea porque no ha mediado agravio a su respecto o porque no media obstáculo para que este Tribunal ejerza su función revisora (causas L. 90.689, "Martínez Gómez", sent. de 15-V-2009; L. 117.658, "Alegre", sent. de 15-VII-2015; L. 118.963, "Bernal", sent. de 9-VIII-2017 y L. 119.403, "Díaz", sent. de 6-II-2019; e.o.).
Lo dicho basta para brindar respuesta al interrogante planteado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído, disponiéndose la anulación parcial de la sentencia de grado.
La causa debe ser devuelta al tribunal de origen para que -integrado con nuevos jueces- subsane la mencionada omisión de cuestión esencial y dicte nuevo pronunciamiento al respecto.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a los fundamentos por los cuales la doctora Kogan propone hacer lugar, con limitado alcance, al recurso extraordinario de nulidad impetrado.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra el pronunciamiento de grado se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial local; 8 incs. "a", "b" y "c" de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto ley 7.718/71; 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, se agravia del porcentaje de incapacidad que determinó el tribunal de grado.
Puntualmente aduce que la labor axiológica desplegada en torno a la prueba pericial médica, se encuentra afectada del vicio de absurdo.
Afirma que, tal como lo indicó el sentenciante, frente a la impugnación formulada por su parte requiriendo la valoración de las cicatrices constatadas en la pericia, el experto médico no se expidió, limitándose a responderle al demandado quien había solicitado la aplicación de la fórmula de la capacidad restante teniendo en cuenta lo resuelto por el mismo tribunal en la causa "González, Claudio Marcelo c/ Fisco de la provincia de Buenos aires s/ accidente de trabajo - acción especial", expediente n° 14.925.
Sobre este último tópico, agrega que la mencionada causa había sido recurrida ante esta Suprema Corte por lo que, al no encontrarse firme la sentencia ni el porcentaje de incapacidad allí determinado, ni el perito ni el juzgador de grado podían haber valorado la capacidad restante del trabajador.
Por ello, manifiesta que "...la capacidad residual del actor -hasta tanto no adquiera firme el juicio anterior- es del 100% de la T.o.", por lo que debió calcularse la presente incapacidad en un 28% del índice de la total obrera.
II.2. Por otro lado, objeta el modo en que el tribunal aplicó la ley 26.773.
II.2.a. Sostiene que, por conducto de la primacía de la equidad y de los principios alterum non laedere y de progresividad, debió reconocer la máxima indemnización posible y ajustar el resultado de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 con arreglo al índice RIPTE.
Entiende que la sanción del art. 17 apartado 6 trasunta la imperiosa e impostergable necesidad de ajustar los montos de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, especialmente las producidas durante la vigencia de la ley 24.557 en su texto originario, así como conforme el decreto 1.278/00, en tanto prevén indemnizaciones totalmente desactualizadas y depreciadas.
Alega que la forma en que el juzgador aplicó la ley frustra esa pretensión de la norma, que es la de mejorar las prestaciones de los trabajadores, en tanto efectúa una interpretación regresiva, insuficientemente reparadora e inconstitucional.
II.2.b. Asimismo, denuncia que el juzgador omitió aplicar el incremento previsto en el art. 3 de la ley 26.773.
III. El recurso no prospera.
III.1. No acierta el recurrente al objetar el porcentaje de incapacidad asignado por el juzgador.
III.1.a. El perito médico manifestó en su informe de fs. 197/199 que el trabajador sufrió un accidente con grave traumatismo de su miembro inferior izquierdo que le ocasionó una lesión ósea y neurológica periférica, que cursaba con moderada repercusión clínica, funcional, por imágenes y electromiográfica, y que lo incapacitaba en un 15%, incluidos los factores de ponderación (alta dificultad en la realización de las tareas -20%-, amerita recalificación -10%- y edad -2%-; v. vered., fs. 244 vta.).
Tras las impugnaciones realizadas al informe pericial por la parte actora a fs. 207/209 vta. (en tanto no merituó la presencia de tres cicatrices, debiendo el experto hacer aplicación del Baremo General para el Fuero Civil) y por la demandada a fs. 211 y vta. (en cuanto a la capacidad restante, según denuncia que efectuó en su contestación de demanda, por la incapacidad del 40,75% otorgada en el accidente padecido por el actor el día 2 de octubre de 2010, conforme sentencia en expediente de igual carátula, en trámite por ante el mismo órgano), el perito médico aplicó el porcentaje de incapacidad actual al porcentaje ya otorgado en el anterior accidente (v. fs. 213), lo que no generó objeción alguna de ninguna de las partes (v. vered., fs. 245).
Luego de su análisis, el tribunal de grado concluyó que debía tenerse por suficientemente probada y con estricto rigor científico, la existencia de la afección física, productora de la incapacidad, con nexo causal en el infortunio. Asimismo que el dictamen pericial médico poseía la virtualidad jurídica para tener por acreditados los aspectos médicos, de diagnóstico y fijación de incapacidad, del que, con excepción de la capacidad restante, no encontró motivo para apartarse. En tal sentido determinó que el porcentaje indemnizable definitivo era del 9,69% (100% - 40,75% = 59,25% x 10% = 5,92%, más los factores de ponderación; v. vered., última fs. cit.).
III.1.b. En rigor, como se advierte de la síntesis del agravio expuesta en el primer punto del apartado anterior, el interesado dirige su crítica a censurar las conclusiones fácticas derivadas del desarrollo de la labor axiológica de los magistrados de grado; sin embargo, fracasa en su intento de descalificar el fallo, toda vez que no logra evidenciar el vicio invalidante de absurdo que le atribuye.
Cabe recordar que esta Suprema Corte ha señalado reiteradamente que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un infortunio laboral constituye una típica cuestión de hecho ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo absurdo (causas L. 50.924, "Gimeno", sent. de 2-XI-1993; L. 60.152, "Pachko", sent. de 25-XI-1997; L. 92.985, "Díaz", sent. de 7-IV-2010 y L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019), extremo que no alcanza a ser evidenciado por la recurrente en la especie.
Si bien es cierto que el recurrente -como lo indiqué- ha denunciado el vicio referido, no lo es menos que sus argumentaciones no son suficientes para demostrar su configuración, habida cuenta que, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia de la prueba que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, solo intenta -pretendiendo disputarles el ejercicio de dichas facultades privativas- un nuevo análisis del material probatorio obrante en la causa según su propio y personal criterio valorativo, sistema éste que -reitero- se ha juzgado impropio para demostrar el error grave, grosero y manifiesto, que constituye el vicio del absurdo (causas L. 83.217, "Morales", sent. de 14-XII-2005; L. 87.490, "Olivero", sent. de 5-XII-2007; L. 90.647, "Paredes", sent. de 13-VIII-2008 y L. 94.304, "Villareal", sent. de 22-X-2008).
La sola divergencia que expresa el interesado acerca de la idoneidad y aptitud probatoria de la pericia médica -elemento que el tribunal valoró, aunque con un alcance distinto al pretendido por el accionante- resulta inhábil para demostrar la existencia del vicio de absurdo.
Más aún, y en lo que resulta particularmente relevante para desestimar el embate, el recurrente no impugnó el informe dado por el galeno al contestar las observaciones formuladas por las partes (v. fs. 213 y vta.), en el que se valoró la sentencia dictada con anterioridad en la causa "González, Claudio Marcelo c/ Fisco de la provincia de Buenos aires s/ accidente de trabajo - acción especial" (expediente n° 14.925) para cuantificar la capacidad restante, y por el que se le reconoció un porcentaje de minusvalía incluso inferior al que, en definitiva, le consignó el juzgador. Por tal razón, deviene extemporáneo el planteo introducido en esta instancia para cuestionar definiciones que en su momento admitió, como lo es la presunta firmeza que podría revestir la definición en torno al porcentaje de incapacidad asignado al actor con relación al infortunio sufrido el día 2 de octubre de 2010.
Dicha circunstancia torna, de suyo, inatendible esta parcela de la impugnación, pues, conforme lo ha declarado reiteradamente esta Corte, resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las argumentaciones novedosas -fruto de una reflexión tardía-, toda vez que no han sido introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 116.515, "Melgar", sent. de 2-VII-2014; L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017).
De allí que, en virtud del específico cometido que asiste a este Tribunal, las discrepancias que subjetivamente postula el recurrente no pueden sustentar la procedencia del agravio.
III.2. El embate orientado a rebatir el modo de aplicación del índice RIPTE establecido en la ley 26.773 tampoco resulta atendible.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte señaló que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols., Secreta
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