Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122685
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido al actor y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja (v. fs. 247), se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1, con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, en lo que interesa destacar, rechazó en todos sus términos la demanda incoada por Gastón Celestino Sánchez contra el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires -Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-, imponiendo las costas al actor vencido con el beneficio de gratuidad (v. fs. 175/181).
Con posterioridad, estimó los honorarios devengados en la causa por los profesionales intervinientes, entre ellos, los correspondientes a la actuación del perito médico desinsaculado, por la suma que individualizó (v. fs. 184 vta.).
II. Contra este último pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 203/208), el que fue concedido por esta Corte al resolver la queja incoada a fs. 231/238 vta.
En su presentación, objeta que el a quo utilizara, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda, alegando que debió estar a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Ello, en tanto entiende abusiva y desproporcionada la cifra fijada por los estipendios del perito médico, cuyo pago -aduce- fue impuesto al Fisco en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que se benefició de prueba útil.
En apoyo su postura, cita la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al alcance de lo dispuesto en los arts. 23 y 58 del decreto ley 8904.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente cabe señalar que, habiéndose concedido el remedio procesal en análisis por esta Corte en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 114.263, "Pastor", resol. de 18-IV-2011; L. 117.206, "Méndez Pío", resol. de 24-IV-2013 y L. 121.244, "Ring", resol. de 28-II-2018).
III.2. En este contexto, cabe observar que el tema que la interesada trae a revisión y los precedentes que invoca se encuentran conectados no sólo con normas procesales o arancelarias sino también con otro tipo de preceptos que justifican el examen de la impugnación (así, los arts. 505 y 1.627, Cód. Civ. y 13, ley 24.432), la que debe prosperar, en tanto se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte en casos similares al presente, debidamente invocados por la interesada.
III.2.a. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007) -la primera citada por el impugnante- resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Para más, el hecho de que el actor en tanto trabajador- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente; idéntica situación, en función del art. 58 del decreto ley 8.904/77, podría presentarse respecto de los honorarios de los letrados del demandado.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse sobre la base regulatoria adecuada a los fines de determinar los estipendios de los profesionales con arreglo a las peculiaridades del caso (CSJN, 20-IV-1995, in re "Martín, Jorge A. c. Shin Dong Sik", "La Ley", 1995-C-320, con nota de Juan C. Poclava Lafuente, "Diario de Jurisprudencia", 1995-2-397); habiendo además señalado que en tal tarea no pueden obviarse los intereses económicos de las partes y los efectos que sobre ellas produce el rechazo de la demanda, accionar que importa un recaudo insoslayable para el juzgador desde que constituye el cimiento para toda regulación (CSJN Fallos: 306:1720; 316:74; voto del doctor Zaffaroni in re "Recursos de hecho deducidos por Valerio R. Pico y Carlos Manuel Jessen en las causas Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales" y R.2015.XXXVIII, "Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales", sent. de 7-VI-2005).
III.2.b. En situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir al actor de prosperar su reclamo (causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; C. 88.619, "Silva", sent. de 18-XI-2009; L. 93.990, "Araujo de Benítez", sent. de 21-XII-2011; L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014 y L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016).
Ello, sin perjuicio de que, en caso de advertirse que la sujeción estricta, lisa y llana de los mínimos legales previstos en los regímenes arancelarios locales en especial en procesos de significación patrimonial genuinamente de excepción- también denote una evidente e injustificada desproporción entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la base de aquellas normas habría de corresponder, pueda acudirse a las facultades previstas en los arts. 1.627 segundo párrafo del Código Civil, texto ordenado ley 24.432; 13 y 15 de la citada ley (CSJN in re "Río Negro, Provincia c. Estado Nacional (DGI) s/ nulidad de acto administrativo", sent. de 11-X-2005, Fallos: 328:3695; íd. Fallos: 324:2586).
III.2.c. Sin perjuicio de lo señalado, y en tanto ello también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar que en la causa Ac. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007; citada por el quejoso), esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios profesionales, de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ. y 13, ley 24.432).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido al actor y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja (v. fs. 247), se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/09/2020 17:06:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2020 22:19:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 09:51:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 09:52:15 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 11:11:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2020 11:31:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia