Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123558
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, conceder los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por la demandada La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790) e intimar a la recurrente para que en el plazo de cinco días acompañe el comprobante de haber depositado en concepto de integración y a la orden del tribunal que dictó la decisión impugnada, la suma de pesos nueve mil novecientos ($9.900); ello, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 280 cuarto párrafo, CPCC y 63, ley 11.653).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, en el marco de un juicio por accidente laboral incoado por Sergio Alejandro Ruiz de Galarreta contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y su competencia para entender en la causa (v. fs. 93/94).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 100/104 y 106/122), los que fueron denegados por el a quo , en lo esencial, por considerar no definitivo el pronunciamiento puesto en entredicho (v. fs. 123/124), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. fs. 266/288).
En sustancia, la recurrente aduce que el pronunciamiento impugnado participa en sus efectos de la naturaleza de las decisiones definitivas que impiden toda discusión ulterior al clausurar la posibilidad de una revisión en la instancia ordinaria. En esa línea argumental, entiende que aquel decisorio debe ser equiparado a definitivo, a fin de habilitar la instancia extraordinaria de casación, para su revisión.
III. La queja prospera.
III.1. Al respecto, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, corresponde primeramente destacar que el tribunal de grado excedió su competencia al formular un juicio vinculado a la procedencia de las vías extraordinarias de nulidad e inaplicabilidad de ley, materia privativa de esta Suprema Corte (causas Ac. 79.111, "Roche", resol. de 8-XI-2000; L. 111.781, "Avalos", resol. de 25-VIII-2010 y L. 113.122, "Barrios", resol. de 16-II-2011), pues debió limitarse a juzgar si estaban o no reunidos los requisitos de admisibilidad (arts. 55 y 63, ley 11.653 y 281, CPCC).
III.2.a. En ese marco conceptual, interesa destacar, por haber sido materia de impugnación en la vía directa intentada ante esta sede, que si bien esta Corte ha sostenido que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las sentencias definitivas, entendiéndose por tales aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizar el mismo, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 296 y 297, CPCC; causas L. 113.289, "Olivello", sent. de 28-XII-2010 y L. 113.643, "Usandizaga", sent. de 6-IV-2011) tal principio, por las razones que se desarrollan infra , debe ceder.
En el caso, no obstante recaer en etapa anterior al dictado de la sentencia del mérito de la causa, el pronunciamiento impugnado, en tanto declara la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y su competencia para entender en los presentes actuados, resulta equiparable a definitiva, desde que resuelve en torno a cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019; L. 123.105 "Soto", resol. de 11-IX-2019 y L. 123.982, "Balbuena", resol. de 16-VI-2020; e.o.).
III.2.b. Sentado ello, corresponde ingresar a analizar los restantes recaudos de admisibilidad del canal revisor intentado a fs. 106/122. En tal sentido, se impone destacar que esta Suprema Corte ya se ha expedido observando que, en casos como el presente, en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art.63, ley 11.653; causas Ac. 103.311, "Iteva S.A.", resol. de 4-III-2009; L. 121.007, "Ruiz", resol. de 25-X-2017; L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate", resol. de 21-VI-2018 y L. 121.923, "Pezet", resol. de 26-IX-2018).
Ahora bien, radicada la causa ante esta sede extraordinaria, se observa que el depósito efectuado por la interesada resulta insuficiente para cumplir cabalmente con lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial. La referida norma, conforme modificación dispuesta por la ley 14.141 -aplicable al caso- estableció un importe mínimo a depositar de 100 jus arancelarios.
III.2.c. Así, de acuerdo al valor de dicha unidad, vigente al momento de interposición de la vía recursiva, el depósito mínimo a satisfacer en el sub lite es de $141.900, por lo cual el efectuado ($132.000, conforme da cuenta el archivo adjunto al escrito con cargo electrónico de fecha 8-IV-2019) resulta insuficiente para cumplir con la carga en cuestión, correspondiendo intimar a su integración (párrafo cuarto, art. 280 cit.; Acordada 3.935/19).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, conceder los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por la demandada La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790) e intimar a la recurrente para que en el plazo de cinco días acompañe el comprobante de haber depositado en concepto de integración y a la orden del tribunal que dictó la decisión impugnada, la suma de pesos nueve mil novecientos ($9.900); ello, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 280 cuarto párrafo, CPCC y 63, ley 11.653).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20).
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:07:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:35:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 13:10:28 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:39:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:32:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 09:13:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia