Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124701
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, rechazó la demanda interpuesta por Claudio Fernández contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la que procuraba el cobro de una indemnización por incapacidad laboral parcial y permanente con sustento en la ley 24.557 (v. fs. 201/210).
Para así decidir, juzgó que el actor no había podido acreditar la existencia del accidente denunciado en el escrito de inicio.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 212/236 vta.), los cuales fueron concedidos por el a quo a fs. 238 y vta.
III.1. En el primero de los remedios intentados, el agraviado denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. Acusa de falta de fundamentación legal y jurídica al fallo cuestionado. Sostiene que resulta absurda la apreciación de la prueba. Por lo demás, afirma que el pronunciamiento es portador de deficiencias que lo descalifican como acto jurisdiccional válido.
III.2. El recurso intentado no prospera.
III.2.a. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 apdo. "b" de la Constitución de la Provincia únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución citada; causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011 y L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011).
III.2.b. En este marco, el embate deducido deviene improcedente, pues los agravios traídos por el recurrente se orientan a objetar el modo como el tribunal resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento, materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ajena al aquí examinado (causas L. 103.760, "D., C. L.", sent. de 4-IX-2013 y L. 118.979, "Márquez", sent. de 16-IX-2016).
Cabe agregar a ello que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante el recurso extraordinario de nulidad, sino por conducto del de inaplicabilidad de ley (causa L. 119.724, "Salvatierra", resol. de 1-II-2017), como tampoco lo pueden ser las denuncias de violación de garantías constitucionales (causas L. 100.172, "Giustozzi", sent. de 21-III-2012 y L. 117.913, "Staropoli", resol. de 18-VI-2014).
III.2.c. Por otra parte, no son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 93.559, "Elinger", sent. de 3-III-2010; L. 99.778, "Nievas", sent. de 5-V-2010 y L. 105.984, "Dafnos", sent. de 12-X-2011), hipótesis que no concurre en el fallo atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
III.2.d. Finalmente, resta mencionar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015).
IV.1. Por su parte, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el compareciente denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación principios, normas y doctrina legal que cita. En sustancia, objeta la ponderación efectuada por el tribunal respecto de las pruebas aportadas, en particular la documental. Considera que la sentencia debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido, en razón de ser contraria a las leyes de la lógica.
IV.2. De manera liminar, se debe señalar que, el valor de lo cuestionado ante esta instancia, -representado por la suma reclamada en la demanda-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal intentado, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En ese orden, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 117.919 "García", sent. de 6-V-2015).
IV.3. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativas a la valoración de los hechos y las pruebas, tales como la determinación de la existencia del accidente de trabajo denunciado en el escrito de inicio (causas L. 117.762, "Elormendi", resol. de 5-III-2014; L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017 y L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017).
Por lo demás, tampoco es apta para habilitar la instancia extraordinaria por el mentado conducto excepcional la conculcación de doctrina legal citada por el interesado referida a la arbitrariedad y al vicio de absurdo (causas L. 116.541, "Pecora", resol. de 10-X-2012; L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018 y L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018).
Finalmente -dable es recordar-, que no constituye doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la que deriva de la opinión de autores (causas L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015 y L. 120.394, "Gallardo", resol. de 28-II-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:09:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:36:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 13:12:03 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:40:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:31:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 09:10:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia