Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124771
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Fernando Enrique Ruiz contra Provincia ART S.A. en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas de la incapacidad profesional con fundamento en la ley 24.557 (v. fs. 360/366 vta.).
Para así decidir, juzgó no acreditado que el actor, como consecuencia de las tareas desempeñadas para la Municipalidad de Berazategui, presente patologías que le ocasionen alguna incapacidad física indemnizable.
II. Frente a lo así resuelto se alza la accionante con recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-VIII-2019), concedidos por el a quo a fs. 371 y vta. y 380 y vta., respectivamente.
III. En la primera de las vías articuladas, denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y transgresión de los derechos de propiedad y defensa en juicio.
Plantea que el acta de audiencia de vista de la causa resulta irregular, pues en ella se consignó, erróneamente, que las partes habían desistido del derecho de alegar, cuando, por el contrario, expresamente se expusieron y fundaron los motivos por los cuales correspondía hacerse lugar a la demanda articulada. En este contexto, afirma que tal vicio conlleva la nulidad del pronunciamiento atacado, puesto que el juzgador omitió abordar y resolver todas las cuestiones esenciales volcadas por su parte en la citada acta.
III.1. Sabido es que el recurso previsto en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 110.553, "Martínez", resol. de 21-IV-2010; L. 113.262, "Aguilera", resol. de 2-III-2011 y L. 120.655, "Salvierak", resol. de 27-IX-2017).
En ese marco, la argumentación formulada resulta improcedente, desde que los agravios vinculados a supuestas irregularidades cometidas en el acta de audiencia de vista de la causa, remiten al análisis de cuestiones procesales anteriores al dictado de la sentencia definitiva, y, como tales, extraños a la vía establecida en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial (causas L. 118.720 "Villalba", resol. de 27-V-2015; L. 117.734 "Latorre", sent. de 1-VII-2015; L. 114.397 "Perrota", sent. de 14-X-2015 y L. 119.136, "Roldan", resol. de 2-III-2016 y L. 120.988, "Martinez Vera", resol. de 25-IX-2019).
III.2. Tampoco acierta el interesado en cuanto trae a consideración de esta Corte la alegada arbitrariedad de la sentencia que desestimó la acción, toda vez que la crítica desplegada se dirige -en lo esencial- a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014 y L. 118.841, "Magan", resol. de 21-X-2015).
III.3. Importa agregar que no constituye tema que pueda someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad, la acusación del impugnante vinculada al presunto quebranto de normas procesales y garantías de raigambre constitucional (causas L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013 y L. 117.924, "Caballero", resol. de 16-VII-2014).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de las reglas de la sana crítica y apreciación en conciencia, agraviándose de la decisión de grado en cuanto tuvo por no acreditado que los dolores que presenta el actor le generan incapacidad laborativa.
IV.1. El recurso no ha de prosperar.
IV.2. Esta Corte ha dicho, en reiteradas ocasiones, que determinar si el trabajador demostró o no, con la prueba aportada, la existencia de nexo causal o concausal entre las labores por él desarrolladas y la minusvalía que lo afecta, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013 y L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 95.261, "Villalba", sent. de 25-III-2009 y L. 91.388, "Ortiz", sent. de 16-IV-2008).
IV.3. En la especie, si bien el recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia por cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 120.777, "Di Modugno", resol. de 29-XI-2017).
En el caso, el órgano judicial de grado -con fundamento en las pericias médicas, de las cuales entendió que no correspondía apartarse-, consideró que no había resultado acreditado que el actor en virtud de las tareas desempeñadas, presentara patologías que le ocasionen alguna incapacidad física que resultara indemnizable.
IV.4. Al respecto, cabe además señalar que los tribunales de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que propongan las partes a su consideración, sino únicamente los que a su criterio fueren decisivos, pues al regir el sistema de apreciación en conciencia están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia ordinaria si no se demuestra el referido vicio (causas L. 118.700, "Leyes", sent. de 15-VI-2016 y L. 117.867, "Oreste", sent. de 17-V-2017).
En este sentido, debe recordarse que en la tarea de valorar las pericias médicas y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, y la decisión que adopten al respecto es ajena, por lo tanto, al cometido de esta Corte, salvo absurdo (causas L. 87.797, "Iñiguez", sent. de 29-VI-2005; L. 79.438, "Nogueira", sent. de 24-IX-2003; L. 118.643, "Gorozo", resol. de 26-VIII-2015 y L. 123.054, "Militello", resol. de 14-VIII-2019), el que, como se dijo, no logra acreditarse.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:07:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:35:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 13:10:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:39:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:32:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 09:13:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia