Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119587
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.587, "Zarate, Marcelo Gustavo contra Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Justicia y Seguridad. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Kogan, Natiello, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 457/495 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 506/515 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y acogió la demanda promovida por el señor Marcelo Gustavo Zarate contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía -con fundamento en las disposiciones del Código Civil- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que protagonizó el día 28 de noviembre de 2006, mientras desempeñaba tareas como policía bajo dependencia de la accionada.
Para así decidir, en el veredicto, el a quo consideró demostrado que, en la fecha señalada, el actor fue baleado al intentar identificar a dos malhechores durante un acto de servicio (v. fs. 466). También que, como consecuencia de las heridas recibidas en el codo izquierdo, padece diferentes afecciones (alteraciones anatomofuncionales y estéticas, y RVAN grado II) que le generan una incapacidad física (68,6%) y psicológica (30%) que -en su conjunto- representan el 98,6% del índice de la total obrera (v. fs. 461/462).
A su vez -tras analizar los datos que surgen de la prueba documental agregada a fs. 4, 10/11, 38/41 y 90/198 de la presente causa y 605/608 de las actuaciones administrativas tramitadas- dio por acreditado que la toma de conocimiento -por parte del accionante- de la incapacidad que lo afecta tuvo lugar el día 1 de febrero de 2011 (fecha en la cual la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo "calificó como definitiva" dicha minusvalía; v. fs. 462 vta./464 vta.).
Sobre esa definición, en la sentencia, declaró que al momento de impulsarse el proceso (5 de agosto de 2011) no había transcurrido el plazo bienal previsto en el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo y, por lo tanto, debía rechazarse la defensa de prescripción opuesta por la accionada (v. fs. 471 vta./475).
Luego, con sustento en la doctrina legal que esta Corte estableciera en la causa L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004), juzgó que la tarea de policía desempeñada por Zarate, destinada a prevenir y reprimir la comisión de delitos, resultaba extremadamente riesgosa y debía encuadrarse en el marco del art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 483/484 vta.).
A su vez, descartó que en el caso se hubiera verificado la circunstancia prevista en la parte final del segundo párrafo de la citada norma legal, es decir, la actuación de terceros por quienes no debía responder la demandada. En ese sentido precisó que -en el evocado marco fáctico jurídico- la acción de los terceros integra el riesgo propio de la cosa (es decir, la propia función de policía) y, por ende, esa actividad no podía ser al mismo tiempo causa de exculpación de la responsabilidad (v. fs. 486/487 vta.).
Con todo, concluyó que en la especie se encontraban configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil objetiva a la Provincia de Buenos Aires (v. fs. cit.).
En consecuencia, el juzgador procedió a efectuar el cálculo del resarcimiento en concepto de daño material -contemplando como parte del mismo a los rubros: "daño emergente físico y psíquico, lucro cesante, pérdida de chance, daño estético y tratamiento psicoterapéutico"- en base a los datos que a tales fines estimó pertinentes. Arribó así al monto de $1.050.000, al que adicionó, luego, la suma de $400.000 en concepto de "daño moral" (v. fs. 490 vta. y 491).
Teniendo en cuenta esa determinación -concerniente a la cuantía del resarcimiento proveniente de la aplicación de las normas del derecho común- y el importe de la reparación brindada por la ley 24.557 ($673.260), el sentenciante declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley indicada, por considerar que le provoca una "...discriminación arbitraria al trabajador dañado, al vedarle el acceso a la reparación integral del daño, comprendiendo como tal a la reparación del daño emergente, lucro cesante y daño moral en los términos establecidos en forma general para todos los habitantes por el Código Civil" (fs. 475 vta./478).
Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde el momento de consolidación del daño (1 de febrero de 2011) hasta la fecha de su efectivo pago, devengaría intereses con arreglo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires "para los plazos fijos digitales a 30 días" (fs. 492 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 165 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 16, 512, 513, 514, 901, 906, 1.066, 1.068, 1.069, 1.071, 1.074, 1.078, 1.083, 1.084, 1.085, 1.109, 1.112 y 1.113 del Código Civil; 2 y 4 de la ley 24.557 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona la sentencia de grado en cuanto rechazó la defensa de prescripción (v. fs. 507 vta.). En ese sentido, señala que el tribunal incurrió en absurdo al declarar que el actor había tomado conocimiento de su incapacidad el día 1 de febrero de 2011 y no el día 27 de diciembre de 2007 con el dictamen de la Comisión Médica respectivo a esa fecha (v. fs. 508). Destaca que este informe ya le había anoticiado al dependiente la importante disminución de su capacidad de trabajo que, posteriormente, confirmaron el perito y el a quo (v. fs. cit.).
También denuncia la transgresión de la doctrina legal que esta Corte sentó -entre otras- en la causa L. 84.052, "Paniagua" (sent. de 19-IX-2007), en la que declaró que "...la determinación de la incapacidad a que alude el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo no importa la técnica y precisa graduación del déficit laborativo que aqueja al trabajador, sino que coincide con la fecha en que el mismo toma conocimiento del carácter irreversible de su minusvalía, lo que supone una noción cabal de su parte que sufre un déficit laborativo permanente, no resultando exigible el parejo conocimiento, o la noción, de su magnitud" (fs. 508 vta.).
II.2. En segundo término, cuestiona la decisión del juzgador de atribuirle responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires con fundamento en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (v. fs. 509).
II.2.a. En ese orden alega que el sentenciante, al endilgarle culpa al Estado, transgredió el principio de congruencia e incurrió en un error jurídico, toda vez que -en tanto la actividad policial se identifica con el servicio de seguridad- la responsabilidad por falta de servicio "...debió juzgarse a la luz del art. 1112" y no del art. 1.109, "...porque tal dispositivo legal regula exclusivamente el deber de reparar derivado de un hecho humano de carácter privado" (fs. 509 vta.).
Agrega que, de todos modos, dicha responsabilidad no se configuró en la especie, habida cuenta que "...el Ministerio de Seguridad no consumó ninguna anormalidad (en los términos del art. 1.112 del Código Civil) frente a las obligaciones del servicio regular" (fs. 510 vta.).
II.2.b. A su vez, se opone al tramo del pronunciamiento, con arreglo al cual se hallaron configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva.
Aduce que la doctrina legal que surge de la causa L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004), no resulta aplicable al caso "...porque en dicho precedente esta Suprema Corte contempló la responsabilidad por la actividad riesgosa en razón de las anómalas circunstancias en que se realizaban las tareas" (fs. 510). Explica que, en cambio, en autos "...no se probó que la función policial haya sido desplegada por el actor en condiciones que agravaran su riesgo habitual" (fs. cit.).
Manifiesta que aquella decisión se aparta de la doctrina legal emanada del precedente L. 81.930, "D., M. N." (sent. de 25-II-2009), en el que se declaró que "...habiendo arribado firme ante la instancia extraordinaria la subsunción de la actividad desarrollada por el actor en el concepto de cosa riesgosa acuñada por el art. 1.113 del Código Civil como así que la muerte del mismo se produjo como producto de la acción de un asaltante -tercero por quien la demandada no debe responder- el rechazo de la acción se impone como consecuencia necesaria" (fs. 511).
Afirma que "...los disparos del tercero tuvieron virtualidad suficiente para determinar por sí sólo el daño ocurrido", y que "...la Provincia de Buenos Aires no aportó ninguna condición para que el delito se consumara" (fs. 511 vta.).
Explica que el acto de servicio configura la ocasión del daño, pero no la causa jurídica o condición adecuada que resulta atribuible en forma exclusiva al accionar del delincuente (v. fs. cit.).
Indica que el delincuente no es un sujeto vinculado con la demandada y que "...la condición de empleador del Ministerio de Seguridad constituye una categoría de sujeto ajena al art. 1.113, segunda parte, del Código Civil" (fs. 512 y vta.), añadiendo que, con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita, el servicio de seguridad que presta el Estado no puede identificarse con una garantía absoluta de que los ciudadanos no sufran perjuicio alguno derivado de la acción de terceros (v. fs. cit.).
Sobre esa base argumental, peticiona que se declare la ausencia de responsabilidad objetiva de la accionada por los daños reclamados en la demanda.
II.3. Por otro lado, objeta el grado de incapacidad y el quantum indemnizatorio que estableció el tribunal de grado en su pronunciamiento (v. fs. 512).
En ese esquema, le reprocha haber sumado erróneamente la minusvalía psíquica (30%) a la física (68,6%), soslayando el principio de la incapacidad restante (v. fs. 513).
Asimismo, haber incurrido en absurdo por utilizar una fórmula matemática lineal para determinar la renta que la víctima dejó de percibir como consecuencia del infortunio y arribar a una suma exorbitante en atención a las constancias de la causa (v. fs. 513 vta.). Desde esa perspectiva, expresa que la decisión del sentenciante resulta contraria a la doctrina legal elaborada en la causa C. 100.002, "F., J. M." (sent. de 14-IX-2011; v. fs. cit.)
II.4. Además, critica el cotejo efectuado por el a quo a los fines de realizar el control de constitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 (v. fs. cit.). Al respecto, sostiene que, al reputar irrazonable la reparación de $673.360 que le correspondería percibir al actor conforme dicho régimen, el sentenciante cometió absurdo pues si bien ese importe representa casi la mitad del que se fijó en concepto de reparación integral, "...no por ello ha dejado de ser razonable" (fs. 514).
II.5. Impugna, igualmente, la cuantificación del daño moral alagando que el vicio de absurdo observado respecto a la estimación del daño patrimonial "...se traslada [...] por carácter transitivo" toda vez que se fijó en un porcentaje de éste (v. fs. cit.).
II.6. Finalmente, controvierte la tasa de interés pasiva digital que ordenó aplicar el tribunal al capital de condena (v. fs. cit.). Señala que la utilización de esa tasa contradice las motivaciones que justificaron la doctrina legal establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009; v. fs. 514 vta. y 515).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Aclarado ello y siguiendo el orden de los agravios expuestos en la queja, corresponde señalar que las críticas dirigidas a controvertir la fecha de toma de conocimiento por el actor de su incapacidad y a cuestionar la decisión de rechazar los planteos prescriptivos, resultan insuficientes para conmover las conclusiones establecidas en la sentencia.
Al respecto, cabe recordar que valorar el material probatorio aportado al proceso, determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 99.423, "Primo", sent. de 17-III-2010; L. 98.778, "Guevara", sent. de 5-V-2010; L. 100.977, "H., L.", sent. de 2-III-2011; L. 106.591, "Maran", sent. de 21-XII-2011; L. 106.471, "S., J. F.", sent. de 4-VII-2012; L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013 y L. 116.782, "Casartelli", sent. de 26-III-2014).
En el caso, la recurrente, si bien denuncia la existencia del mentado vicio lógico en la apreciación de la prueba, no satisface la gravosa carga de su demostración (art. 279, CPCC). Ello atento a que la crítica que ensaya la interesada se limita a destacar la relevancia que -a su juicio- tendría el dictamen de la Comisión Médica de fecha 27 de diciembre de 2007, para acreditar la toma de conocimiento del actor de la incapacidad que lo afecta, pero no se ocupa de rebatir el minucioso análisis de toda la prueba documental (v. fs. 4, 38/41 y 90/198, presente causa y 605/608, actuaciones administrativas tramitadas) que realizó el a quo para juzgar que aquélla ocurrió el día 1 de febrero de 2011, fecha en la cual se estableció el carácter definitivo de la minusvalía (v. fs. 462 vta./464 vta.).
Tampoco intenta refutar las motivaciones que expuso el juzgador para sostener esa conclusión esencial y desestimar la eficacia del dictamen referido. Al respecto, expresó que "...si la incapacidad es temporaria y no definitiva no están las condiciones para iniciar las acciones del caso [...], de ahí que el instrumento acompañado a fs. 90 a 93 por las demandadas, además de estar cuestionado en su autenticidad por la parte actora en el segundo traslado, tampoco refleja que el accionante en esa supuesta oportunidad hubiera tomado conocimiento de la consolidación del daño de manera definitiva [...], muy por el contrario, se ordena a la aseguradora la continuación de las prestaciones en especie hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes" (fs. 463 vta. y 464). En el mismo sentido, agregó que "...el actor tampoco tomó conocimiento cuando el hecho ocurrió, sino que las lesiones originadas por el siniestro han producido un daño que se ha consolidado en el tiempo y que se tornó irreversible con posterioridad" (fs. 464 vta.).
La ausencia de impugnación a las referidas conclusiones sobre las que reposa la decisión que se pretende cuestionar, define la suerte adversa del recurso en este aspecto, pues, conforme reiteradamente se ha declarado, para que el escrito por el que se lo interpone y funda cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran la sentencia. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (causas L. 34.646, "Bertolini", sent. de 21-V-1985; L. 84.119, "Herrera", sent. de 27-III-2008; L. 95.983, "González", sent. de 16-IX-2009; L. 97.568, "Rodríguez", sent. de 10-II-2010 y L. 110.832, "Campos", sent. de 29-V-2013).
Resta agregar que, en el caso, contrariamente a lo que aduce la recurrente, no se verifica la violación de la doctrina legal que esta Corte sentó -entre otras- en la causa L. 84.052, "Paniagua" (sent. de 19-IX-2007), en la que declaró que "...la determinación de la incapacidad a que alude el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo no importa la técnica y precisa graduación del déficit laborativo que aqueja al trabajador, sino que coincide con la fecha en que el mismo toma conocimiento del carácter irreversible de su minusvalía, lo que supone una noción cabal de su parte que sufre un déficit laborativo permanente, no resultando exigible el parejo conocimiento, o la noción, de su magnitud". Por el contrario, se advierte que es a dicha línea directriz a la que se ajustó el tribunal de grado al establecer la toma de conocimiento de la incapacidad que padece el demandante en la fecha en la cual se dictaminó su carácter definitivo (v. fs. 462 vta./464 vta.).
III.3. Igual suerte adversa han de correr las críticas a la decisión del juzgador de atribuirle responsabilidad civil a la Provincia de Buenos Aires.
III.3.a. Al respecto, es menester aclarar que, tal como se desprende del relato de los antecedentes, el órgano judicial de grado no declaró configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad subjetiva, sino objetiva, con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 486/487 vta.). Por lo tanto, deviene inoficioso el abordaje del planteo formulado en torno a la supuesta errónea aplicación del art. 1.109 de dicho cuerpo legal, pues no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.904, "Ibañez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
III.3.b. Sentado ello, es dable señalar que no le asiste razón a la recurrente en cuanto objeta lo decidido por el a quo respecto al encuadramiento de la actividad de policía desarrollada por Zarate en los términos del citado art. 1.113.
Como bien lo destacó el sentenciante, es doctrina de esta Suprema Corte que, en el marco de la citada norma legal, no cabe una interpretación estrecha del concepto "cosa", desde que, trascendiendo el puro concepto físico del término, no se debe omitir la ponderación razonada de la incidencia que posea la tarea desempeñada por el trabajador, pudiendo ésta constituirse en factor de causación del daño. Así el vocablo "cosa" se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda. Si a ello se agrega que cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso deben ser incorporadas al concepto de riesgosas, se impone admitir su inclusión en las previsiones del precepto citado (causas L. 72.336, "Iommi", sent. de 14-IV-2004; L. 80.406, "Ferreyra", sent. de 29-IX-2004; L. 79.690, "R., L. G.", sent. de 28-VI-2006; L. 82.743, "Vetancor", sent. de 26-IX-2007; L. 92.726, "Galán", sent. de 17-XII-2008; L. 93.818, "Lezcano", sent. de 25-XI-2009 y L. 88.672, "Doufour", sent. de 28-V-2010; e.o.).
Partiendo de esa base, considero que debe descartarse la impugnación esgrimida por la recurrente porque lo resuelto en este punto por el juzgador
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