Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120136
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.136, "Gerez, Gabriel Emmanuel contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 265/272).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 294/304).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Gabriel Emmanuel Gerez y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada-, al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir juzgó acreditado que el día 24 de julio de 2013 el actor protagonizó un accidente in itinere al ser embestido por un automóvil cuando se trasladaba en moto hacia su lugar del trabajo; también que, como consecuencia del infortunio sufrió afecciones físicas y psicológicas que le generan una incapacidad del 12,7% del índice de la total obrera (v. fs. 265 vta. y 266).
Luego, en lo tocante a la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante, de acuerdo a las pautas establecidas en el citado art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, la fijó en la suma de $171.877,72, monto al que posteriormente le aplicó el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) arribando a la suma final de $332.138,52 (v. fs. 268 vta.).
Dispuso aplicar al capital de condena, y desde que cada rubro es debido, intereses a "la tasa activa para operaciones de descuento a treinta días en pesos que cobre el Banco de la Pcia. de Bs. As." (fs. 269/272).
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3, 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; del decreto 472/14; de las leyes 23.928 y 25.561; arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica.
Señala que el tribunal de grado al aplicar la ley 26.773, que -en su opinión- no se encontraba vigente cuando aconteció el accidente sufrido por el trabajador, infringió el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial (v. fs. 295 vta.).
Añade que también vulneró las directrices establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010)- y por esta Corte -en el precedente "Orellana" (sent. de 26-III-2014)-; respecto a la aplicación de las mejoras indemnizatorias previstas en los decretos 1.278/00 y 1.694/09, que anteriormente habían modificado el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 296/297). Destaca que tal criterio fue seguido asimismo por los superiores tribunales de las provincias de Córdoba y Mendoza, en los fallos que cita (v. fs. cit.).
A su vez, le reprocha al a quo haber aplicado erróneamente el índice RIPTE de modo directo sobre la fórmula prevista en el art. 15 apartado 2 -debió decir 14 apartado 2 inc. "a"- de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 297 vta.). Aduce que, de acuerdo a lo establecido por el decreto 472/14, sólo las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos contemplados en el decreto 1.694/09, se deben incrementar conforme la variación del índice referido (v. fs. 298 y vta.).
Aduce que el juzgador, además, incurrió en absurdo cuando determinó el quantum indemnizatorio toda vez que arribó a una suma exorbitante en atención a las constancias de la causa (v. fs. 300 y vta.).
Finalmente, cuestiona lo resuelto en orden a los intereses moratorios.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Sentado ello e ingresando a la sustancia de la decisión cuestionada, cabe señalar que en el caso, contrariamente a lo afirmado por la recurrente (v. fs. 295 vta.), la ley 26.773 se encontraba vigente a la fecha de ocurrencia del accidente in itinere que protagonizó el actor (24 de julio de 2013), por lo tanto, resultan aplicables sus normas para cuantificar las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, tal como lo resolvió el a quo en la sentencia. Así este tramo de la impugnación no es de recibo.
III.3. Sin perjuicio de lo anterior y siguiendo el criterio adoptado por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), le asiste razón a la interesada en cuanto se agravia del modo en que el juzgador dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la indicada ley.
Siendo que la resolución del presente recurso no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando esta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014), dable es recordar que en el citado precedente L. 118.532 se señaló que el referido índice debe aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; dec. 472/14).
A tenor de ello, corresponde revocar la sentencia de grado, en tanto en ella el tribunal aplicó erróneamente el mentado índice sobre el importe de la prestación contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
III.4. En este contexto, no corresponde abordar el agravio referido al quantum indemnizatorio fijado en la instancia toda vez que lo resuelto precedentemente lógicamente ha de gravitar sobre el monto pertinente, no correspondiendo a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
III.5. Finalmente, también corresponde modificar lo resuelto por el tribunal de grado en materia de intereses moratorios.
Si bien en la sentencia de grado no se dispuso que el capital de condena devengue intereses a "la tasa pasiva digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires como erróneamente destaca el impugnante, lo cierto es que lo allí resuelto en cuanto se ordenó aplicar "la activa para operaciones de descuento a treinta días en pesos" que cobra la entidad mencionada (v. sent., fs. 269/272), colisiona con la doctrina legal de este Tribunal.
En efecto, en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) esta Suprema Corte -por mayoría que conformé- en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). Además, por los fundamentos vertidos en dicha oportunidad en el voto mayoritario, a los que remito en honor a la brevedad, estableció las razones por las cuales no es dable afirmar que los créditos laborales constituyen alimentos stricto sensu , en consideración de posturas asentadas en la naturaleza alimentaria de dichas acreencias (v. voto del colega doctor de Lázzari en los precedentes citados, y éste contrapuesto a su vez a la opinión del doctor Pettigiani en las mismas causas), descartando la aplicación del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dicho criterio, ha sido reiterado en numerosos precedentes (causas L. 119.692, "Escobar", sent. de 27-XII-2017; L. 118.359, "Álvarez", sent. de 21-II-2018; L. 119.112, "Pérez", sent. de 9-V-2018; e.o.).
Pero además, vale agregar que no se suscita en la especie el presupuesto fáctico que torna aplicable la doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito. Ello así, toda vez que -en el caso- la fijación del quantum indemnizatorio no habrá de traducir la estimación de los valores actuales de los mismos, ni importará la utilización de mecanismos indexatorios, o de índices o de coeficientes de actualización de montos históricos.
Luego, aún con las particularidades que porta la impugnación, debe dejarse sin efecto lo juzgado en el punto por el tribunal de grado y aplicarse las directrices que emanan de la jurisprudencia de esta Corte, sin que obste a ello las dogmáticas menciones que realiza el recurrente -acotadas sólo a determinado tramo temporal- en orden a las diferencias resultantes entre las distintas tasas a las que alude.
IV. En virtud de lo expuesto, debe hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, revocar lo resuelto en la sentencia de grado en lo que concierne al método con el que aplicó el índice RIPTE previsto en ley 26.773 y en lo referido a la tasa de interés empleada. Devueltas las actuaciones al tribunal de origen, deberá practicarse nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la propuesta decisoria del doctor Soria de rescindir la mensura de la prestación reclamada, como también la alícuota empleada por el tribunal de origen para estimar los intereses moratorios. Esto último de conformidad con los fundamentos que expuse al votar las causas precedentes L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.105, "Maidana" (sent. de 29-III-2017) y L. 117.969, "Vallejo" (sent. de 10-V-2017), a los que remito por motivos de brevedad.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por el doctor Soria en los apartados III.1., III.2., III.3. y III.4. de su voto.
II. Asimismo, comparto la solución que propone el colega en relación a la tasa de interés moratorio, por ser concordante con la que esta Corte plasmó -por mayoría- en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), a las que me remito por razones de celeridad.
Ello, a excepción de lo expuesto en el cuarto párrafo del punto III.5. de su voto por resultar suficientes las restantes argumentaciones para abastecer el agravio.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los apartados III.1., III.2., III.3. y III.4. de su voto.
II. También suscribo la solución propuesta en relación a la tasa de interés moratorio, en función de la consolidada doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; v.gr. causas L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
Sin embargo, no he de plegarme a lo señalado en el cuarto párrafo del punto III.5. de su sufragio por entender que no resulta dirimente en esta instancia pronunciarme sobre el particular.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/09/2020 10:24:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2020 17:05:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2020 16:34:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:09:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:28:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia