Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123453
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
2Declarar nulo de oficio la decisión de fs. 24 y vta. (art. 168, Const. prov.), y remitir la causa al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en el marco del juicio por accidente laboral incoado por Héctor Daniel Ramírez contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, hizo saber a las partes que, en atención al estado de la causa, deberán cumplir con el trámite administrativo previo y obligatorio estatuido por la ley 27.348 y que, una vez vencido el plazo de noventa días hábiles administrativos desde la primera presentación debidamente cumplimentada, reasumirá su plena aptitud jurisdiccional conforme a las facultades que le son constitucional y legalmente inherentes. Asimismo, que deberán acompañar, para ser agregadas al expediente, la totalidad de las constancias que acredite la actuación que se haya efectuado en sede administrativa, según lo dispuesto (v. fs. 24 y vta.).
Finalmente, sin perjuicio de lo señalado supra , rechazó la excepción de incompetencia material opuesta por la parte demandada, en el entendimiento que la competencia se determina, en principio, por la naturaleza de las acciones que se proponen a decisión judicial.
Para así decidir, el a quo sustentó su pronunciamiento en precedentes del propio Tribunal que individualizó, concluyendo que correspondía rechazar los planteos de inconstitucionalidad de las leyes 14.997 y 27.348 (art. 1), declarar inaplicable al caso los arts. 2 y 14 de la citada ley nacional, en cuanto a las instancias recursivas administrativas y judiciales, por no encontrar acogida dentro de la ley 11.653 y, por último, decretar abstracto el tratamiento de los tópicos desarrollados en los escritos constitutivos del proceso en torno a la aplicación al sub lite de lo establecido en el decreto 54/17 y en la resolución 298/17.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 8-IV-2019), el que denegado por el tribunal de mérito, por considerar no definitivo el pronunciamiento puesto en entredicho (v. fs. 26/27), dio lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. fs. 38/40 vta.).
En sustancia, la recurrente aduce que la decisión impugnada mediante la interposición del recurso extraordinario, en tanto declara la inaplicabilidad al sub examine de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348, en cuanto a las instancias recursivas administrativas y judiciales, produce un perjuicio irreparable, no contando con otra vía jurídica para solucionar el agravio que le ocasiona lo así resuelto.
Además, alega que el pronunciamiento en crisis, pone fin al tratamiento de una cuestión de competencia, quedando su parte en un estado de total indefensión ante una resolución que -afirma- luce errada, en una clara violación y contradicción con el ordenamiento legal vigente. En esa línea argumental, entiende que aquel pronunciamiento debe ser equiparado a definitivo, a fin de habilitar la instancia extraordinaria de casación, para su revisión.
III. La queja prospera.
III.1. Al respecto, de modo liminar, corresponde recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que los remedios extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquellas que, recayendo sobre el asunto principal del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 116.761, "Ibarra", resol. de 4-VII-2012; L. 116.905, "Juárez", resol. de 17-X-2012 y L. 119.452, "Tristán", resol. de 29-XII-2015).
No obstante, también ha sostenido que a aquella categorización se agregan las decisiones que causen un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, las que se entienden como equiparables a definitivas (causas Ac. 100.383, "Apolo Fish S.A.", resol. de 11-III-2009; L. 111.127, "Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda.", resol. de 30-VI-2010; L. 114.180, "Geza", resol. de 18-IV-2011 y L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019).
III.2. En consecuencia, dadas las particulares circunstancias, corresponde destacar que la decisión cuestionada, en el contexto señalado resulta equiparable a definitiva, desde que resuelve sobre cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior (causa L. 122.806, "Rollini", resol. de 14-VIII-2019).
III.3. En ese marco conceptual, visto que el pronunciamiento bajo censura resuelve en la presente litis una cuestión esencial, se advierte que carece de la formalidad de acuerdo y voto individual de los magistrados intervinientes, lo que, en el caso, constituye transgresión a la cláusula del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuyo cumplimiento resulta ineludible, correspondiendo su anulación oficiosa por esta Corte (causas L. 112.717, "Lasala", resol. de 30-III-2011; L. 117.364, "Coliqueo", resol. de 12-VI-2013; L. 120.805, "Gatica Estropio", resol. 13-IX-2017 y L. 121.952, "Mourglia", resol. de 14-VIII-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
2. Declarar nulo de oficio la decisión de fs. 24 y vta. (art. 168, Const. prov.), y remitir la causa al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:46:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2020 21:12:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 09:59:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 10:10:59 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 19:01:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 12:26:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia