Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124132
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja interpuesta, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art.292 cit. y Acordada 1.790; art.63, ley 11.653) y, en atención a que no reúne los requisitos esenciales, rechazarlo (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art.289, CPCC).
I. La señora Olga Mabel Velázquez, en lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, accionó contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y Provincia ART S.A. reclamando la reparación integral con fundamento en el derecho civil y el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 61/79).
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, por mayoría, difirió a juicio sumario la demanda incoada por la trabajadora contra la Provincia de Buenos Aires por prestaciones dinerarias de la ley 24.557, en los términos de los arts. 14 apdo. 2 inc. "b" y 11 apdo. 4 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo citada. Ello, especificó, por carecer de información de cuánto asciende el Ingreso Base Mensual (IBM) respectivo al accidente de trabajo objeto de autos y hasta tanto, aclaró, la perito contadora interviniente lo determine o, en su caso, se acompañen los recibos de sueldo anteriores a la fecha de ocurrido el mismo. En ese contexto, ordenó que, una vez concluido el proceso sumario de determinación de IBM en la forma indicada, deben volver los autos a dictar sentencia con respecto a la acción tratada (cfr. art. 75 de la LCT).
Finalmente, por unanimidad, rechazó en todos sus términos la demandada incoada en base a la normativa civil (v. veredicto y sentencia de fs. 358/369 vta. y aclaratoria de fs. 380/382).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 25 de junio de 2019), el que fue denegado por el a quo por considerar que la decisión puesta en tela de juicio no reúne el requisito de definitividad exigido por el art. 55 de la ley 11.653 (v. fs. 570 y vta.).
La demandada, articuló la queja establecida por el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial, de modo directo ante esta instancia extraordinaria (v. fs. 435/439).
III. Radicados los autos principales en esta sede, corresponde recordar, que esta Suprema Corte ha dicho que los remedios extraordinarios son admisibles respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquellas que, recayendo sobre el asunto principal del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653; causas L. 116.761, "Ibarra", resol. de 4-VII-2012; L. 116.905, "Juárez", resol. de 17-X-2012 y L. 119.452, "Tristán", resol. de 29-XII-2015).
Por consiguiente, en el caso, el pronunciamiento dictado por el tribunal laboral que ordenó diferir a juicio sumario la acción entablada por prestaciones dinerarias y rechazó la demanda fundada en la normativa civil reviste aquel carácter, desde que resuelve sobre cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior; tornando aptos los argumentos esgrimidos por el Fisco impugnante con el fin de habilitar la instancia extraordinaria para su revisión (causa L. 122.737, "Roldán", resol. de 26-XII-2019) por lo cual corresponde hacer lugar al recurso de hecho traído de forma directa ante esta sede casatoria (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
IV.1. Sentado ello, ingresando en el análisis de los restantes recaudos formales normados por el legislador para acceder a la apertura de la casación, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, sostiene que no obstante no alcanzar el valor de lo cuestionado el establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 55, ley 11.653) en el caso, en oportunidad de interponerlo, desarrolló sus agravios individualizando la doctrina legal de la Suprema Corte que el tribunal de grado conculcó, a su modo de ver, al dictar su fallo. Por lo que, entiende, corresponde la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. Invoca gravedad institucional.
IV.2. Siendo ello así, la señalada admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el enunciado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo puesto en crisis la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013; L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014 y L. 117.693, "Medina", sent. de 11-III-2015), situación ausente en autos pues las citas de doctrina legal efectuadas por el recurrente aluden a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso (causas L. 118.594, "Ascona", resol. de 6-V-2015 y L. 121.020, "Osuna", resol. de 6-XII-2017).
Por otro lado, no mejora la suerte de la vía intentada la denuncia de doctrina legal definitoria del vicio de absurdo, ya que reiteradamente este Tribunal ha sostenido que esta última no habilita el referido supuesto contemplado en el mencionado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 118.003, "Wasylciw", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.896, "Esteban", resol. de 3-IX-2014 y L. 119.971, "Rodríguez", resol. de 14-IX-2016; e.o.).
Además, cabe señalar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la que deriva de la opinión de los autores, no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 122.001, "Quiroga", resol. de 5-XII-2018).
IV.3. Finalmente, sobre la pretendida gravedad institucional invocada al interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, a fin de habilitar la instancia de casación local, se impone señalar que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la presencia de una con las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la misma, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas Ac. 99.509, "Domeq", resol. de 13-VIII-2008; L. 117.451, "Ortiz", resol. de 31-VII-2013; CSJN, Fallos: 303:221).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja interpuesta, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art.292 cit. y Acordada 1.790; art.63, ley 11.653) y, en atención a que no reúne los requisitos esenciales, rechazarlo (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art.289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/09/2020 17:06:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2020 22:18:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 09:51:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 09:18:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 17:28:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia