Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121694
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja (v. fs. 338 vta.), se imponen a la vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.694, "González, Fernando Daniel contra Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas al Fisco provincial por resultar vencido (v. fs. 256/278 vta.).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 292/296). Denegado en la instancia de grado (v. fs. 297 y vta.), fue concedido por esta Corte -mediante la resolución de fs. 337/339- al declarar procedente la queja interpuesta a fs. 329/332 vta.
Dictada a fs. 346 la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda que el señor Fernando Daniel González -dependiente del Servicio Penitenciario bonaerense- promovió contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola al pago de la indemnización integral -con sustento en las normas del derecho común- por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que alegó haber padecido.
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor sufrió un accidente el día 5 de mayo de 2009, oportunidad en la que -cumpliendo tareas encomendadas por la Dirección General de Trabajo del Servicio Penitenciario Bonaerense-, al bajar una mesa de hierro desde el primer piso de un edificio hacia la caja de una camioneta, enganchó uno de sus guantes y cayó al vacío, impactando contra el vehículo (v. vered., primera cuestión, fs. 256/257).
Juzgó demostrado, además, que, como consecuencia del infortunio, el actor es portador de distintas dolencias que lo incapacitan respecto del índice de la total obrera, conforme el siguiente detalle: trastorno mental orgánico grado II (20%); diplopía (10%); síndrome vestibular grado I (10%); hipoacusia (15,57%); hemianopsia heterónima (18%); lumbalgia postraumática (5%); cervicalgia postraumática (5%) y limitación funcional de la muñeca derecha (3%) –ver el veredicto, segunda cuestión, a fs. 257 vta.-.
Halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la Provincia de Buenos Aires (art. 1.113, segundo párr., segunda parte, Cód. Civ. -ley 340-), en tanto el evento se había producido por el riesgo generado por las tareas extremadamente peligrosas encomendadas al señor González, causalmente vinculado al trabajo desempeñado bajo dependencia de la demandada (v. vered., tercera cuestión, fs. 258 y vta.).
Consideró verificada -asimismo- la responsabilidad subjetiva de la empleadora en los términos del art. 1.109 del Código velezano, al haber incumplido con los deberes de seguridad (v. vered., cuarta cuestión, 258 vta. in fine y 259).
También tuvo por acreditado que Provincia ART S.A. le abonó al trabajador la suma de $54.792 en concepto de prestación dineraria por incapacidad permanente definitiva (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557), calculada en base a un 30,44% de incapacidad (v. vered., octava cuestión, fs. 260 vta.).
En la sentencia, y en lo que aquí resulta especialmente relevante, el juzgador determinó una minusvalía resarcible del 96,23%. Expresó que no correspondía aplicar el método de la "capacidad restante" porque no se había configurado en autos un caso de siniestros sucesivos, ni el supuesto de un "gran siniestrado" (conf. dec. 659/96), sino de un único accidente que produjo diversas secuelas al trabajador (v. sent., fs. 264).
Sumó aritméticamente los porcentajes de incapacidad determinados para cada una de las lesiones que este último padece (que arrojó un resultado de 86,57%), y sobre ese índice aplicó los factores de ponderación determinados por la experta (1% por la edad; 10% del 86,57% por la dificultad alta para realizar la tarea, es decir: 8,66%), arribando con tales guarismos a la incapacidad total ya referida (v. fs. cit.).
Teniendo en consideración el porcentual de minusvalía establecido, señaló que el accionante resultaba acreedor de las prestaciones previstas en los art. 11 apartado 4 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo ($40.000; art. 3 inc. "b", dec. 1.278/00) y 15 apartado 2 de la misma ley. Esta última, en un único pago (de $257.882,85), declarando al efecto la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio ($180.000) establecido en la norma (v. sent., fs. 264 vta./267). Al importe resultante ($297.882,85) le dedujo los $54.792 oportunamente abordadas, arribando a un total de $243.090,85 (v. sent., fs. 267).
Abordó -seguidamente- el juzgador la temática vinculada a la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557. En esa tarea, se dispuso a efectuar el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el demandante según si su reclamo fuera atendido conforme las previsiones de la ley 24.557, o en el marco del régimen común de responsabilidad civil, que estimó en $2.905.995,06 -comprensivo del lucro cesante ($1.305.995,06), daño a la integridad física ($800.000) y daño moral ($800.000)- (v. sent., fs. 267/273 vta.).
Al verificar la insuficiencia e irrazonabilidad de la reparación acordada de conformidad con las pautas de la ley especial, descalificó la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 por transgredir los arts. 14 bis, 19 y 75 inc. 23 de la Constitución nacional; 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Sociales (v. sent., fs. 274).
En tales condiciones, y dado el carácter de empleador autoasegurado que reviste el Fisco provincial, condenó a este último a pagar el monto que estipuló por la reparación integral del perjuicio sufrido. Como así también a abonar la diferencia de las prestaciones dinerarias de los arts. 11 apartado 4 inc. "b" y 15 apartado 2 de la ley 24.557 por el mayor grado de incapacidad determinado en autos (v. sent., fs. 275).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación o errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 1.068, 1.069, 1.078 y 1.083 del Código Civil (ley 340) y 37, 38 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; decreto 659/96 y de la doctrina legal que cita.
Controvierte la determinación de la minusvalía fijada en el fallo, por considerar que resulta excesiva y absurda la sumatoria de incapacidades que se practica en la sentencia, toda vez que -afirma- debió utilizarse el método de la capacidad restante.
En ese orden, aduce que los hechos acreditados en la causa permiten verificar que -a contrario de lo sostenido por el tribunal de grado- en autos se configuró el típico supuesto de "gran siniestrado", que imponía establecer el porcentaje de minusvalía a partir de la fórmula de la capacidad residual prevista por el decreto 659/96. Ello desde que -explica- se encuentra acreditado que, como consecuencia de un único accidente de trabajo, el damnificado padeció la afectación de más de un órgano o sistema (v. fs. 294 vta. y 295).
Agrega que surge evidente que el juzgador incurrió en absurdo y arbitrariedad al concluir que no reviste el carácter de "gran siniestrado", descartando sin ningún fundamento las conclusiones de la pericia médica (v. fs. 295 vta.).
Argumenta que, ante un caso como el aquí ventilado, donde se determinó que el trabajador contrajo diferentes afecciones producto de un único evento, el juzgador no debió efectuar la sumatoria de todas las incapacidades vinculadas a cada dolencia, sino tomar como base a la mayor de ellas, para luego estimar las restantes teniendo en cuenta el porcentual residual, arribándose así a un resultado -incluidos los factores de ponderación- del 68,51% del índice de la total obrera, conforme se consignó en la pericia médica (v. fs. 695 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente o enfermedad del trabajo constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y que sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015; L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016; L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017; L. 119.611, "Lower", sent. de 19-XII-2018 y L. 120.414, "Sandoval", sent. de 19-IX-2019; e.o.).
III.2. El señalado vicio no es demostrado por el recurrente. En efecto las objeciones que formula resultan ineficaces para conmover la validez probatoria conferida por el juzgador a la experticia médica, como así también la decisión respecto del modo de cuantificar el grado de minusvalía que -en forma privativa- estableció en el fallo respecto del actor.
III.2.i. De un lado, deviene inatendible lo expuesto por el interesado en cuanto afirma que el supuesto que se verifica en autos es el de "gran siniestrado", circunstancia que imponía establecer el porcentaje de minusvalía a partir de la aplicación de la fórmula de la capacidad restante prevista en el decreto 659/96, conforme el método científico seguido en su experticia por la perito actuante (v. rec., fs. 295 vta.), pues, sin perjuicio de que tales argumentaciones traducen el intento extemporáneo de modificar en esta sede extraordinaria el enfoque con que la cuestión fue articulada en la sede ordinaria (causas L. 110.799, "Pedone", sent. de 21-IX-2011; L. 116.941, "G., P. A.", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; e.o.), en definitiva, se limitan únicamente a exponer su propio análisis acerca del modo como debió haber sido resuelto este aspecto de la controversia, sin que ello demuestre la absurdidad que endilga al pronunciamiento.
III.2.ii. Del otro, también resulta ineficaz lo manifestado en punto a que la afectación de más de un órgano o sistema -como sucede en autos- torna operativas las disposiciones del decreto 659/96 (v. rec., fs. 295 in fine y vta.), pues prescinde de cuestionar la esencial motivación esgrimida por el sentenciante para justificar su posición al respecto, afincada en que para aplicar el método de la "capacidad restante" las diferentes minusvalías deben ocasionarse "en siniestros sucesivos" (v. sent., fs. 264) y no en un único hecho; posición que -para más- se ajusta a los términos de la norma.
Con todo, cabe aquí recordar que esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible, para la adecuada fundamentación del recurso, el impugnar en forma concreta, directa y eficaz todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015 y L. 120.374, "Brufau", sent. de 29-VIII-2018).
III.2.iii. En suma, los cuestionamientos que formula el compareciente permanecen en el plano de la mera disconformidad personal y no satisfacen la réplica idónea susceptible de modificar lo decidido en el fallo que pretende impugnar, en tanto importaría la sustitución del criterio del sentenciante de grado.
III.3. Desde la perspectiva apuntada cabe recordar que el absurdo es un instituto excepcional para casos extremos, que no queda configurado aun cuando el criterio de los jueces pueda calificarse de objetable, discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 114.540, "Celendano", sent. de 12-VI-2013; L. 116.616, "Mansilla", sent. de 22-XII-2015; L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016 y L. 117.899, "Marchetti", sent. de 20-IX-2017), anomalías que, reitero, no aprecio configuradas en la especie.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja (v. fs. 339), se imponen a la vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no prospera.
Impugna la demandada el porcentaje de incapacidad establecido en la sentencia a los fines de cuantificar la reparación del daño padecido por el trabajador con motivo del accidente objeto de reclamo.
En concreto, cuestiona que el juzgador se apartara de la mensura establecida en el informe pericial médico que arrojó un guarismo inferior, producto de acudir al método de capacidad restante. Ello al postular que el actor reviste la condición de "gran siniestrado" en los términos del decreto 659/96, reglamentario de la ley 24.557.
En el marco de la acción civil por daños y perjuicios -comprensiva de las prestaciones sistémicas respectivas- el a quo resolvió, en lo sustancial, que la minusvalía indemnizable debía contemplar el hecho de que las diversas secuelas que padece el actor tuvieron origen en un mismo accidente.
Tal conclusión ha resultado dirimente para resolver del modo en que lo hizo, sin perjuicio de haber descartado, en el contexto del reclamo instaurado, otras hipótesis aprehendidas en el decreto precitado.
Como sostiene la colega ponente, tratándose de una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de la instancia de grado, no se observa que el recurrente satisfaga la carga de demostrar que el temperamento de origen sea absurdo. Tampoco despliega argumentos que lleven a establecer el carácter imperativo de la norma reglamentaria en el marco de la presente controversia.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Por los fundamentos que expresara la doctora Kogan, adhiero a su propuesta y doy mi voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja (v. fs. 338 vta.), se imponen a la vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:43:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2020 17:01:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2020 18:00:42 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2020 18:42:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 09:58:42 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 13:27:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.