Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124765
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zarate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, decretó la caducidad de la instancia en la causa que Luis Alberto Trescher inició contra La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A., en procura del cobro de indemnización por accidente de trabajo (v. fs. 150/151 vta.).
Para así decidir, juzgó que había transcurrido el plazo establecido en el art. 12 de la ley 11.653, sin que el actor produjera actividad procesal útil para la prosecución del trámite de las actuaciones, a pesar de la intimación cursada al respecto.
II. Frente a tal pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-V-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 157 y vta. en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
El impugnante objeta las restricciones a la admisibilidad del remedio traído vinculadas al valor del litigio, planteando la inconstitucionalidad de los arts. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución provincial; 278 del Código Procesal Civil y Comercial; y 55 de la ley 11.653, así como la existencia de cuestión federal.
Además, controvierte por arbitraria la sentencia, al tiempo que cita las normas y la doctrina que considera violadas.
En sustancia, alega que el escrito presentado por su parte, vencido el plazo de intimación, pero con anterioridad al dictado del pronunciamiento atacado, reveló su intención de dar impulso a las actuaciones.
III.1. De modo liminar, cabe señalar que habiendo sido concedido el remedio procesal en análisis en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento objetado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014 y L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014).
III.2. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612 "Aranda", sent. de 17-IX-2014 y L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014).
Además, resta recordar que este Tribunal tiene dicho que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apdo. 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011 y L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011).
III.3. Por otro lado, el tenor del planteo ensayado por el interesado tampoco permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causa L. 118.818, "Concha", resol. 28-X-2015).
III.4. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la crítica contenida en el escrito recursivo remite a cuestiones estrictamente procesales -como lo es la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 98.284, "Sanabria", sent. de 23-V-2010 y L. 115.015, "Acevedo", resol. de 10-VII-2013).
Para más, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 108.361, "Errecalde", sent. de 5-IX-2012; L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010); así como tampoco resulta útil la cita del voto que ha quedado en minoría puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 105.764, "Olivera", sent. de 14-XII-2011; L. 95.453, "A., V.", sent. del 18-II-2009).
Finalmente, corresponde agregar que la jurisprudencia de otros tribunales no constituye doctrina legal y, por lo tanto, no resulta eficaz para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 99.090, "Salvetti Sequeira", sent. de 1-IX-2010 y L. 99.039, "Coria", sent. de 5-V-2010).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/09/2020 22:19:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 09:53:57 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 11:04:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 09:16:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 17:28:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia