Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120817
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.817, "Lishnivez, Sergio Nicolás contra Rodríguez Viagas, Fernando Javier y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 740/750 vta.).
Se dedujo, por Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 787/792).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por Sergio Nicolás Lishnivez contra Fernando Javier Rodríguez Viagas y Federación Patronal Seguros S.A. por la que se procuraba la reparación del infortunio laboral que el reclamante sufrió el 9 de febrero de 2010, condenando al primero -previa declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557- a abonarle al actor el resarcimiento integral con sustento en el derecho común (art. 1.113, Cód. Civ.) por la suma de $487.345,20 y a la segunda, en forma concurrente, hasta el importe de $73.534,44 en concepto de prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo. Asimismo, ordenó la aplicación de intereses de conformidad con la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 740/750 vta.).
En lo que resulta relevante, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto dicha norma contempla sólo los rubros sujetos a aportes y contribuciones, y los haberes percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante y dispuso que debía considerarse para determinar el valor mensual del ingreso base la totalidad de la remuneración bruta percibida por el actor en el mes de diciembre de 2009, con más la incidencia del sueldo anual complementario (v. vered., fs. 740 vta., 741 vta. y 742; y sent., fs. 747 y vta.).
Para ello, sostuvo que cuando el cálculo del ingreso base mensual arroja un resultado inferior al monto que normalmente cobra el trabajador, configura una flagrante confiscación del salario que lo coloca en una posición de desamparo, expuso que la aplicación de las pautas establecidas por el art. 12 de la ley citada genera una diferencia notoria -por disminución- respecto de las sumas reconocidas en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el hecho productor del daño no es un accidente o una enfermedad profesional, sino un accidente o enfermedad denominada "inculpable" (art. 208, LCT).
Concluyó que el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional.
Finalmente, dispuso aplicar al monto de condena intereses desde su exigibilidad y hasta su efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 748).
II. El letrado apoderado de la aseguradora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 12 de la ley 24.557; 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 1 de la ley 24.432; 505 y 622 del Código Civil; 176 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; la ley 23.928; y de la doctrina legal que cita.
II.1. Cuestiona que el tribunal de grado haya descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 incluyendo para el cálculo del valor mensual del ingreso base todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario de la actora a la fecha del infortunio.
Aduce que, de conformidad con los precedentes de esta Corte que transcribe, la decisión debe ser revocada, toda vez que no fundamentó, con la profundidad que es exigible, de qué manera habrían sido conculcadas las garantías constitucionales que señala.
A su juicio, la decisión viola las garantías consagradas en los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional, desde que la aseguradora debe afrontar el pago de prestaciones que no se compadecen con las alícuotas oportunamente abonadas por el empleador, lo que provoca la alteración de la ecuación económica del sistema.
II.2. Por otro lado, manifiesta que el a quo vulneró los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo -conforme la redacción de la ley 24.432-, así como también la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 77.914, "Zucoli" (sent. de 2-X-2002); L. 81.838, "Macalusi" (sent. de 10-IX-2003) y L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005).
Refiere que el porcentaje de las costas fijadas en el fallo asciende al 33% del monto de condena, lo que excede claramente el límite establecido en las normas citadas.
II.3. Por último, objeta que el tribunal de grado haya aplicado intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva digital fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina que este Tribunal tiene establecida a partir de las causas Ac. 43.858, "Zgong" (sent. de 21-V-1991); C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el cuestionamiento dirigido a impugnar la invalidez del art. 12 de la ley 24.557 y por su conducto, la determinación del valor del ingreso base mensual que sirviera de base para la estimación de la diferencia en la prestación dineraria por incapacidad permanente parcial debe rechazarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.094, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-VI-2016; L. 119.497, "Victoriano", sent. de 17-V-2017; L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017 y L. 120.088, "Di Ponio", sent. de 5-XII-2018). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado.
III.2. En cambio, merece respuesta favorable el agravio que versa sobre la denuncia de violación de la doctrina legal sentada -entre otros- en el precedente L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002) y vinculada con la aplicación de los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 24.432), ello, sin dejar de aclarar que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es: el dec. ley 8.904/77) no así en la ley 14.967 sobre cuyo art. 16 no cabe pronunciarse aquí acerca de su constitucionalidad.
III.2.a. Aun cuando en el sub lite no ha existido controversia en orden a su validez y aplicación, cabe reseñar cierta jurisprudencia vinculada con las disposiciones contempladas en la ley 24.432.
Al fallar la causa "Fox, Héctor Raúl c/ Siderca S.A.C.I." (F.420.XXXVII, sent. de 28-VII-2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la naturaleza común de la legislación mencionada.
Sobre tal base, puede concluirse que los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, que incorporaron un nuevo párrafo a los arts. 505 del Código Civil (reiterado en análogos términos en el art. 730 del Cód. Civ. y Com.) y 277 de la ley 20.744, estableciendo un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas -por la sustancia que regulan- no requieren adhesión alguna. Son entonces aplicables en el ámbito de las provincias (art. 75 inc. 12, Const. nac.), sin que ello implique alterar en modo alguno la autonomía local (causas L. 77.914, cit.; L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003; L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005 y L. 89.979, "S., M.", sent. de 16-IV-2008).
Por otro lado, el Alto Tribunal en la causa "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/accidente ley 9.688" (A.151.XXXVII, sent. de 5-V-2009) sostuvo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución -a tenor de la finalidad tenida en miras por el legislador- "se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad" (cons. 12°).
III.2.b. En el caso, surge de la liquidación obrante a fs. 751 vta. y 752 que el tribunal de grado rebasó la limitación porcentual establecida en las normas antes mencionadas.
Corresponde entonces que -una vez devueltos los autos- el tribunal adecue el decisorio a lo dispuesto en la citada norma efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011).
III.3. Por último, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
Para así decidir, y en tanto ello resulta suficiente para dar respuesta al sub lite , me remito -en honor a la brevedad- a la parte pertinente del voto que emitiera la doctora Kogan en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), al que presté mi adhesión, por resultar sus consideraciones concordantes con las que expuse al sufragar en primer término en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
Se sigue de ello, que la decisión adoptada en el presente caso por el órgano de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. En virtud de lo expuesto, debe acogerse parcialmente el recurso en los términos señalados en el punto III.2. del presente.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 8 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, comparto su propuesta de admitir el agravio referido a la violación de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil y de la doctrina legal elaborada en torno a tales preceptos, remitiéndome por economía y celeridad procesal a los fundamentos que he esgrimido al sufragar las causas L. 89.641, "V., R." (sent. de 3-III-2010) y L. 88.148, "Morra" (sent. de 30-XI-2011), que doy por reproducidos en el presente.
I.3. Finalmente, corresponde desestimar el cuestionamiento sobre la tasa de interés -pasiva en su variante denominada "digital"- aplicada por el tribunal de grado al capital de condena, dadas las consideraciones que brindé al emitir mi sufragio en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), a la que remito también por razones de brevedad.
II. En virtud de lo anterior, cabe acoger parcialmente el medio extraordinario de impugnación conforme se señala en el apartado final del voto inaugural (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El hecho de que, en autos, se haya controvertido la declaración de inconstitucionalidad de una norma por parte del tribunal a quo , hace que el valor del litigio deba considerarse como de monto indeterminado a los fines del art. 278 del ordenamiento procesal mencionado (causas Ac. 95.699, "Provenzano", resol. de 18-IV-2007; Ac. 100.245, "Barrera", resol. de 31-X-2007 y Ac. 102.828, "Yungblut", resol. de 18-VI-2008).
I.2. Luego, considero que la impugnación traída, en cuanto está referida a la forma en que se ha de computar el ingreso base mensual, debe rechazarse. Esta Suprema Corte, en distintas oportunidades, al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial declarando su insuficiencia, ha censurado precisamente aquella parte de la norma donde se establece que, para computar el ingreso base mensual, deben tomarse en cuenta los "doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante" y "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (v. causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; e.o.), confirmando -en consecuencia- pronunciamientos de grado que incluyeron todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario del trabajador y dispusieron un período computable distinto, más cercano en el tiempo, con el objeto de resguardar cualquier desajuste o desvalorización que pudiera provocarse respecto de la prestación dineraria debida a la víctima del infortunio laboral o sus derechohabientes.
I.3. Respecto de la imposición de las costas, más allá de que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es, el dec. ley 8.904/77), me parece del caso efectuar las siguientes consideraciones con la finalidad de clarificar la doctrina legal que emerge de, entre otras, de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2000).
Siempre he entendido que dicha doctrina, reiterada en otros pronunciamientos posteriores, indica que lo prescripto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (o el art. 505, Cód. Civ. -art. 730, conf. ley 26.994, B.O. de 8-X-2014-) resulta no una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas) a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley.
Si tal es la doctrina legal que esta Suprema Corte ha establecido por mayoría, deben quedarnos claras algunas de sus consecuencias. Así, si lo que se instruye con ella es que la ley no fija una limitación a la regulación de honorarios según la normativa local (o a cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre violación de aquella doctrina si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan aquel límite. En todo caso, tal transgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio.
Ahora bien: ¿ha habido con las regulaciones practicadas en autos una violación de esa doctrina? Evidentemente no, porque los jueces al efectuar las regulaciones que provocan la queja de la demandada lo hicieron dentro de los parámetros establecidos por el decreto ley 8.904/77 aplicable al caso respecto de los abogados y peritos actuantes, aunque su total (una vez adicionados los aportes respectivos y la tasa de justicia y contribución sobre la misma) supere el 25% del monto de condena con sus intereses (v. liquidación de fs. 751/752). En tanto no se haga un reclamo por el pago total no habrá violación de la doctrina legal.
Formuladas estas aclaraciones, sólo me queda por señalar que deberá recomendarse al tribunal de trabajo actuante que tenga en cuenta que la responsabilidad de la condenada en costas tiene los límites fijados en aquel precepto, conforme la referida doctrina legal, debiendo -en el caso- prorratearse los distintos rubros (honorarios, aportes, tasa de justicia, contribución, etc.) hasta el límite del 25% del monto de condena con más sus intereses.
I.4. Finalmente, en lo vinculado a la tasa de interés (pasiva digital) aplicada por el tribunal de grado, adhiero -por las razones que seguidamente expondré- al sufragio del doctor Soria.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencia de igual fecha (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y adhiero, por estas otras razones, al voto del doctor Soria y a su propuesta de rechazar este aspecto del recurso deducido.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el colega que abre el acuerdo en el punto III.1. de su voto.
I.2. También suscribo el sufragio del doctor Soria en su punto III.2., señalando que respecto a la aplicabilidad, en el orden provincial, de los arts. 505 -último párrafo- del Código Civil (art. 730, Cód. Civ. y Com.) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificados por la ley 24.432, habré de remitirme -por razones de brevedad- a lo manifestado en la causa L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2000 (v. causa L. 92.960, "G., M. d. C. y otros", sent. de 11-V-2011; e.o.), que se condice con la propuesta decisoria de mi distinguido colega al respecto.
I.3. Por último, en cuanto a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, entiendo que el agravio debe ser desestimado.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016); entre otros.
Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor d
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