Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122059
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.059, "Lazzaro, Heber Darío contra Provincia ART Autoaseguradora de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la demanda promovida, con costas a la parte actora por resultar vencida (v. fs. 214/218 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 220/228 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la accionada, y desestimó la demanda promovida por el señor Heber Darío Lazzaro contra la Provincia de Buenos Aires, en cuanto pretendía el pago de las prestaciones dinerarias previstas en las leyes 24.557 y 26.773 (v. fs. 214/218 vta.).
Para así decidir, entendió que desde que se produjeron los dos accidentes de trabajo por cuyas secuelas incapacitantes reclamó el actor (el primero, el día 21 de enero de 2008, y el segundo, en fecha 5 de noviembre de 2010) hasta el inicio de la acción (12 de agosto de 2016), había transcurrido en exceso el plazo previsto en el art. 44 apartado 1 de la ley 24.557 (v. fs. 215 y vta.).
Señaló que al contestar "el segundo traslado" la parte actora invocó haber tomado como punto de partida para el cómputo de la prescripción la fecha en que se fijó la incapacidad en la sentencia dictada en las actuaciones caratuladas "Lazzaro, Heber Darío c/ Provincia ART S.A. s/ Recurso de apelación. Expte. nº 27.255", de trámite por ante el mismo órgano jurisdiccional (se indicó: el día 15 de julio de 2014), siendo a partir de ese momento en que -se alegó- la prestación debió ser abonada (v. fs. 215 vta.).
Destacó además, que tanto la "suspensión" como la "interrupción" de la prescripción deben ser expresamente alegadas por la interesada, no pudiendo los jueces aplicarlas de oficio (v. fs. 216 y vta.).
Puntualizó el a quo que los infortunios sufridos por el actor le ocasionaron una incapacidad laborativa cuyo porcentual exacto se conoce con posterioridad en los autos recursivos ya concluidos, siendo las fechas de dichos accidentes las que inician la exigibilidad del crédito, sin perjuicio de haberse determinado con posterioridad las secuelas incapacitantes que pudiera padecer el trabajador.
Concluyó en que, habiendo este último promovido la demanda luego de vencido el plazo prescriptivo establecido en el art. 44 apartado 1 de la ley 24.557, sin haber interrumpido ni suspendido dicho plazo, correspondía hacer lugar a la excepción de prescripción y rechazar la acción deducida (v. fs. 216 vta. in fine y 217).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266 primer párrafo, 272, 330 inc. 4, 354, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 220/228 vta.).
II.1. Cuestionado lo resuelto por el tribunal de grado al admitir la excepción de prescripción, alega que el a quo ponderó absurdamente la prueba y que, si bien el hecho generador de la responsabilidad acaeció el día en que sucedió el "accidente laboral", es equivocado considerar que desde dicha fecha corre lisa y llanamente el plazo de prescripción.
Argumenta que el promotor del pleito tuvo que concurrir en varias oportunidades a la Comisión Médica n° 14 con la finalidad de reabrir el caso y solicitar nuevas prestaciones, atento el alta médica otorgada por Provincia ART S.A. Expresa que la aseguradora determinó una incapacidad del 15% y le abonó determinado importe de pesos en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva.
Luego de citar la doctrina que emana de la causa L. 36.516, "Silvestre", sentencia de 14-X-1986, expone que de conformidad con lo establecido por el art. 44 apartado 1 de la ley 24.557, las acciones sistémicas prescriben a los dos años a contar desde que la prestación debió ser abonada, circunstancia que se verificó cuando hubo de determinarse fehaciente y objetivamente, el grado de minusvalía que padece el trabajador siniestrado. Señala que hasta que no se tiene certeza real de la incapacidad, ningún trabajador puede conocer cabalmente el grado, alcance y extensión de sus lesiones, ni tampoco la consolidación de las mismas y el diagnóstico definitivo.
Afirma que la minusvalía fue provocada por los accidentes de trabajo, pero el conocimiento de su grado, alcance o extensión de ninguna manera puede acontecer simultáneamente. La cuestión a dilucidar, explica, no versa sobre la fecha en que se incapacitó, sino sobre aquella en que la víctima tuvo noción de su minusvalía.
Siempre con profusa cita de jurisprudencia, sostiene que el cómputo del plazo de prescripción comienza en el hecho que determina la incapacidad en forma fehaciente, pero requiere una apreciación objetiva de su grado o porcentaje que ponga de manifiesto el cabal conocimiento de la invalidez por parte del accidentado.
II.2. Titulando a esta parcela de la impugnación como "interrupción de la prescripción", expresa que resultó desacertada la definición del juzgador en cuanto estableció que el actor no había invocado ningún acto interruptivo ni suspensivo de la prescripción.
Aduce que en el escrito de inicio se hizo un relato pormenorizado de los hechos, de los cuales se extrae que impulsó la instancia administrativa con la correspondiente denuncia del siniestro y luego del agravamiento de las lesiones, por ante la aseguradora de riesgos del trabajo, quien le otorgó unilateralmente el alta médica y una incapacidad parcial, permanente y definitiva en forma mermada, abonando en consecuencia una exigua prestación dineraria.
Con apoyo en la doctrina legal señala que lo actuado en sede administrativa demuestra el interés del titular para desvirtuar la presunción de abandono de su derecho, también, las "apelaciones interpuestas contra los dictámenes de la Comisión Médica n° 14". Por ello, en modo alguno puede considerarse prescripta la acción, ya que solo a partir de la conclusión del expediente judicial 27.225, debe computarse el plazo prescriptivo establecido por la norma especial: el día 25 de abril de 2016.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a los jueces de grado, y las conclusiones que al respectoéstos formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 115.788, "Díaz", sent. de 21-VIII-2013; L. 118.880, "Benítez", sent. de 30-III-2016; L. 118.756, "Stalldeker", sent. de 12-IV-2017 y L. 120.307, "Zucaro", sent. de 19-IX-2018; e. o.).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 103.502, "Peñalva", sent. de 10-VIII-2011; L. 116.828, "Altamirano", sent. de 26-II-2014; L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015 y L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019).
III.2. Bajo tales premisas, la crítica que trae el quejoso resulta inhábil para obtener la modificación del dies a quo establecido por el juzgador de origen para el cómputo del plazo de la prescripción, pues se funda con argumentos distintos a los que quedan esgrimidos en la instancia de grado.
III.2.a. Al promover la demanda el accionante adujo que "...mediante expediente caratulado 'Lazzaro, Heber Darío c/ Provincia A.R.T. S.A. s/ Recurso de apelación' Nro. 27255, [...] se determinó mediante sentencia de fecha 15 de julio de 2014, una incapacidad de tipo permanente parcial de carácter definitiva del 25,34% de la capacidad obrera, sentencia que se encuentra firme y consentida" (fs. 63).
Frente a la defensa de prescripción opuesta por la parte demandada a fs. 159/160, al contestar el traslado que autoriza el art. 29 de la ley 11.653, el actor esgrimió que "...Esta parte ha tomado como punto de partida para el cómputo de la prescripción la fecha en la que se le fija incapacidad mediante Sentencia de fecha 15 de Julio del año 2014, la cual quedó firme a fines de ese mismo año". Seguidamente, transcribió parte del art. 44 apartado 1 de la ley 24.557 y afirmó que "...la prestación debió ser abonada a partir de la fecha en que se le fijó incapacidad y no desde la fecha del accidente" (fs. 168 vta.).
En el pronunciamiento recurrido, el tribunal de grado declaró vencido el plazo prescriptivo y acogió la excepción opuesta por la accionada a tenor de los argumentos sintetizados inicialmente.
En lo fundamental -y también según lo detallado- puede observarse que, en el recurso extraordinario en análisis, variando las razones llevadas ante el tribunal de la instancia y a partir de sus propias consideraciones, el recurrente sostiene que se verificó la interrupción del plazo de prescripción de la acción, y con ello, que éste debe ser computado a partir del momento en que concluyó el expediente judicial que individualiza, hito que en su opinión aconteció el día 25 de abril de 2016.
III.2.b. De lo expuesto surge evidente que el agravio no puede tener favorable acogida. En numerosas oportunidades esta Suprema Corte ha sostenido que resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las argumentaciones novedosas -fruto de una reflexión tardía-, toda vez que no han sido introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 91.863, "Gómez", sent. de 17-VIII-2011; L. 104.096, "Aranda", sent. de 29-II-2012; L. 116.646, "M., I. A.", sent. de 4-XII-2013; L. 116.945, "Bernachea", sent. de 26-III-2014 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; e. o.).
III.2.c. En el contexto descripto, la doctrina legal citada por el interesado no logra variar la suerte de la crítica, desde que ha sido elaborada sobre la base de presupuestos que no guardan similitud con los del caso bajo juzgamiento (causa L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; e. o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/09/2020 10:25:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2020 17:05:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/09/2020 15:27:57 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:09:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:25:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia